PARA QUE CHILE PROGRESE CON VALORES
1. VALORES CÍVICOS Y ÉTICA PÚBLICA
La inmensa mayoría de los chilenos y chilenas queremos vivir de acuerdo a valores cristianos, que se expresen en una conducta de honradez, esfuerzo, disciplina y vida en familia; relacionarnos sanamente, sin violencia ni agresiones y que las relaciones sociales se construyan a través de compromisos solidarios y de justicia, basados en la verdad. Queremos que las normas que nos afectan sean iguales para todas y para todos y que la acción del Estado y sus agentes sea previsible y transparente.
Por eso, no es acorde a los valores que encarnan nuestra nación, que haya situaciones reñidas con la ética, como las todavía graves condiciones de exclusión y extrema pobreza en la que viven una significativa parte de los chilenos, la existencia de personas y grupos que acumulen demasiado poder político y/o económico y que por ello se perpetúan ilegítimamente en el ejercicio de ciertas funciones o en sus privilegios. Tampoco está acorde a lo que la mayoría aspiramos, la falta de representatividad en los procedimientos para elegir a quienes van a ejercer funciones de conducción; la limitada participación o derecho a opinar en temas relevantes que determinan y afectan a todas y todos en nuestra vida cotidiana, actual y futura. Estas situaciones, ajenas a una efectiva democracia representativa, hacen que la mayoría de los chilenos vayan perdiendo su identificación y su sentido de pertenencia con el país, cayendo en la desesperanza y en la búsqueda de soluciones basadas en el individualismo y el egoísmo.
En la base del desafío que planteamos para Chile está el desarrollo integral de las personas y la construcción de una sociedad justa.
Las respuestas neoliberales que han prevalecido en nuestra sociedad señalan que es la iniciativa individual la que resuelve los problemas, situación que constituye una gran falacia y que lamentablemente se encuentra asentada en las soluciones que actualmente se proponen a un sinnúmero de problemas de la sociedad. Es el dios mercado el que resolvería temas tan trascendentales como la seguridad ciudadana, la contaminación, la calidad de la educación, la generación de energía, la practica del deporte, la distribución de la riqueza, la generación de empleo, la salud de todos nosotros, en definitiva, los temas tendientes a hacer de Chile un país moderno, es decir justo y equitativo.
Pero nuestra opción y propuesta es otra, porque recurrir a los valores más genuinos, auténticos y representativos de Chile nos dan la convicción que hay otro camino para construir el país que soñamos, y que podemos corregir lo que hemos venido haciendo. Ese camino requiere un compromiso político de inclusión y participación, de profundización de la democracia para democratizar el poder, la política, la sociedad y la economía. Este desafío sólo lo podremos enfrentar en comunidad, porque a partir de una acción colectiva, inclusiva y participativa, fundada en principios de carácter asociativo y solidario, podremos generar una estrategia de crecimiento y desarrollo donde la sociedad civil organizada y coordinada juegue un rol fundamental como el principal actor y aliado estratégico del Estado.
Debemos reconocer, aceptar, rescatar y sostener lo que está bien, pero rebelarnos, con fuerza y profundidad, frente a todo lo que discrimina, excluye, reprime, atemoriza, contamina y que provoca cualquier tipo de violencia generada por el actual sistema.
Esto exige situar los principios como eje central del quehacer público, porque es fundamental para la construcción de la cohesión social, aquello que tenga un sustrato ético y valores cívicos compartidos y practicados por la mayoría de la población, reconocerse mutuamente en un espacio de derechos y deberes compartidos. Las sociedades que han desarrollado sus políticas en base a esta concepción del quehacer, que han logrado cohesionarse socialmente, les ha ido mejor y han logrado que sus integrantes tengan niveles avanzados de libertad y bienestar.
Esta nueva política se construye en base al diálogo y a los consensos, y ello se materializa en la gradualidad de los procesos, que es necesaria para que todos, o al menos las mayorías más representativas, estén incluidas y comprometidas con estas mismas políticas.
Esto ha ocurrido en parte importante de los gobiernos de la Concertación. A ello responden la institucionalidad ambiental y la institucionalidad indígena; el nuevo procedimiento penal y Chile Barrio; el AUGE y Chile Solidario; Chile Crece Contigo y la pensión básica universal, por señalar sólo algunos de los más significativos avances en los cuatro gobiernos. Todos éstos son grandes avances en el espacio de lo social, que se han construido gradualmente y no sin dificultades, pero que nacieron de consensos fundamentales.
Respecto a las políticas de fomento productivo y de generación de la estructura económica, no se han producido los avances ni los consensos que se han alcanzado en relación a lo social. En los tres primeros gobiernos de la concertación se logró reducir y controlar la inflación, pero la economía ha crecido con dinamismo dispar, muy fuerte en los años noventa y débilmente en este siglo; dejando el impulso sólo a las decisiones del mercado. La concentración económica ha generado concentración del poder y dificultad de construir una sociedad en la que nos reconozcamos como pares.
De una u otra forma, los dos países que se generaron o profundizaron bajo las políticas neoliberales en los años de dictadura aún siguen existiendo, y las vinculaciones entre uno y otro, los puentes de acercamiento son débiles o inexistentes. La democracia ha fallado, porque la concentración del poder aún es muy alta y porque las reglas del neoliberalismo económico aún se imponen sobre la soberanía ciudadana.
2. CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA
La Concertación de Partidos Políticos por la Democracia es una obra colectiva en la que se integraron partidos políticos, organizaciones sociales y personas que compartíamos la esperanza de que Chile recuperara la libertad y se reestableciera el Estado de Derecho. Se construyó como una forma de integración ciudadana, en que cada uno era responsable e indispensable en el proceso todo; por eso antepusimos el entendimiento sobre la confrontación, el mínimo común sobre la rigurosidad ideológica, la iniciativa colectiva sobre las aspiraciones grupales.
Eso hizo posible que Chile reconquistara la democracia sin odio y sin violencia, con respeto a la persona humana y su dignidad, y que se iniciara una transición ejemplar, alabada en el mundo y que hoy es patrimonio de todos. Nos sentimos orgullosos de lo alcanzado y de ese patrimonio común que es importante siga siéndolo.
Ese proceso ha obtenido importantes logros y ha dado a Chile grandes resultados en materia institucional, social y política, pero como todo proyecto se ha ido agotando. Por eso la Concertación debe adecuarse a las actuales condiciones del país, a sus nuevos requerimientos, también a encontrar nuevas respuestas a los problemas que aún son una deuda.
Hoy debemos crear nuevos proyectos que profundicen la democracia y avancen en la equidad, mediante el ejercicio responsable de las libertades, con mecanismos efectivos de participación ciudadana. Es en el espacio de la ciudadanía, en el de la participación, donde cada persona tiene su principal valor y no en el mercado, donde cada persona vale por los recursos económicos con que cuenta. No podemos aceptar que se renuncie a esta obligación, so pretexto de supuestas limitaciones que la democracia impondría al progreso. El progreso se construye siempre con más democracia, más justicia, más libertad; en definitiva, con más ciudadanía.
Los chilenos y chilenas queremos ser parte del proceso de construcción nacional, no queremos que otros, ajenos a nosotros, tomen las decisiones que nos determinan, ya sea en los grandes centros financieros internacionales – donde tenemos depositada una parte gigante de nuestra riqueza – en los grupos económicos locales, en las cúpulas de los partidos políticos o en cualquier lugar que represente lo que se llama centralismo democrático. Por lo demás, la experiencia ha demostrado que las políticas públicas decididas en esas instancias, con exclusión de la ciudadanía y en su supuesta representación, pierden el foco, la eficacia y la eficiencia.
Estamos convencidos que los problemas de la democracia se curan con más democracia. Y eso requiere redefinir el campo de competencias del gobierno central, quitándole atribuciones para traspasarla a las regiones, a las provincias, a las comunas; en definitiva, a la ciudadanía.
Así podremos compatibilizar el carácter unitario, pero no homogéneo, de Chile y avanzar en la necesaria equidad territorial, donde cada chilena y chileno tenga las mismas oportunidades. Chile no podrá crecer en equidad territorial ni avanzar en desarrollo y cohesión social si todas las atribuciones siguen estando en el nivel central, si cada decisión y cada programa debe resolverse siempre en una decisión de unos pocos que se atribuyen el saber y por ello ejercen un poder sobre los demás que va más allá de lo que la ciudadanía le ha otorgado a esos mandatarios.
Este avance debe traducirse en la elección por voto directo de las autoridades regionales y en el establecimiento de gobiernos metropolitanos, que es un imperativo para el buen funcionamiento de las grandes ciudades donde, pese a los incentivos y subsidios y la disminución que ha habido en los índices de pobreza, crece la marginalidad y la exclusión social.
De igual manera, hay que avanzar más en traspasar competencias y recursos a los municipios, y profundizar la democracia en los mismos, porque es en lo local donde mejor se vive y aprecia la democracia.
Más democracia es el mejor antídoto para prevenir aventuras populistas o autoritarias. Esto vale tanto para los niveles nacionales, como regionales y locales.
No podemos seguir aceptando que cada vez que se plantea profundizar la democracia, se argumente que no hay capacidades en el ámbito local y que la ciudadanía está expuesta a manipulación. Esta es sólo una excusa perversa y una falta de respeto a las chilenas y chilenos que buscan y valoran los pocos espacios de participación real a los que tienen acceso.
Incorporemos estos conceptos en una nueva Constitución Política de la República y pongamos en agenda nuestro compromiso con un régimen político que sea más representativo: el referéndum, el derecho a voto automático y voluntario para todos los mayores de edad y las primarias obligatorias. Encontremos un sistema presidencial que esté más acorde a lo que queremos y cómo debe ser nuestro Congreso Nacional. ¿Es conveniente para un país tan pequeño e integrado como el nuestro un sistema bicameral?
La democracia siempre, no sólo cuando nos conviene. Por ello atrevámonos a más democracia, volviendo a poner en el centro de nuestro accionar a la persona en toda su dimensión.
En definitiva, debemos reformular la forma en que gobernamos, debemos proponer al país una nueva Constitución, para la construcción de una sociedad solidaria y participativa que asuma que la equidad, la libertad y la cohesión social no son utopías, sino derechos inexcusables que cada uno tiene por el solo hecho de vivir.
3. EQUIDAD, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODAS Y TODOS.
Cada grupo humano sujeto de discriminación debe ser protegido y promovido y el país entero debe tomar conciencia de su responsabilidad en la marginación de cada uno de ellos.
Se requieren urgentes cambios para traer reparación y dignidad a los chilenos y chilenas que son humillados por su condición. En Chile existen múltiples formas de discriminación. Tenemos que saber identificarlas y ser capaces de terminar con ellas. Chile se debe construir sobre la base de la equidad y las capacidades de todos sus ciudadanas y ciudadanos, sin distinción injusta de ninguna índole, sea por género, etnia, religión, clase social, filiación política, lugar de nacimiento, edad, color de la piel, opción sexual o nivel educacional, entre otras muchas formas de distinción que llevan a la discriminación.
Debemos atrevernos a la equidad de género. No solamente porque es lo correcto, sino porque las mujeres son la mitad del país y un potencial fundamental en las sociedades contemporáneas. La equidad de género es uno de los ejes centrales de la visión que tenemos para Chile y su gente. Depende de todos construir un país donde cada uno de nosotros, hombres y mujeres, despliegue su máximo potencial. No podemos aceptar la posición de la derecha, que deja en manos de cada mujer la responsabilidad de exigir su espacio y el cumplimiento de sus derechos.
Mención especial cabe la condena explicita a la violencia asesina en contra de la mujer, que se esconde detrás de las paredes y por ello muchas veces no se ve, pero que está mucho más extendida de lo que estamos dispuestos a reconocer. La violencia es de responsabilidad pública y por ello el Estado debe proveer los mecanismos de resguardo, protección y justicia de forma eficaz y oportuna a cada mujer amenazada o agredida.
Con el mismo compromiso y fuerza debemos enfrentar las demás formas de discriminación, especialmente aboliendo toda exclusión hacia nuestros pueblos originarios, los ancianos, los jóvenes y los discapacitados.
Valoramos lo diferente; reconocemos en Chile un país unitario pero no homogéneo.
Talento y mérito
La principal consecuencia de la discriminación y de la consolidación de minorías privilegiadas, es la falta de movilidad social, por lo que el país se farrea el talento y mérito de una enorme cantidad de chilenos y chilenas.
La frustración de quienes ven cerrarse las puertas del progreso los lleva a una exclusión que hiere a toda la sociedad e incuba violencia. Chile no puede ni debe desaprovechar el potencial de desarrollo que tienen las nuevas generaciones y por ello la renovación es necesaria e inevitable. Más aún cuando se acredita permanentemente que vivimos las mejores condiciones económicas que jamás haya tenido Chile.
A cada cual según sus talentos y por ello Chile no puede dejar de lado a nadie. Desde la formación y capacitación en oficios, la educación científico-humanista, la educación técnica profesional y la universitaria, pasando por la creación artística y cultural, el Estado tiene la obligación ética de acompañar a esos niños, niñas y jóvenes y proveerles con las herramientas para que cada cual realice su aporte al País.
Las condiciones sanitarias, de alimentación y estimulación y la cada vez mayor disposición de nuevas tecnologías, hacen que las nuevas generaciones tengan la potencialidad de ser las mejores que la humanidad haya tenido nunca. Los jóvenes no pueden ser considerados como mano de obra barata para perpetuar el modelo de desarrollo basado en materias primas y otros productos de bajo valor agregado. Todo lo contrario, son sujetos responsables de nuestro desarrollo y responderán si la sociedad les nivela y da las oportunidades a las que tienen derecho por el solo hecho de ser chilenas y chilenos.
Es inaceptable que nos quieran hacer creer que para mejorar la educación en Chile necesitamos una generación entera. Sabemos que se puede acortar muy significativamente ese período, existen los recursos y el saber para ello. Sólo se requiere la voluntad política, la audacia y el consenso ciudadano para hacerlo.
La educación debe ser considerada en tanto transmisión de valores y conocimientos, pero además como palanca de desarrollo de la sociedad, en pos del ideal de un nuevo orden social que se funda en la realización más acabada de grandes valores humanos y sociales, inspirados en la democracia.
Hoy como nunca el saber está a disposición de las mayorías. La tarea fundamental es enseñar a aprender, a utilizar y hacer fructífera la información que se puede obtener en profundidad e instantáneamente. Todo chileno debe tener acceso a esas fuentes de información, no hay razón alguna para que no sea así.
Tenemos que trabajar con los profesores para realizar este cambio. Chile tiene los recursos, pero hay paralización por el miedo a equivocarse. Nosotros estamos dispuestos a asumir responsablemente ese riesgo propio de la creación: la posibilidad de que las cosas no resulten exactamente como las previmos, porque sabemos que cada vez el fracaso será menor e iremos fortaleciendo los cimientos de un país innovador.
Para todo este proceso necesitamos profesores orgullosos de su trabajo, con alta autoestima y motivación para aprender y trabajar. Queremos que tengan buenas remuneraciones y que se ubiquen entre las diez profesiones mejor compensadas económicamente de Chile.
La educación pública debe volver a asumir su responsabilidad. El Estado debe ejercer su rol educador y de promotor social y el mercado asegurar la existencia de la libertad de educación.
4. LA EQUIDAD DESDE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y LO SOCIAL
En términos macroeconómicos nunca la situación del país ha sido mejor que la de ahora, sin embargo, lo que la ciudadanía vive es que la riqueza no se distribuye equitativamente. Las cifras revelan grandes incrementos en los recursos que atesora el fisco y en las utilidades de los consorcios mineros y transnacionales que operan en el país, ya sean propiedad de extranjeros o de chilenos, pero la mayoría de los chilenos y chilenas esa bonanza la percibe ajena.
Lo anterior se debe de manera importante a que si bien se ha tenido un significativo éxito en redistribuir hacia los más pobres, lo que se refleja en la real y significativa reducción de la pobreza y de la indigencia; no se ha cambiado positivamente la estructura distributiva de la economía. En otras palabras, la distribución basal de los ingresos no se ha modificado favorablemente a la equidad y lo que se ha hecho es utilizar los recursos del Estado en beneficio de los más pobres.
Reconocemos los muy valiosos avances que ha habido con las nuevas condiciones previsionales que ahora llegan a los más desposeídos, con las cada vez más amplias coberturas del Plan AUGE y el enorme beneficio que se ha dado con las nuevas normas sobre Salas Cuna y de protección de la maternidad. Pero tenemos que hacer que cada uno de nuestros compatriotas perciba día a día el beneficio de vivir en un país que cada vez está más rico.
Un examen de las políticas sociales sectoriales permite concluir que las principales iniciativas desarrolladas en los gobiernos de la Concertación han sido eficaces. El AUGE está mostrando un camino correcto en materia de solución o atención de los problemas de salud, y el enfoque hacia la medicina familiar está encausando la atención primaria. Junto a la reducción del déficit de vivienda, los programas en marcha debieran permitir el acceso a la vivienda a todos los sectores. La reforma a la justicia está posibilitando que su acceso sea más equitativo, al menos significativamente más que antes.
Pero el mismo examen respecto a las políticas que afectan la base distributiva nos señala que no hay avances significativos. La concentración económica en los mercados más dinámicos no se ha enfrentado o no se ha enfrentado con decisión o eficiencia. Ello se refleja en la industria del retail, en la farmacéutica, en la generación energética, en la industria forestal, la financiera, la de los traders de exportación frutícula, la de telecomunicaciones y muchas otras. No hay cambios significativos en estas áreas respecto del modelo neoliberal de la dictadura, pese a las promesas al respecto.
La alternativa no es que el Estado se transforme en el agente productor, sino en que éste actúe de manera que el poder no se concentre, ni en el mismo Estado ni en actores privados. Esta es una tarea que la Concertación debe asumir en la etapa que iniciaremos como país en el año 2010.
Las reformas críticas que debemos enfrentar en los próximos años se relacionan con la vinculación entre la democracia y la estructura productiva.
Más democracia, una democracia más profunda, solo se sustenta en una estructura productiva que genere una más equitativa distribución basal de la renta. Ello significa que los esfuerzos de las políticas públicas, sin disminuir en relación a las políticas sociales eficientemente redistributivas, deben concentrarse en generar equidad en la generación de ingresos.
Sin duda uno de los elementos fundacionales de la estructura de ingresos es la que genera el sistema educacional, respecto del cual los avances han sido menores de lo que debiera ser en función de los recursos que se han destinado a su modernización y reforma. Abordar la reforma de la educación desde el aula, en base a la valoración del trabajo docente, con participación de los padres, los propios educandos y la comunidad es aún una tarea pendiente, y su débito retarda e impacta negativamente en obtener una estructura más equitativa de generación de ingresos.
Pero al mismo tiempo se requiere avanzar en cambios fundamentales en la estructura de los mercados. Chile debe distribuir mejor sus ingresos. No basta con las políticas sociales, que valoramos. Tenemos que desarrollar sistemas y procesos que fortalezcan a los sectores medios, poniendo límites a la concentración de los mercados, generando espacios de cogestión en los servicios y empresas reguladas, abriendo espacios a la competencia y terminando con las regulaciones que potencian a los poderosos.
No corresponde privilegiar a los que más tienen. No más subsidios a las grandes y medianas empresas; ellas ya están suficientemente protegidas o pueden acceder a amparo por sus propios medios.
Debemos incentivar y dotar de recursos a las pequeñas y microempresas, ya que sus principales debilidades están en la falta de acceso a la información, a las fuentes de financiamiento, a la innovación tecnológica, a la capacitación de los emprendedores en las modernas técnicas de gestión y al desconocimiento de nuevas formas de asociatividad económico-social, distintas a las promovidas por el sistema neoliberal. Las políticas de fomento deben redefinirse: cada una de las instancias gubernamentales que hoy debieran conducir ese rol deben reinventarse para abocarse únicamente a estas empresas menores. CORFO, INDAP, SERCOTEC, etc., o se dedican de verdad al fomento de los pequeños, o se cierran y creamos nuevas instancias.
Estos cambios no son sólo de enfoque, pues para materializarlos es necesario revisar profundamente la estructura del Estado. El Estado debe ser más funcional y flexible. El Estado que tenemos hoy y que ha sido eficiente en el pasado, no lo será en el futuro caracterizado por la permanente innovación. El tema no es tener menos o más Ministerios, sino aquellos que sean necesarios para los tiempos que vienen.
5. CONFIANZA PARA PRODUCIR Y CRECER
El retroceso que hemos tenido en nuestros niveles de crecimiento y de inflación es algo que debemos corregir ahora. Bajo condiciones mucho más difíciles que las actuales, Chile creció a tasas de ocho y diez por ciento anuales.
Existen las formas para que, sin afectar la estabilidad fiscal – ni ahora ni en sus proyecciones – podamos disponer de una parte de las enormes reservas que tenemos en el extranjero, sólo beneficiando a los más grandes manejadores de las inversiones mundiales. No es moral que sintamos satisfacción ante las felicitaciones por el buen manejo de los equilibrios macroeconómicos, si nuestros ciudadanos no están cada vez más satisfechos o, posiblemente, con el alza mundial del precio de los alimentos, más pobres. Más aún cuando tenemos los recursos para aminorar ese padecimiento.
Fondos que permitan el desarrollo de formas innovativas en educación y organización del trabajo, en generación de energía y producción limpia, y que activen iniciativas productivas que generen un mayor equilibrio en los niveles de productividad, tan desiguales hoy en nuestra sociedad, son algo que debe ser considerado desde las políticas macroeconómicas y de fomento productivo.
Para crecer se necesita energía. Hoy Chile depende de fuentes energéticas externas cuyo incremento de precio ha retardado nuestro crecimiento. Hay fuentes energéticas de gran posibilidad que no utilizamos, principalmente porque su uso alteraría la estructura del mercado energético y también la estructura de poder en la sociedad, ya que quien controla la energía controla la el crecimiento. Tal como se ha demostrado, la energía eólica y la energía solar, que son abundantes y permanentes en nuestro país, deben ser desarrolladas. Es deber responsable del Estado apoyar su desarrollo o, al menos, no obstaculizarlo. Es un cambio central que debemos impulsar rompiendo el cerco que los poderes establecidos han tendido para que este cambio no se produzca.
En la misma línea se debe dar pasos importantes en lo tributario. Debemos pasar de los impuestos indirectos y focalizados en las personas, donde sólo los trabajadores dependientes pagan, a impuestos directos y centrados en las rentas. Hay que aprovechar, hoy, la coyuntura del precio del cobre – que está a más del doble de lo que se considera de tendencia – para flexibilizar impuestos como el IVA y los de los combustibles, de manera que sean anticíclicos. Así posibilitaremos que el conjunto de la política macroeconómica, no solo la de gastos, contribuya a la estabilidad necesaria para que sean los productores y no los especuladores los que impulsen el movimiento económico.
Porque el crecimiento es y sigue siendo fundamental para que las personas sean libres.
Hacer realidad las promesas inconclusas de la Presidenta Bachelet
Fue la convicción de la ciudadanía de que la entonces candidata Sra. Michelle Bachelet haría un gobierno concertacionista, pero distinto a lo que había, lo que provocó la adhesión a su candidatura; que representaba un profundo cambio social y económico que debía llegar para quedarse.
Asumimos el compromiso de trabajar para que en Chile se logre ciudadanía efectiva, equidad de genero y renovación generacional.
Lamentablemente el gobierno de la Presidenta Bachelet, que se inició con caras nuevas, convocando expertos para abordar los desafíos nacionales y con un claro sentido de equidad de género; en su segunda etapa ya no presenta ninguno de esos signos que resultaron fundamentales para que ella fuera elegida.
Es tiempo de materializar esos sueños y desafíos. Es tiempo de reconocer las deudas y los activos, de convocar a los que creen que es posible una sociedad más cohesionada, con mayor libertad, con un ambiente mejor y más autónoma; y atreverse a hacerla realidad.
Los que hoy están beneficiándose de las injustas condiciones que tiene el país intentarán destruir nuestros planteamientos e invitación. Como otros o los mismos en 1988, dirán que no estamos listos, que no tenemos experiencia, que hay que mantener los equilibrios, que no es tiempo de cambios profundos, que somos demasiado optimistas, y hasta querrán denostarnos diciéndonos que somos unos soñadores.
Pero la gente que ganó con el sueño de la alegría, que quiere de verdad crecer con equidad, que quiere un cambio en paz y democracia, que se sabe autoridad y no está dispuesta a renunciar a su libertad, las mujeres y hombres libres de Chile se atreverán y harán realidad un Chile más libre, próspero, seguro y feliz.
Como ayer, nos unirá el sentido de comunidad que da la fuerza y la convicción para avanzar, para ponerse en movimiento, como personas y con organización.
A eso nos convocamos, en eso nos reconocemos como chilenos en la búsqueda del bien común, a eso nos atrevemos.
Chile, septiembre de 2008.
Firmantes:
Germán Acuña, Carlos Alarcón, Ignacio Arriagada, Osvaldo Artaza, Gabriel Ascencio, Juan Cáceres, Héctor Cariz, Carlos Carrasco, Ana María Correa, Raúl Donckaster, Rodrigo Durán, Héctor Escobar, Luis Escudero, Carlos Espinoza, Carlos Estrada, Natalia Friz, René Garcés, César Gómez, Wilfredo Gómez, Pablo González, Berta Jiménez, Natalia Lépez, Mario Lizana, René Lues, Miguel Moya, Jorge Palamara, Andrés Palma, Alex Quezada, Tamara Quijada, Oscar Ramírez, Paulina Reinoso, Álvaro Román, Daniela Román, Manuel Román, José Sabat, Esteban San Martín, Ricardo Sánchez, Christian Suárez, José Luis Suárez, José Miguel Torres, Marcelo Trivelli, Gonzalo Wielandt Young.
