“Al igual que con el sistema previsional, siempre paga el fisco,-siempre paga Moya-; este se hará cargo de todo, nadie quebrará y el Estado gastará en 5 y 10 jarrones del tipo Inverlink, sólo este año”
10 de Abril de 2007
El Plan Transantiago es la demostración más evidente de una forma completamente errónea de planificar y colocar en aplicación una reforma importante en la capital del país. Es sabido que las autoridades han expresado reiteradamente que el Plan Transantiago tenía por finalidad mejorar sustancialmente la calidad de vida de los habitantes del país, para cuyos efectos, durante bastante tiempo se estudió la materia y se planificaron las políticas que el Estado iba a colocar en aplicación coercitivamente en toda la ciudad de Santiago. Tan pronto llegó el 10 de febrero de 2007, con bastante publicidad, pese a que nos encontrábamos en verano, Santiago fue conmovido por el impacto inicial del nuevo transporte. Los primeros inconvenientes, y que fueron bastantes, iban a ser pronto solucionados. Así lo dijeron las autoridades, incluyendo el vocero oficial. Había que esperar la llegada del mes de Marzo y todo estaría solucionado rápidamente. Llegó el mes de marzo, ingresaron los estudiantes a sus establecimientos, regresaron los veraneantes y se produce el colapso en el transporte. Los distintos recorridos están totalmente mal estructurados: faltan buses, poblaciones, y villas completas quedan sin medio de transporte. Los que logran llegar al Metro, tienen que someterse a soportar diariamente los serios inconvenientes de viajar en un tren, que antes era cómodo, y que ahora pasaba a ser realmente infernal. Vinieron los 28 medidas dispuestas por
Las nuevas autoridades del transporte, seguramente después de restudiar y reanalizar varias veces el problema llegaron al mismo diagnóstico que ya, mucho antes, tenía toda la población de Santiago: faltaban buses y el Metro no funcionaba. Las autoridades no vieron lo obvio, a tiempo.
En una situación tan complicada y perjudicial como la descrita, todos esperábamos que las autoridades hubieran hecho efectivas las responsabilidades administrativas y civiles de las personas que participaron en la planificación del Plan Transantiago, de acuerdo con el principio fundamental de todo estado de derecho que indica que los servidores públicos, al igual que los restantes habitantes del país, deben responder de sus actos. En el caso en examen hemos escuchado la explicación de que no conviene preocuparse del pasado o de las causas del fracaso; sino que únicamente debemos limitarnos a ver la forma como mejoramos la situación. Ello como tratamiento psicológico esta bien. Para qué agrandar las heridas. Sin embargo, desde el punto de vista de la responsabilidad pública, ello no es correcto. Si se ha causado un daño, se debe responder y la autoridad debe hacer efectivas esas responsabilidades. Si no lo hace, deja de cumplir con las leyes e incurre en un notable abandono de deberes.
Junto con lo anterior el Plan Transantiago prueba incuestionablemente que nos encontramos ante una situación de crisis en el funcionamiento de la democracia representativa, por cuanto un cambio de la envergadura del que se está haciendo en Santiago, en lo que se refiere al transporte público, debió previamente haber sido consultado a la ciudadanía. Para eso está la democracia. Los representantes populares, son solo eso, representantes; y cuando a través de una modificación sustancial en los sistemas de transporte público se pretende hacer un cambio cultural, lo que procede es consultar previamente a quienes van a sufrir o experimentar el cambio cultural. Las autoridades políticas del país procedieron con un criterio distinto, seguramente pensaron que la población de Santiago merecía ser sometida a un nuevo experimento en el transporte público, incluso contra su propia voluntad. Se aplicó una especie de despotismo ilustrado o más bien dicho muy poco ilustrado. La más elemental prudencia aconsejaba consultar en serio a los parlamentarios de la capital, municipalidades afectadas, concejales, juntas de vecinos, establecimientos educacionales, sindicatos, asociaciones gremiales, asociaciones de estudiantes, etc, etc. Eso es la democracia: los cambios se hacen con el pueblo y no a pesar del pueblo, como efectivamente se han hecho los cambios del sistema de transporte público en Santiago.
En las últimas horas hemos visto como algunos parlamentarios de regiones están preocupados de los recursos que se van a destinar a subsanar los vicios, defectos y errores del Plan Transantiago. Está bien que se preocupen de aquello. Pero junto con tal reclamo, debieron en su oportunidad como cuerpo preocuparse de lo que estaba sucediendo con seis millones de habitantes en la ciudad de Santiago y también debieron preocuparse de hacer uso de todos los instrumentos legales y constitucionales para hacer efectivas las responsabilidades de aquellos que habían incumplido con sus deberes en la planificación del Plan Transantiago. Hubo parlamentarios que sí se preocuparon y que desde el primer momento demostraron verdadero interés y manifestaron su opinión para que se corrigieran oportunamente los errores manifiestos que se estaban cometiendo. Desgraciadamente, aquellos pocos parlamentarios, no fueron oídos.
La licitación que dio origen a este desastre fue conducida por el gobierno de turno. Empresas serias extranjeras decidieron no participar, porque los números no daban.
Empresas colombianas y coreanas, más los micreros organizados, ahora en megaempresarios, dejando a muchos otros microempresarios en el camino, afrontaron los riesgos. Como los números no daban han hecho todo lo posible para hacer que sus negocios a lo menos puedan tenerse en pié. Al final su arriesgada apuesta les resultará. Al igual que con el sistema previsional, siempre paga el fisco,-siempre paga Moya-; este se hará cargo de todo, nadie quebrará y el Estado gastará en 5 y 10 jarrones del tipo Inverlink, sólo este año. El transporte así diseñado tendrá que ser subsidiado para siempre. En Chile todavía parecer ser mejor entrar a los negocios de cualquier manera, porque cuando el mercado falla el Estado generoso se pone. Hace años con la banca, hoy con la previsión y el transporte en Santiago. Veremos otros seguramente.
Los partidos políticos orgánicamente tampoco han demostrado hacerse eco de la magnitud de los problemas que se vienen analizando; sus reacciones han sido tardías y hay una desconexión entre la población, la ciudadanía, la sociedad civil y los partidos políticos; estos últimos tienen graves dificultades para sintonizar con los problemas de la gente. Se consumen en sus disputas internas y en sus permanentes preocupaciones por los problemas de palacio. En una democracia los partidos políticos deben intermediar o ser los representantes más calificados de la ciudadanía. Esa representación se ha ido perdiendo manifiestamente en problemas importantes.
Seguramente, después de algunos meses, no sabemos cuantos, -tal vez éstos lleguen a sumar un año-, el problema de transporte público de Santiago se solucionará. Pero los habitantes de la capital del país nos quedaremos con el convencimiento que en ese problema grave que tanto malestar y sufrimiento ha causado, la democracia representativa y la obligación de responder por los actos que se cometen en la función pública no funcionaron y no tuvieron aplicación. Quienes causaron daño, no han respondido por los perjuicios, no fueron sumariados administrativamente, no se persiguieron sus responsabilidades civiles; y todas las soluciones se habrán llevado a la práctica no sobre la base de lo que debiera ser una efectiva democracia representativa. Esta ciertamente, tal como se aplica en nuestro país, está en crisis. Crisis que afecta al sistema de representación popular y a los partidos políticos. Tal vez llegó el momento de pensar en una nueva institucionalidad republicana que consagre una democracia participativa y de plena responsabilidad, que sustituya la irresponsabilidad por la verdadera responsabilidad política y pública,
Hernán Bosselin Correa
Abogado
Ramón Briones Espinosa
Abogado
