Estos días de Congreso hemos vivido un maravilloso proceso de reflexión, de debate democrático basado en las ideas, donde cada uno de nosotros, desde los más sencillos hasta los camaradas más connotados, a través de la opinión política hemos sido iguales.
Lamentablemente en las últimas horas, hemos visto con sorpresa distintas acciones que pretenden acallarnos.
A pesar de esto, en representación de hombres y mujeres que participamos en la comisión de políticas de género, queremos decir lo siguiente.
Si la Democracia Cristiana cree que la acción política tiene un sentido ético, entonces no podemos mantenernos en silencio frente a la grave vulneración de derechos humanos de la mujeres chilenas.
Si la Democracia Cristiana cree en la dignidad de todo ser humano por el hecho de ser persona, entonces debemos hoy comprometernos con los derechos humanos de las mujeres. Tenemos la obligación de pronunciarnos pública y enérgicamente en contra de todo tipo de acciones que atenten contra la vida y la salud de las mujeres.
Luchar por la justicia social también nos obliga a pronunciarnos y comprometernos a realizar todas las acciones políticas necesarias para aprobar el proyecto de ley de derechos sexuales y reproductivos y despenalizar el aborto terapéutico
En Chile el Aborto Terapéutico fue permitido por el Código de Salud desde 1931 hasta 1989, en este período, toda mujer cuya vida estuviera en peligro podía practicarse un aborto terapéutico, si contaba con la aprobación de dos médicos.
Es decir, durante el gobierno de quien fuera uno de nuestros fundadores y gran presidente de la república, Don Eduardo Frei Montalva, el aborto terapéutico se encontraba legalizado.
Fiel a sus principios y convicciones protegió la vida de mucha mujeres, haciéndose cargo de este grave problema de salud pública, como lo declara la organización mundial de la salud.
En 1989, la dictadura militar, como una más de sus intervenciones, eliminó la excepción del aborto terapéutico.
Las leyes contra el aborto terapéutico se encuentran en el Código Penal, bajo el título de “Crímenes y Delitos contra el Orden Familiar y la Moralidad Pública, caracterizándose como una de las legislaciones más restrictivas del mundo, siendo Chile uno de los 17 países que se ha negado sistemáticamente a su despenalización.
Se ha pretendido defender la penalización del aborto terapéutico argumentando que éste atenta contra el derecho a la vida. Sin embargo, el Estado chileno ha sido reconvenido en diversas oportunidades por organismos internacionales por mantener una legislación que atenta contra el derecho a la vida de las mujeres las que en determinadas circunstancias pueden verse expuestas a un riesgo vital y a sufrimientos innecesarios tanto físicos como sicológicos.
Debemos asumir las situaciones límites en que se encuentran las mujeres cuando existe riesgo para su vida, un grave deterioro para su salud o el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida, lo que hace necesario la reincorporación del articulo 119 del Código sanitario con las respectivas modificaciones al Código Penal.
A pesar de los avances de la medicina, seguirán existiendo embarazos de alto riesgo para la vida de las mujeres y malformación fetal severa.
El embarazo tubario ha ido progresivamente en aumento, en la medida que las mujeres han sufrido más enfermedades ginecológicas, especialmente de transmisión sexual, quedando sus trompas en peores condiciones.
Hacemos un llamado a este honorable Congreso, a que no pierda la oportunidad histórica de debatir este tema, considerando las consecuencias psicosociales que, para los hijos y la familia en general, produce la pérdida de la vida o de la salud de la madre, en el sentido que no sólo se destruye una familia sino que significa una experiencia traumática para los hijos, ya que deben sufrir la carencia afectiva de una persona fundamental en su proceso de desarrollo.
Que estemos hoy defendiendo el derecho a la vida y salud de las mujeres da cuenta que en Chile los hombres y mujeres no tenemos los mismos derechos.
El reconocimiento de esto nos hará un partido más grande, más consciente de la realidad social de quienes queremos representar.
Si queremos ganar votos, no tenemos que esmerarnos en la búsqueda de estrategias sofisticadas y costosas. Tenemos que atender el llamado de Maritain: usar nuestro poder para luchar por la justicia social, haciendo que aquellos que no somos iguales por construcción moral y social, tengamos igualdad real.
Con esto ganamos todos y todas, hombres y mujeres, distribuyendo las responsabilidades y derechos equitativamente. Luchar por los derechos de quienes están marginadas del derecho a la salud y a la vida no puede ser visto para los humanistas cristianos como una amenaza. Es más bien, una oportunidad, para construir un país en el que se instale la civilización del amor, mejorando la vida humana, haciendo posible que todos vivan en la tierra como hombres y mujeres libres.
Propuesta que no se pudo presentar en el plenario respecto de aborto terapéutico, aporte de Paulina Reinoso R.
