Más claro que echarle agua

Valparaíso, 18 de enero del 2011

Compañeros

Comité Central

Partido Socialista de Chile

Presente

Estimados compañeros:

A las 22 horas de ayer la Comisión Política de nuestro partido, en una votación dividida, acordó respaldar en el Senado el proyecto de ley “sobre calidad y equidad de la educación” del ministro Lavín. A juicio de quienes sostuvimos el punto de vista minoritario, este proyecto más otras medidas anunciadas o ya puestas en práctica por el actual gobierno de derecha, debilita aún más la ya alicaída educación pública de nuestro país poniendo en riesgo la existencia misma de dicha educación estatal en un corto periodo de años.

Esta decisión, profundamente equivocada a mi juicio, viene a sumarse a otras igualmente desafortunadas: la aprobación del mal llamado “proyecto royalty” del gobierno, que a través de la invariabilidad tributaria adicional otorgada a las grandes empresas mineras, hipotecó por muchos años la posibilidad de que nuestro país, soberanamente, decidiera sobre la política tributaria aplicable a nuestra principal riqueza que es el cobre.

Muchos militantes de nuestro partido, y también de otros partidos de la Concertación, hemos venido, por más de una década, llamando la atención acerca de la marcada tendencia de nuestra coalición de adoptar políticas pragmáticas, alejadas de los valores y principios que motivaron su constitución; cada vez más parecidas a visiones conservadoras y neoliberales.

Criticamos en su momento la privatización desenfrenada de todos los puertos y de todas las empresas sanitarias. Igualmente, levantamos nuestra voz ante la estricta necesidad de impulsar una Reforma Laboral que le otorgara a la mayoría de los trabajadores chilenos efectivos derechos a sindicalizarse y negociar colectivamente. Nunca se llevó a efecto. Esto explica el que hoy exista apenas un 12% de trabajadores sindicalizados y que menos del 5% pueda negociar colectivamente.

Algo parecido ocurrió con las diversas propuestas que surgieron en el seno de la Concertación para llevar adelante una Reforma Tributaria de fondo, que hiciera más progresivo nuestro sistema impositivo y que permitiera aumentar la recaudación tributaria muy por sobre el esmirriado 17% del PIB que hoy existe. Siempre se desecharon estas propuestas, a pesar de la constatación de que aquellos países que habían logrado desarrollarse con equidad y justicia social, mostraban sistemas tributarios con una recaudación promedio del 30% sobre el PIB.

Nunca dejamos de valorar y apoyar aquellas políticas públicas que, como la implementación del “pilar solidario” de la Reforma Previsional, como la multiplicación de salas cunas y jardines infantiles, o como el otorgamiento de viviendas dignas a la mayoría de las familias sin casa, por ejemplo, tenían un claro contenido social y elevaban la calidad de vida de la gente más vulnerable de nuestro país.

Con todo, no dejamos de insistir que si estas políticas sociales no iban acompañadas de reformas estructurales más de fondo en el campo de los derechos laborales, de la educación, del sistema tributario, del reforzamiento del Estado, etc., difícilmente podríamos acometer con éxito la tarea de hacer de Chile un país más igualitario.

Y así fue. Perdimos el Gobierno y dejamos el país tan desigual como lo encontramos, a pesar de las variadas políticas sociales que pusimos en práctica.

No obstante lo doloroso que ha sido perder el Gobierno, muchos militantes y dirigentes críticos mantuvimos durante el año 2010 la esperanza de que la derrota enseñara; de que el remezón nos permitiera realizar una serena y profunda reflexión autocrítica.

No solo no estamos haciendo esta necesaria reflexión; la estamos escamoteando.

Peor aún, como opositores, estamos actuando con el mismo pragmatismo vaciado de vocación transformadora, con que muchas veces actuamos en los veinte años en el gobierno.

A pesar de que decimos tener conciencia de que Piñera encabeza una verdadera “Revolución Neoliberal”, y a pesar de nuestros discursos altisonantes en contra del gobierno, en la práctica vamos aprobando cada una de las reformas de corte neoliberal que la derecha impulsa.

De esta forma, las direcciones de los partidos de la Concertación se alejan cada día más de los centenares de miles de votantes que algún día le dieron su respaldo. Y no deja de preocuparme, porque este divorcio viene a ser una contribución – indeseada por cierto – a un proyecto de derecha tan profundamente distante de nuestros sueños y anhelos de siempre.

Desde mi personal perspectiva, siento que tengo también claras responsabilidades en la situación crítica que estoy describiendo. He sido parlamentario y dirigente por muchos años, y no caeré en la actitud fácil de culpar a los demás.

Sin embargo, tengo clara conciencia de haber expuesto en innumerables oportunidades, con las limitaciones que me son propias, frente al Partido y a la opinión pública, estas opiniones que hoy reitero casi con majadería.

Por lo mismo, en cuanto entiendo que mantengo sin solución discrepancias de fondo con la política del Partido, me ha parecido de un deber de coherencia elemental presentar mi renuncia a los cargos de dirección y a la militancia que mantengo en el socialismo chileno por casi veinte años.

Más allá de lo político – en lo estrictamente personal – me alejo con un sentimiento de tristeza; pero también de gratitud, que hoy quiero relevar, por el trato afectuoso y respetuoso que siempre recibí de mis camaradas.

Fraternalmente

Sergio Aguiló Melo

Senador Ignacio Walker P. Presenta Nuevo Sitio Web del PDC

http://www.pdc.cl

Hacer lo normal como algo excepcional

ACOMPAÑA DOCUMENTACION REFERENTE A ELECCION FRENTE JUVENTUD DC

TRIBUNAL SUPREMO PDC

Ricardo Sánchez Valdés, militante del Partido Demócrata Cristiano, miembro del Frente de la Juventud Demócrata Cristiana, con inscripción electoral en la comuna de Talca, abogado, domiciliado para estos efectos en calle Monjitas N° 454 oficina 207, comuna y ciudad de Santiago, correo electrónico rsanchez@donckaster.cl , al Tribunal Supremo del Partido Demócrata Cristiano de Chile digo:

La letra e) del artículo 12 del Estatuto del Partido Demócrata Cristiano establece que es derecho del militante “representar ante las instancias partidarias pertinentes, las conductas personales y/o los procedimientos orgánicos reñidos con los principios partidarios de modo que, unas y otros, sean materia de investigación y, eventualmente, de sanciones, de acuerdo a su gravedad”.

He tomado conocimiento de la Resolución N° 040-2010, de 22 de diciembre p. pdo., publicada en el sitio web institucional del PDC, que dice relación con “la gran variedad de impugnaciones, reclamaciones y denuncias presentadas por los apoderados de las listas en competencia” interpuestas con ocasión de la elección de la JDC, el día 21 de noviembre de 2010, y que en su totalidad fueron descartadas.

En la anterior consideración, he estimado procedente hacer llegar documentación al TS, que estimo serán de su interés.

I. ANTECEDENTES PREVIOS

En el caso de la lista encabezada por el camarada Esteban Vega Toro, se hizo una presentación que, en lo sustantivo, trataba acerca de lo siguiente:

1. Denuncia Irregularidades y solicita nulidad de resultados que indica:

Tal como constató el TS, múltiples fueron las irregularidades denunciadas. No obstante, en su Resolución N° 040-2010 no hizo mención a ninguna de ellas, desaprovechando la posibilidad de que toda la militancia tuviera claridad de lo denunciado, y de demostrar fidedignamente el análisis realizado por los jueces llamados a conocer del asunto.

Recordamos algunas denuncias a modo de ejemplo: en la comuna de Constitución, el recinto electoral dispuesto al efecto (y que al día de hoy aún se señala en la web institucional), era el Liceo de la comuna, pero que dicho establecimiento educacional estuvo cerrado, como señaló de forma telefónica, el Rector del recinto. A su vez, los militantes de la comuna de Maule, que según se dispuso debían votar en esa comuna costera, votaron en su propia comuna, sin haberse puesto en conocimiento de las listas, ni oficializado de forma alguna.

En el caso de Andacollo, la elección se realizó en el domicilio particular de quien era candidato a presidente comunal; en Lautaro, ni el recinto electoral ni el encargado electoral fueron habidos, sino hasta las 17:00 horas.

2. Solicita Corrección de Cómputos:

En dos comunas de la Región del Maule se han contabilizado mal votos: Molina y Talca, pero tampoco hubo pronunciamiento al respecto.

Corresponde profundizar sobre el caso de la comuna de Talca, en la que el resultado consta en un acta fotografiada por la apoderada de la lista encabezada por el camarada Esteban Vega, y firmada por todos los llamados a ello (vocales, apoderado y encargado electoral), cuyos resultados son muy distintos a los resultados “oficiales” entregados por la Secretaría Nacional del PDC.

3. Medios de Prueba:

Como en todo proceso jurisdiccional de una institución democrática y protegida por el manto del Estado de Derecho, se ofrecieron medios de prueba para acreditar al TS las irregularidades y vicios cometidos durante la elección de la JDC.

El TS “determinó que fuere necesario abrir un proceso de requerimiento de información a los delegados electorales”, esto es, a los mismos responsables de las irregularidades, los “que actuaron como primera y única instancia de control del proceso electoral”.

No conforme con ello, el TS transgrediendo normas básicas del debido proceso y con desparpajo, determinó que tenía “la convicción de que nada sustantivo podrá agregarse a los elementos que ya ha tenido en consideración para analizar el proceso electoral y sus resultados”.

Tampoco hay claridad de cuáles fueron los elementos que se tuvieron en consideración para analizar la elección, si el mismo TS señala “no siendo la mayoría de los casos el delegado electoral testigo presencial de los hechos denunciados ni haber tenido acceso a medios de prueba suficientes, su información no ha tenido la sustentación necesaria”.

Sin perjuicio de la probable vulneración a la ética profesional de quienes sean miembros abogados del Tribunal por obstaculizar que las partes pudieran acreditar los hechos, lo ocurrido deja a los jueces al margen de la norma del artículo 28 de la LOC de Partidos Políticos, ya que rechazan conocer las denuncias de que tiene conocimiento (y que incluso suponen).

4. Solicita Elección Complementaria:

El TS declaró en su resolución que efectivamente hubo lugares donde no se realizó la elección, pudiéndose haber implementado: la comuna de Calama (se trataba del distrito 3 completo) y la Región de Aysén. No se señaló que tampoco se realizaron elecciones, aún estando los materiales electorales para ello en los distritos 41 y 42.

No obstante eso, el TS no propone ninguna solución para resguardar el derecho de los militantes de esos lugares. Simplemente calla, al igual que aquellos tribunales cobardes que en dictadura no defendieron los derechos de los chilenos.

5. Se instruya causa disciplinaria:

Dadas las múltiples irregularidades, se solicitó al TS que se instruyera causa disciplinaria en contra de 7 (siete) camaradas individualizados, y de todos quienes resultaren responsables por la adulteración de registros de votantes y de firmas. Es un hecho que esto último no va a poder ocurrir, porque esos registros no existen o, injustificadamente, el TS no se pronunció de ellos, aún cuando expresamente fueron solicitados.

El TS no dio lugar a las denuncias “sin perjuicio de la facultad de este último para abrir de oficio causa disciplinaria por alguna de las denuncias, si estimare que existe mérito para ello”. ¿Cómo va abrir causa disciplinaria, si descartó las denuncias?, ¿están implicados todos los miembros del TS, si ya definieron que no hubo mérito para ello?, ¿si se sigue alguna denuncia y hay algún camarada sancionado, que ocurrirá con el resultado de esa elección?

II. DOCUMENTACION DE INTERES

Haciendo uso del derecho de acceso a la información pública, se solicitó formalmente al Rector del Liceo de Constitución, don Rafael Porras Labra, indicara si hubo algún proceso electoral en dicho establecimiento. La respuesta recibida dice, en lo pertinente:

“Sobre su consulta específica, si el día domingo 21 de noviembre de 2010 se realizó procedimiento eleccionario en las dependencias del Liceo, puedo señalar que NO hubo actividad de ese carácter o modalidad” (el destacado es suyo),

Por su parte, el día de la elección se obtuvo la siguiente imagen digitalizada del acta de la comuna de Talca, firmada por los apoderados y los vocales. No hay otra acta firmada por todas estas personas, quienes estuvieron todo el día en el recinto electoral.

Camaradas, es una lástima llegar a este nivel de inseguridad respecto de lo que pueda ocurrir en una elección de un Partido Político, y tener que preguntar a otras personas qué pasó u ocupar fotografías para comprobar lo ocurrido.

El TS es el llamado a resguardar los intereses de la militancia toda, y desterrar los intereses particulares y cupulares, no obstante los “costos políticos”, ya que es peor vulnerar la voluntad popular que ratificar las conductas espurias y hacerse cómplice de ellas.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en la letra e) del artículo 12 de los Estatutos del Partido Demócrata Cristiano,

AL TRIBUNAL SUPREMO PIDO, tener por acompañada la documentación señalada.

Los 25 de Shangai

Un comentario ético-jurídico acerca del viaje a China de 25 parlamentarios

Santiago, 11 de octubre de 2010.

La invitación de una empresa privada que ejerce un monopolio, AGUAS ANDINAS S.A., a 25 parlamentarios, a China, a la Expo Shangai, con todos los gastos pagados, ha sido considerada por la Comisión de “Ética y Transparencia” de la Cámara de Diputados como aceptable, ya que lo que se haría en el viaje es una actividad propia del quehacer parlamentario.

Aún cuando intentamos revisar el acta de fecha 30 de septiembre, de esa Comisión, esta no se encuentra publicada en la página web institucional, a diferencia de lo que sí ocurre en otras comisiones. De hecho, en todo este año legislativo, la Comisión de “Ética y Transparencia” no ha publicado ningún acta.

Sí está publicada la imagen digital del requerimiento de pronunciamiento hecho por el diputado Felipe Harboe, y la respuesta del Secretario de la Comisión antedicha, en la página web de ése parlamentario. En la respuesta de la Comisión, breve por lo demás, se establecen algunos criterios en que se fundó la decisión:

1. Que los Diputados son libres de aceptar cualquier invitación que tenga que ver con su “quehacer parlamentario”, incluyendo la “participación” en una feria internacional. No se señala qué tipo de participación ni dónde hay algún grado de interés público en su aceptación, ni nada que permita delimitar el concepto “quehacer parlamentario”. Sin embargo, la propia Comisión de Ética y Transparencia, estima que la invitación “tiene el interés de promover las acciones que la citada empresa realiza”.

Luego, la propia Comisión de Ética y Transparencia estima que impulsar las acciones de una empresa privada, cualquiera sea su naturaleza, es parte de la labor de nuestros congresistas.

De una lógica poco sistemática, si consideramos que el inciso cuarto del artículo 60 de la Constitución Política de la República, determina que ni los diputados ni senadores pueden ejercitar influencias ante autoridades administrativas o políticas, en favor o representación de empleadores o trabajadores, ni que actúen o intervengan en actividades estudiantiles. Luego, sí habría entonces un sector de la sociedad que podría verse beneficiado directamente por la participación, intervención o mera presencia de diputados: los empresarios.

De paso, se ha creado una función que se ha asignado por sí y ante sí la Cámara de Diputados (en la medida que no se la ha otorgado por la Constitución Política): la de promover acciones de empresas privadas.

2. Que la invitación no implica “comprometer el criterio del señor Diputado respecto de resoluciones que el futuro (sic) pudiera adoptar y que puedan afectar el interés de aquella”.

Al respecto, cabe señalar que el propio “Código de Conducta Parlamentaria” aplicable a la Cámara de Diputados, dispone que “no es suficiente la simple observancia de la ley; deben aplicarse también los principios de conducta y ética públicos”.

Tales principios están incluidos a su vez en el principio de probidad, el que consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Esa conducta, es exigible a todos cuantos ejerzan funciones públicas.

Así, por ejemplo, la Excma. Corte Suprema de Justicia de Chile, ha definido en el Autoacordado sobre Principios de Ética Judicial que todos sus funcionarios deben actuar con prudencia (“diligencia, tino y criterio en todas las materias en que le corresponda intervenir”), sobriedad (“demostrar templanza y austeridad tanto en el ejercicio de sus cargos como en su vida social, evitando toda ostentación que pueda plantear dudas sobre su honestidad y corrección personales”), y ha prohibido recibir estímulos pecuniarios “que excedan lo simbólico, por el ejercicio de sus labores , ya que ello, aparte de crear un ambiente público desfavorable a la función judicial en general, afecta seriamente la independencia e imparcialidad de esos funcionarios”.

La decisión de la Comisión de “Ética y Transparencia” no se ajusta a ninguno de estos principios ni criterios de sana crítica. De la lógica que se deja entrever, pareciera entonces que un funcionario fiscalizador del servicio de impuestos internos puede recibir invitaciones a cenar, por ejemplo, de contribuyentes respecto de los que ejerce su función.

3. Finaliza la comunicación del Secretario de la Comisión, agregando que se hace presente que “en futuros procesos de decisión en que se afecten intereses particulares de Aguas Andinas, sería conveniente que se abstenga de participar, si estima que sus actos pueden dar lugar a dudas sobre su imparcialidad”.

Este párrafo es especialmente controvertible. En primer término, la Comisión no se pronuncia respecto de que haya una causal de abstención de pronunciamiento, sino que lo deja a criterio del diputado (o más bien, de los 25 diputados), en la medida que es él quien debe estimar si se dan lugar a dudas o no.

Estimamos que el concepto “futuros procesos de decisión” debe ser entendido no solo respecto de la normativa reguladora del sector sanitario (la empresa presta servicios a 1.549.597 hogares), sino que también en el sector medio ambiental, tributario, comercial, urbanístico y tantos como ámbitos afectan los intereses de Aguas Andinas.

Además, haber aceptado esta invitación sin dudas puede inhibir la labor fiscalizadora que tiene la Cámara de Diputados, respecto del Ministerio de Obras Públicas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en la materia, al menos.

Consideramos del todo alejada del principio de probidad la decisión tomada por la Comisión de “Ética y Transparencia” de la Cámara de Diputados, la que se aparta de las normas que otros órganos del Estado se han dado y deja entreabierta una puerta para que empresas privadas puedan realizar otras invitaciones a viajes, hacer homenajes o hasta otorgar regalos a parlamentarios, en la medida que pueda ajustarse la actividad al amplio velo del “quehacer parlamentario”, que la Comisión ha creado, sin que los parlamentarios halagados vean disminuida su independencia, como sí se entiende puede ocurrir con otros actores del Estado.

RICARDO SÁNCHEZ VALDES