Resurge debate sobre financiamiento de Transantiago

Empresas dicen que no se sostiene con $380 y Gobierno que “hay que dejar que sistema opere”

Los ex controladores de Redbus -indirectamente tildados de “comentaristas de salón” por el Ministro de Hacienda- parecen no estar solos: el augurado déficit de 250 millones de dólares que empujaría al alza de tarifa o al subsidio estatal es compartido por los operadores que estiman que ya en abril el sistema generará deudas. El Gobierno dice que “confía en el sistema tarifario y en sus mecanismos de financiamiento”.

La bola de nieve nació de la boca de los hasta hace poco ejecutivos y controladores de la empresa Redbus, Ramón Yávar, ex gerente general, y el socio inversionista José Yuraszeck, prominente empresario y ex miembro de la comisión política de la UDI.

En pocas palabras y con datos sobre la mesa, el controvertido hombre del caso Chispas advirtió que el Transantaigo está desfinanciado, augurando un déficit de 250 millones de dólares y que para tener números azules, el pasaje debería bordear los 530 pesos. O bien, que asome el Estado para subsidiar la tarifa a los más pobres vía bono.

El augurio estadístico, citado por otras voces políticas en medio del debate de varios flancos abierto por el Transantiago, llegó a oídos del ministro de Hacienda, Andrés Velasco, quien una vez consultado lanzó su particular respuesta: “Tengo plena confianza en ese sistema de diseño tarifario, más que en “los observadores de pasillo” y “comentaristas de salón”.

Ironías aparte, pese a no contrastar las cifras lanzadas por los ex operadores de Redbus -vendida en septiembre de 2006 a capitales franceses-, Velasco depositó sus cartas en los cálculos efectuados por los equipos ministeriales y sus asesores. “Las tarifas fueron diseñadas con criterios técnicos, con un modelo matemático hecho por los mismos técnicos del ministerio con algunos de los mejores consultores de la plaza”, sostuvo. “El Transantiago fue pensado para tener mecanismos de financiamiento, mecanismos que están operando y hay que darles la oportunidad de que lo sigan haciendo”, cerró Velasco.

La palabra subsidio no aparece aún en el vocabulario ministerial para el plan de transporte urbano ni tampoco para la extensión hasta medianoche del servicio de Metro.

¿Números rojos?

Mientras Hacienda precisa que su interés está en “garantizar que las obras necesarias para el buen funcionamiento del Transantiago se ejecuten a tiempo y sean de calidad”, el pulso de los operadores marca sintonía con los números proyectados por Yuraszeck y Yávar.

“El sistema está desfinanciado. La recaudación que hoy se va a obtener debiera bordear los 700 o 750 millones de dólares y los costos son de alrededor de mil millones, sin considerar la evasión, que nadie sabe cuánto va a ser, pero se estima entre un 5 y un 10 por ciento”, comentó en los últimos días Yávar, ex gerente general de Redbus.

Más preciso, Yuraszeck resumió sus datos. “Con la tarifa actual, el sistema no es viable. Así de claro”, afirma. El empresario estima que el déficit de 250 millones de dólares anuales se explica por la tarifa de 380 pesos que “recaudará“ una cifra cercana a los 800 millones de dólares al año y el punto de equilibrio está en torno a los 1.050 millones de dólares. Los datos para llegar a estas cifras son públicos: ocho millones de viajes al día. Con esta tarifa de 380 pesos van todos a la quiebra, salvo que les tiren un salvavidas”, dijo, fijando la “tarifa de equilibrio en torno a los 530 pesos”.

“Todos los actuales operadores de Transantiago coinciden en esas cifras. El sistema, con la actual tarifa no se financia”, desde el anonimato confiesa un gerente general de una de las empresas que menos problemas ha tenido para administrar sus buses. “El sistema nos debe cancelar los días 10 y 25 de cada mes, y estimamos que a partir del segundo pago de abril ya surgirán las deudas”, profetiza el alto ejecutivo.

La misma fuente explica que para encontrar el punto de equilibrio financiero, las bases de licitación no contemplan explícitamente el subsidio estatal al precio del pasaje. “Sólo hablan de casos extremos. Pero sí son explícitas en establecer que el sistema se regulará vía tarifas. Es más, es tan claro que el sistema fija un tope mensual para alzas de tarifas: no se puede subir más de 20 pesos por mes”, aclara.

El gerente va más allá y agrega otro dato que complota contra los números azules. “La previsión del ministerio de la evasión -es decir, de los pasajeros ‘colados’- está en torno al 10 por ciento. Así como vamos, la evasión bordeará el 30 a 35 por ciento, poco más que los niveles históricos”, detalla.

“Si el Gobierno no quiere pagar el costo político de subir las tarifas, lo que se debe buscar es un acuerdo político para facilitar una salida vía subsidio o algo parecido que las bases no establecen. Y parece que algo de eso puede venir cuando desde Lavín a senadores y diputados de la Concertación comentan vías para arreglar la situación. Todo esto -cierra la fuente-, porque el Transantiago no se puede dar el lujo de quebrar”.

Antonio Valencia
Fuente: www.lanación.cl

Corrupción: medidas para reaccionar a tiempo

Rendición de fondos reservados ante una comisión especial de la Cámara de Diputados; fin de los secretos bancario y tributario; y el reemplazo del sistema presidencialista por uno semipresidencial, son medidas para contribuir a terminar con la corrupción.

En los últimos días hemos conocido noticias que nos han afectado profundamente. Un niño murió de hambre y de sed, solo, bajo su cama, con un pedazo de pan entre sus manos. Su madre murió en la calle y fue identificada después de quince días. Se están investigando por los tribunales de justicia actos de corrupción. La acción política, necesaria para la convivencia, se sitúa en controversias sobre el pasado, mientras hay problemas actuales que requieren pronta solución. ¡Cuántos proyectos de ley están pendientes desde hace muchos años! La farándula, profesión de los farsantes o comediantes, principalmente televisiva, ha contagiado la noble actividad política. El “efecto polilla”, es decir, “hay que ir a los focos de la televisión por cualquiera medio”, campea en todos los ámbitos. La imagen es superior a la verdad. Queremos sacar provecho político hasta del funeral de un Jefe de Estado, que “ya está para la historia”, y que los cristianos debemos pedir que Dios lo juzgue con misericordia.

¿Qué nos pasa? En los últimos 50 años hemos ido, lentamente, cambiando nuestros valores, es decir lo que nuestra conciencia estima como un bien para todos nosotros. El individualismo prevalece, ayudado por un desarrollo tecnológico que nos hace perder cada vez más la libertad y los sentidos del tacto y de la vista (estrechar la mano del otro, mirándolo a los ojos, para sellar un compromiso que nuestro prestigio obliga a cumplir), la solidaridad es excepcional y en pequeños momentos. El consumismo a toda costa, estimulado por la usura, es una de las causas de la depresión de un porcentaje importante; la austeridad que nos caracterizó es un recuerdo del pasado. La política servicio al país y a todos, ha sido gravemente afectada, por una minoría afortunadamente, para servirse de la actividad pública. Muchas veces hemos escuchado: ¿y qué nos ha dado el Partido?

Debemos compartir un diagnóstico y proponer soluciones, “tomar el toro por las astas”, y efectuar reformas profundas.

En mi opinión, para contribuir a terminar con la corrupción, hecho furtivo y esporádico en nuestro país, pero con el riesgo de transformarse en sistemático, que se produce y afecta tanto al sector público como al privado, exige “transparentar” todas las actividades y el patrimonio de las personas. Así, por ejemplo, los “fondos reservados”, necesarios para la seguridad interna y externa de nuestra patria, debieran rendirse ante una comisión especial de la Cámara de Diputados, sujetos sus miembros a guardar el secreto, bajo sanción de pérdida del cargo y responsabilidad penal.

Dentro de un plazo breve, todas las personas, naturales o jurídicas, que posean un patrimonio importante, superior tal vez a veinte mil unidades de fomento deberían declarar sus bienes y la forma y medios cómo los adquirieron. Para hacer eficaz la “transparencia”, justamente reclamada, es necesario poner término al secreto bancario y al secreto tributario, o suspenderlo, con efecto retroactivo, por cinco años, para prevenir o evitar el lavado de dinero, el narcotráfico, la evasión tributaria en todas sus formas, la alta criminalidad, los delitos económicos, etc., sin perjuicio en esta última alternativa, de, posteriormente, mantener las excepciones normales al secreto.

Para sincerar y hacer más efectiva la política es necesario reemplazar el sistema de gobierno presidencialista, de “ejecutivo vigorizado”, que favorece los “personalismos” y contribuye a la existencia de partidos políticos “electoralistas”, por un sistema “semipresidencial”, con un Presidente de la República a cargo de las decisiones de Estado, como las comprendidas en las relaciones internacionales, las vinculadas a las fuerzas armadas y a la administración profesional, la participación en las designaciones de los organismos autónomos constitucionales y de arbitrar los conflictos políticos no superados, por medio de referéndum o llamado a elecciones; junto a un gobierno, a cargo de un Primer Ministro, que adoptaría las decisiones políticas contingentes, que cuente con mayoría en la Cámara de Diputados, y que sólo pueda ser removido por censura constructiva, es decir, el sucesor deberá presentar su proyecto de gobierno, lo que impide la “politiquería” de la oposición “destructiva” o negativa. El Senado, representando a las regiones, tendría el carácter de cámara revisora de los proyectos de ley y participaría en los nombramientos de los órganos constitucionales. Este sistema de gobierno estimularía para transformar los partidos políticos de “electoralistas”, que se juegan a la elección del Presidente de la República, en partidos “responsables de gobierno y oposición”.

Es indispensable también efectuar una reforma del Estado, en el sentido de modernizar la Administración Pública, dotarla de los medios tecnológicos adecuados, rejuvenecerla, y del personal suficiente capacitado para cumplir las funciones, con remuneraciones justas. Debe ponerse término a la costumbre inconstitucional, sin que sea necesario nuevas elecciones hasta el término normal del período de la actual Presidenta de la República y de los diputados y senadores, pudiendo aplicarse de inmediato.

¡Reaccionemos a tiempo!

Por: Francisco Cumplido Cereceda , Rector de la Universidad Miguel de Cervantes y ex ministro de Justicia.

Fuente: Política y Espíritu

Cambios Institucionales

¿Por qué no escuchar al pueblo soberano?

¿Por qué razón se ha sustituido la democracia por la Encuestacracia?

“En el año 1989, la población no inscrita (7.1%), los inscritos que no votaron (6.1%) y los inscritos que votaron nulos y blancos (2.2%), arrojaron un ausentismo electoral de un 15.4%. En el año 2005, la población no inscrita (27.4%), los inscritos que no votaron, (9.8%) y los inscritos que votaron nulos y blancos (5.3%) arrojaron un ausentismo electoral total de 42.5%.”

Constitucionalistas chilenos, con posterioridad a la última reforma Constitucional del año 2005, vienen sosteniendo que la Carta Fundamental que actualmente nos rige, conserva aún características propias de un sistema político autoritario: es así como las normas relacionadas con la organización y funcionamiento de la Presidencia de la República, del Senado y de la Cámara de Diputados, establecen una suerte de régimen presidencial autoritario, con una escasa participación efectiva del pueblo soberano y con exageradas facultades del Presidente de la República que hacen que el ordenamiento público mantenga claramente rasgos autocráticos.

La Constitución de 1980 es la Carta Fundamental que ha tenido más reformas en toda la historia de nuestro país, pese a lo cual la normativa más importante de este texto elaborado primitivamente por una comisión designada por la Junta Militar que dio el Golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, mantiene sus características originales: el Presidente de la República goza de un conjunto de atribuciones que le hacen desempeñar, al mismo tiempo, tres funciones: Jefe de Estado, Jefe de la Administración de este último y Jefe de Gobierno; al mismo tiempo, está investido el Presidente de la República de importantes atribuciones legislativas; es así que en su carácter de colegislador goza de atribuciones exclusivas y excluyentes en las materias más importantes que se ventilan en el Parlamento; interviene en la tramitación de las leyes controlando las prioridades y velocidades con que se deben tramitar los proyectos de ley, para lo cual utiliza el instrumento de las urgencias; participa formulando observaciones o vetando el proyecto aprobado por el Congreso; participa activamente como constituyente en las reformas constitucionales. El Congreso puede delegar al Presidente de la República sus propias atribuciones en materias de ley. El Presidente tiene atribuciones privativas en materias tan relevantes como convocar a plebiscito en los casos de desacuerdo con la Cámara en la aprobación de un proyecto de reforma constitucional. El Presidente tiene la atribución de declarar los estados de excepción constitucional, con algún grado de participación del Congreso.

Por otro lado, en materias administrativas el Presidente tiene potestad reglamentaria de ejecución y además potestad reglamentaria autónoma.

El Presidente de la República tiene a su cargo toda la administración financiera, puede otorgar indultos particulares e interviene decisivamente en el proceso de nombramiento de los Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia (Corte Suprema y Corte de Apelaciones) y de los jueces de la República.

Es así como el Congreso Nacional –Senado y Cámara de Diputados-, han perdido gran parte de su importancia desde el punto de vista político, ya que allí no se realizan debates, discusiones o estudios realmente vinculantes de relevancia nacional; en el fondo el Congreso es un órgano que recibe y tramita las iniciativas del Ejecutivo.

Uno de los capítulos más importantes de la Constitución es el relacionado con las garantías o derechos fundamentales; si se analiza el capítulo pertinente de la Constitución se podrá observar claramente que allí se encuentran ausentes los derechos económicos y sociales.

Como la Constitución fue elaborada por la Comisión designada por la dictadura, la interpretación que se hace de las garantías fundamentales se remite permanentemente a desentrañar las opiniones y juicios de esos comisionados de la dictadura; a su vez, los tribunales chilenos han sido muy refractarios a incorporar en sus interpretaciones las normas y orientaciones de las convenciones internacionales más relevantes: el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José de Costa Rica, lo que agrava los expuesto.

Se mantiene en la Constitución, aunque reformados, los capítulos relacionados con el Consejo de Seguridad Nacional y con las fuerzas armadas. No cabe la menor duda que analizadas estas materias conforme a los principios de la democracia tales capítulos debieran ser suprimidos. Lo sorprendente es que el Consejo de Seguridad Nacional, con las reformas que se le han introducido, constituye un evidente refuerzo para el neo-presidencialismo en Chile.

El Poder Judicial tiene una estructura en la Constitución que no se ajusta al funcionamiento pleno de una democracia: la Corte Suprema de Justicia está investida no sólo de atribuciones jurisdiccionales, sino que también tiene facultades de carácter administrativo que debieran estar entregadas a un órgano distinto en el cual pudieran participar los distintos poderes del Estado.

La descentralización del país en materia territorial, expresada en la organización de los municipios, deja mucho que desear, por cuanto las municipalidades, pese a la autonomía que la Constitución les otorga, en la práctica son órganos que ejecutan las políticas del poder central, en materias tan importantes como la educación, vivienda y salud.

El sistema político chileno funciona sobre la base de dos notables exclusiones: por un lado el régimen electoral llamado binominal, que privilegia con un notable subsidio a las segunda mayoría, lo que ha forzado a los partidos políticos a mantener alianzas bastante inorgánicas como rígidas para sustentar y prolongar sus representaciones en el Senado y en la Cámara de Diputados; sin embargo, ese sistema electoral, excluye a una parte bastante importante del país, que carecen de representación parlamentaria no obstante que tienen presencia efectiva social, cultural y política. Las “elecciones políticas” resultan ser de esta manera las más rígidas y menos competitivas de las que se hacen en el país. Las barreras de entrada son casi absolutas.

Sin embargo, la más importante exclusión emana de la politización extrema de la política – el país percibe la política como un coto reservado exclusivamente para el club de los políticos y las políticas, que viven en un mundo autoreferente-, que ha desvalorizado en grado extremo el papel de los partidos políticos, de sus dirigentes y de los propios parlamentarios. Esa desvalorización, entre otros factores, ha llevado a mermar la inscripción de la población en los registros electorales: en el año 1989, de una población de 18 años de edad y más, que ascendía a 8 millones 248 mil personas se inscribieron 7 millones 657 personas y no se inscribieron 585 mil personas, vale decir la población no inscrita ascendió a un 7.1%. En el año 2005, la población de 18 años de edad y más ascendía a 11 millones 322 mil personas; de esta se inscribieron 8 millones 220 mil personas y no se inscribieron 3 millones 101 mil personas, vale decir la población no inscrita ascendía a un 27.4%.

En el año 1989 del total de los inscritos en los registros electorales no votaron 499 mil personas, vale decir un 6.1%; en el año 2005 de los inscritos en los registros electorales no votaron 1 millón 105 mil personas, vale decir un 9.8%.

En el año 1989, en las elecciones de Diputados, los votos nulos y blancos ascendieron a 361 mil votos, esto es, un 2.2% de los inscritos. En el año 2005, en las elecciones de Diputados, los votos nulos y en blanco ascendieron a 597 mil, esto es a un 5.3%.

En resumen. En el año 1989, la población no inscrita (7.1%), los inscritos que no votaron (6.1%) y los inscritos que votaron nulos y blancos (2.2%), arrojaron un ausentismo electoral de un 15.4%. En el año 2005, la población no inscrita (27.4%), los inscritos que no votaron, (9.8%) y los inscritos que votaron nulos y blancos (5.3%) arrojaron un ausentismo electoral total de 42.5%.

Las estadísticas anteriores las hemos extraído del libro “La Democracia Agoniza Voto a Voto de Enrique Astorga Lira, Editorial Universidad de Santiago, año 2006”.

Las razones de ese ausentismo electoral para algunos sería un fenómeno político derivado del efecto repelente que ejerce el modelo económico y la democracia restringida en la voluntad política de las personas; para otros sería una simple desmotivación propia del modernismo o posmodernismo, de los tiempos digitales y audiovisuales que nos corresponde vivir.

Personalmente opino que la baja participación electoral, el simple acto de votar, obedece a que nos encontramos bajo el imperio de un régimen neoliberal establecido en la Constitución del año 1980, en virtud del poder constituyente que ilegítimamente se arrogó la dictadura; neoliberalismo que se mantiene en la actualidad; y por ello coincidimos con los autores que sostienen que nuestro país es propiamente una República neoliberal, semidemocráctica y bastante autoritaria o autocrática, desde el punto de vista del modelo institucional que sirve de sustento al régimen económico, social y cultural en actual aplicación.

Así, como algunos venimos sosteniendo la necesidad de corregir o rectificar el modelo económico social, otros, también, pensamos que junto con ello es preciso abordar derechamente el gran tema institucional que hemos referido en estos comentarios. La forma de abocarse al tema constitucional puede ser a través de una reforma constitucional, de leyes interpretativas o bien a través de una Asamblea Constituyente. En la historia constitucional de nuestro país, los textos constitucionales de 1833, 1925 y 1980, en verdad, no fueron elaborados por Asambleas Constituyentes, sino que por Comisiones de notables elegidos por quienes en esos momentos detentaban el poder. El caso más próximo es el de la Constitución del año 1980, fruto del golpe de Estado de 1973, que para algunos inició una verdadera revolución y para otros una contrarrevolución que ha servido de base al establecimiento de un régimen económico y social libremercadista y neoliberal, muy cercano al que precisamente existía en el año 1833; libertad de mercado, crecimiento hacía afuera, incipiente industrialización. En el tiempo presente el régimen económico y social es de carácter indudablemente neoliberal, pero claramente posnacional, porque nos ha incorporado sencillamente a la globalización, desnacionalizando las riquezas básicas del país y golpeando duramente nuestra cultura.

En el estado actual de desarrollo, con toda la tecnología moderna, con los avances notables que se han producido en las ciencias, el país tiene un grado de madurez suficiente como para pensar con seriedad, primero en estudiar a fondo su institucionalidad fundamental y más tarde para proponer una nueva Carta Fundamental elaborada por el verdadero detentador de la soberanía originaria, esto es, el pueblo soberano. Estoy consciente que hablar de estas materias, a muchos no les interesa, o porque están satisfechos, o porque se han incorporado mental y culturalmente al sistema o porque le temen a todo cambio o modificación sustancial que altere los marcos de referencia que sustentan el sistema neoliberal. Sin embargo, es bueno tener presente que, a la larga, no cambiar nada siempre resulta en el tiempo una forma de perder terreno.

Otros pensamos, que Chile se encuentra en condiciones de crecer, de multiplicar efectivamente sus riquezas, de distribuirlas en forma más igualitaria y equitativa. Sin embargo, para que ello sea una realidad los temas institucionales no pueden ser dejados de lado, ya que las grandes concentraciones económicas y financieras que permiten que cinco grupos se apropien de las rentas más importantes que produce nuestro país, bajo ninguna circunstancia se abrirán a cambios o transformaciones que rectifiquen efectivamente el modelo económico social y para ello tienen la coraza protectora de la normativa constitucional heredada de la dictadura. Además, tampoco serán capaces de tirar el carro del desarrollo por sí solos. La evidencia está a la vista. La exclusión de la micro y pequeña empresa, que comprende aproximadamente a un millón doscientos mil empresarios, que proporcionan la mayor cantidad de empleos, pero que participan en un porcentaje pequeño de las ventas totales que se realizan en el país, representa un grave obstáculo para alcanzar tasas de crecimiento per cápita superiores a la de los últimos 14 años.

A las deficiencias del régimen político que hemos observado, se añaden las crisis internas de los partidos políticos que tienden a reproducir el sistema a través de prácticas que lejanamente son democráticas; así, las decisiones más importantes que adoptan los partidos políticos no son el fruto del análisis y el debate interno de los problemas nacionales, no obedecen al razonamiento, sino que únicamente a lo que les indican las encuentas; las nominaciones de candidatos a la Presidencia de la República, a Senadores y Diputados, Alcaldes y Concejales, no se basan en proyectos políticos o en propuestas sociales, económicas y culturales, sino que exclusivamente en los indicadores que resultan de las múltiples encuestas de opinión. Los partidos políticos han sustituido la democracia interna por la Encuestacracia.

El régimen político chileno verdadero no es la democracia, sino que la Encuestacracia y ese panorama naturalmente que desmotiva gravemente a la población del país, a la que se le incorpora a la farándula política y a toda la liviandad que ella conlleva. Así, durante este último tiempo, hemos podido leer en los medios de comunicación como políticos y políticas se autodesignan como precandidatos o candidatos a la Presidencia de la República, o precandidatos o candidatos al Senado y la Cámara de Diputados o alcaldías importantes (como a la Municipalidad de Santiago), tal como si nos encontráramos en un programa de televisión o en un festival de la canción política, en cuyos escenario se muestran los distintos actores interpretando papeles simples y modestos, sin ideas de ninguna especie, con puras sonrisas y caras bonitas. La baja participación electoral encuentra sus raíces en estos hechos y por ello de vez en cuando se producen reventones sociales.

Si, en el trasfondo de todo esto, se encuentra el sistema económico social que la Concertación, desde el año 1990 en adelante, ha aceptado como propio. Incluso un ex Presidente de la República afirmó, tal vez al pasar, que lo que habíamos aceptado era ciertamente el sistema capitalista, y por ende a los ciudadanos y ciudadanas sólo nos quedaría la conformidad ante un modelo que tendría las propiedades de obedecer prácticamente a leyes de la naturaleza.

En el Acta Secreta de la Sesión 1 de la Junta Militar golpista, del 13 de septiembre de 1973, se consignó que ya se encontraba en estudio la promulgación de una nueva Constitución Política, trabajo que estaba dirigido por el profesor universitario Jaime Guzmán Errazuriz. Así, nació la Constitución de 1980 que nos rige.

Después de 34 años, el pueblo de Chile, soberano originario, tiene el derecho esencial a darse una Constitución Política a través de un procedimiento efectivamente democrático. El ejercicio cívico de participar en la construcción de una Constitución Política democrática fortalecerá la Política con mayúscula y por cierto abrirá cauce a las energías creadoras que permitirán al país llegar a ser un país desarrollado a través de un programa popular, nacional y andino que potencie el crecimiento económico y social, la justa distribución de la renta nacional, en una alianza de la razón, los afectos y la naturaleza. La preservación de esta última, ante el avance arrollador del calentamiento global del cambio climático, hasta el día de hoy, no ha tenido respuesta ni preocupación alguna en el mundo político que pareciera estar concentrado en los problemas propios de las futuras elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales; olvidando que el país real está mirando con verdadero asombro cómo el crecimiento neocapitalista destruye la naturaleza por un lucro excesivo y desmedido. Todos los humanismos deben unirse detrás de un proyecto que vaya más allá de las izquierdas y derechas y que permita que nuestros hijos e hijas puedan subsistir en un mundo distinto al nuestro: un mundo no destrozado por la competencia irracional guiada desde los centro financieros y económicos más importantes que ven a nuestro continente y a nuestro país como un simple proveedor de recursos naturales.

28 de febrero de 2007.

Por Hernán Bosselin Correa
Abogado

LA GRAN FAMILIA CONCERTACIONISTA

La larga lista de hijos, padres, hermanos y primos de líderes oficialistas que cobra sueldos en sector público y que ha estudiado en el extranjero con dineros de todos los chilenos subraya la creciente percepción popular de que la Concertación administra el Estado como un feudo familiar.

Después de casi dos décadas en el poder, muchos en la Concertación inevitablemente han caído en la práctica de administrar el aparato del Estado como patrimonio familiar. La cantidad de apellidos de la familia concertacionista que se repiten en puestos de confianza en el gobierno y en cargos que debiesen haber sido llenado en forma competitiva y meritocrática , es impresentable. Hijos, padres, hermanos y primos de líderes oficialistas están sobrerepresentados. Los apellidos se repiten con preocupante y cuestionable frecuencia también en las becas Presidente de la República y en muchos contratos de asignación discrecional para estudios en el extranjero. La familia concertacionista parece creer que el Estado son ellos.

La consolidación democrática y el fortalecimiento de la sociedad civil, asociado con mayores demandas de transparencia y una creciente presión por convertir el principio de igualdad de oportunidades en una realidad concreta, nos obliga a abordar de frente y sin tapujos el problema de los ‘pitutos’ al momento de conseguir empleo público y de postular a recursos fiscales, sean becas para estudios en el extranjero o proyectos concursables financiados por el Estado. Algunos alegarán que el ‘pituto’ es una práctica nacional enraizada en la sociedad chilena. Pero así como Chile fue capaz de transformarse para adoptar políticas de libre mercado más competitivas, también debe extirpar de raíz la práctica del ‘pituto’ y del nepotismo del sector público. Por cierto, es saludable que el nepotismo sea erradicado también del sector privado. Pero un empresario que contrata a un pariente inútil paga costos con la competencia. En el sector público, en cambio, la ausencia de competencia en los servicios que entrega el Estado hace que le ‘pituto’ no tenga costos frente a los competidores.

El caso Dávalos

Tomemos un caso concreto y simbólico de lo que implica ser parte de la familia concertacionista. Sebastián Dávalos Bachelet – el hijo mayor de la presidenta Michelle Bachelet- es funcionario de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) del Ministerio de Relaciones Exteriores. En una reciente entrevista, Dávalos señaló que “me da lata asumir que no se valoren las capacidades. La otra vez leí un artículo sobre las redes familiares en las contrataciones del gobierno. Y en la foto principal aparecía yo. Entré a trabajar a la Cancillería antes de que asumiera este gobierno... No se miden las capacidades, sino que se dice que uno está aquí porque es “hijo de””.

La realidad sin embargo, es diferente. Después de un regular desempeño en la PAA, Dávalos entró a estudiar Ingeniería Comercial y Administración Pública antes de decidirse por Ciencias Políticas. Terminó sus estudios en la Universidad Central. Comenzó a hacer una práctica pagada ($ 250 mil al mes) en la Direcon a comienzos de 2005. Luego de titularse, entró como funcionario a la misma repartición, donde se desempeña hoy y desde donde reclama por haberse convertido en el símbolo del tráfico de influencias. Si bien empezó a trabajar antes de que empezara este gobierno, la candidatura presidencial de su madre era un hecho cuando él fue discrecionalmente seleccionado para realizar una práctica pagada. Otros estudiantes de ciencias políticas con mejor rendimiento académico realizaron prácticas no pagadas junto a él y no fueron seleccionados. Por cierto, la PSU no es el único –ni el mejor- indicador de calidad académica. Muchos estudiantes corrigen falencias de su educación secundaria en la universidad y, cuando se le dan las oportunidades, tienen un desempeño académico notable. Pero ese no fue el caso de Dávalos.

Cuando las personas son favorecidas pese a no tener las credenciales suficientes, el daño que se realiza es mayor. Candidatos mejor calificados quedan fuera, lo que constituye una injusticia. Además, el desempeño de esas personas en sus nuevos cargos o en sus estudios tendrá costos en materia de eficiencia y optimización de los recursos públicos. La utilización de ‘pitutos’ en este tipo de situaciones debiera condenarse ampliamente sin mayor controversia.

Pero supongamos que los favorecidos son tan buenos y meritorios como aquellos que no fueron considerados por no tener los apellidos adecuados. En tal caso, no se produce un daño a la eficiencia ni a la optimización de recursos. Pero si un joven de regular desempeño titulado en una universidad de regular reputación es preferido sobre otra persona de similares condiciones sólo por ser pariente de altos personeros del gobierno, se violenta el principio de igualdad de oportunidades. Aun si el susodicho realiza un excelente trabajo y demuestra que es bueno para la pega, la discriminación inicial no se redime. Aquellos que quedaron fuera por no tener apellidos adecuados también podrían haber hecho un excelente trabajo. No e un problema de eficiencia. Es una cuestión de justicia e igualdad de oportunidades.

No hay empate moral

Esta práctica de preferir a miembros de la familia concertacionista (aun cuando tenga las credenciales requeridas) atenta contra una promesa fundacional de igualdad de oportunidades que hiciera la Concertación.

Chile ha cambiado mucho desde 1990. Los acuerdos de elite que pavimentaron el fin de la dictadura han sido reemplazados por mayores participación, transparencia y exigencias en probidad. Nuestra democracia se ha consolidado. Pero eso también implica que el control de calidad de los procedimientos debe mejorar. Si bien Aylwin, Frei y Lagos escogieron a parientes para puestos de confianza, hoy no podemos aceptar que eso siga ocurriendo.

La concertación pagará costos cuando se transparenten los nombres de todos los hijos de ministros , senadores, diputados, intendentes y altos personeros políticos que fueron beneficiados con Becas Presidente de la república desde 1990 hasta hoy. Es cierto que eso también pasaba en el gobierno militar. Pero en dictadura se violaban los derechos humanos y no había rendición de cuentas. Aunque la transparencia bien debiera desnudar también a todos los beneficiados con ‘pitutos’ en gobiernos anteriores, el empate moral no corresponde.

El caso de Dávalos Bachelet, ciertamente no es el único. Ricardo Lagos Weber, el ministro vocero de gobierno hizo brillante carrera en la Direcon, pero fue inicialmente contratado en forma discrecional cuando su padre era ministro de educación. El hijo del ministro de Relaciones Exteriores, Alex Foxley, ha desempeñado puestos de confianza –nunca por concursos competitivos- en varios gobiernos de la concertación en Washington. La larga lista de la familia concertacionzota que cobra sueldos en el sector público y que ha estudiado en el extranjero financiada con dineros de los impuestos de todos los chileno subraya la creciente percepción de que la concertación administra el estado como un feudo familiar.

Patricio Navia

Fuente: Reportajes, La Tercera.

Lista de Becados 1981 - 2006