Al digitalizar la denominada "televisión terrestre" se podrían obtener más señales de televisión abierta utilizando la misma cantidad de aspecto radioeléctrico y con señales de mejor calidad que las actuales. Por lo mismo, podría flexibilizarse la principal barrera de entrada al mercado de la televisión abierta, cual es la extrema escasez de espectro radioeléctrico, con el fin que existan más empresas u operadores televisivos. Esto no es menor en un contexto de serias y múltiples críticas y quejas hacia la calidad del contenido de la actual televisión abierta chilena.
Por Federico Joannon*
La digitalización de las actuales señales analógicas de televisión abierta de libre recepción permitirá que éstas se transformen en "datos" y se desplacen como tales por el espectro radioeléctrico, utilizando así un menor ancho de banda.
En tanto bien nacional de uso público, muy escaso, el uso y goce del espectro radioeléctrico necesario para diversos fines (televisión, radio, telefonía móvil, etc.) es entregado por la autoridad pública a través de "concesiones".
Independientemente de la tecnología que escoja el Gobierno para materializar la mencionada digitalización de las señales televisivas (las denominadas normas europea, japonesa o norteamericana), una vez que alguna de ellas se implemente posibilitará que una señal de televisión abierta digitalizada estándar, que será siempre de mejor calidad que las actuales señales de televisión abierta analógicas, ocupe solo 1/6 del ancho de banda que hoy se necesita (1 megahertz en vez de 6 megahertz), lo que podría multiplicar por seis el número de canales abiertos existentes. Y si se quisiera que la señal fuera de muy alta definición, se requerirá 4/6 de lo actual (4 megahertz en vez de los actuales 6 megahertz).
Así las cosas, en principio al menos, al digitalizar la denominada "televisión terrestre" se podrían obtener más señales de televisión abierta utilizando la misma cantidad de aspecto radioeléctrico (y con señales de mejor calidad que las actuales). Por lo mismo, y también en principio, se relativizaría o flexibilizaría la actual principal barrera de entrada al mercado de la televisión abierta, cual es la extrema escasez de espectro radioeléctrico (en Santiago, por ejemplo, ya no caben más señales analógicas). De esta manera, podrían haber más empresas u operadores televisivos.
Esto no es menor en un contexto de serias y múltiples críticas y quejas hacia la calidad del contenido de la actual televisión abierta chilena.
Para implementar este avance tecnológico será necesario utilizar la banda UHF, donde aún hay bastante espectro disponible, por cuanto la banda VHF, que utilizan las actuales señales analógicas de televisión abierta (canales 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 13, en la Región Metropolitana) está completamente copada por éstas en varios lugares de Chile, y, por lo mismo, no hay espacio disponible para que se realicen en paralelo las transmisiones digitales necesarias para ir preparando e implementando la nueva tecnología. Esto, en un camino sin vuelta atrás que debiera culminar con el denominado "apagón analógico", momento en el cual la banda VHF volverá - su uso y goce - nuevamente a todos los chilenos, para su posterior asignación a otros fines (todo indica que ajenos a la TV).
Como los actuales concesionarios de televisión abierta de libre recepción tienen un derecho de propiedad sobre sus concesiones vigentes de TV en banda VHF, asignadas hace ya tiempo por el Estado en sus actuales señales (operadas con tecnología analógica), es necesario legislar para que sea la propia ley quien les cambie o reemplace sus frecuencias por otras, en adelante en la banda UHF, a operarse exclusivamente con tecnología digital.
Esta es, en estricto rigor, la única materia imprescindible de legislarse para poder materializar la digitalización de la televisión terrestre: una norma obligatoria que establezca el sistema de reemplazo -y su obligatoriedad y los plazos- de las actuales señales concesionadas en banda VHF, a otras señales o frecuencias equivalentes ahora en la banda UHF, una vez ocurrido el denominado apagón analógico de la televisión abierta (esto es, cuando los actuales concesionarios ya no puedan seguir transmitiendo en sus actuales señales VHF).
Entretanto no ocurra este "apagón", la autoridad administrativa, sin necesidad de ley alguna, está perfectamente facultada para "prestarles" a los actuales concesionarios alguna(s) señal(es) transitoria(s) en banda UHF para que, en coexistencia con sus señales VHF, puedan paulatinamente implementar la migración a la nueva tecnología digital. Así ocurrió, por ejemplo, con la transmisión del partido de fútbol entre Chile y Venezuela, que Canal 13 transmitió paralelamente en ambas tecnologías, gracias a una frecuencia en banda UHF que le facilitó al efecto la Subtel.
En cuanto a qué debe entenderse por equivalencia de señales o frecuencias (entre lo ya concesionado por los actuales canales de televisión abierta en banda VHF y lo que se les debe entregar, en reemplazo, en banda UHF), lo natural y obvio sería que le ley remplazara el actual ancho de banda, que se requiere para transmitir hoy televisión abierta analógica, esto es, 6 megahertz, por el ancho de banda necesario para transmitir televisión abierta digital, esto es, 1 megahertz (ó 4 megahertz si se aspira a televisión de altísima definición, cuestión de por sí discutible). Si así se hiciere, los actuales canales de televisión quedarían en una posición perfectamente equivalente a la actual, pudiendo desarrollar su negocio televisivo en condiciones análogas a las que ahora tienen. Y el excedente de espectro radioeléctrico en banda UHF podría concesionarse a varios nuevos actores para este mercado.
Sin embargo, con la excusa de aprovechar la ocasión para solucionar problemas legales pendientes (como la coexistencia de distintos regímenes de concesiones televisivas, unas indefinidas y otras a plazo fijo; la necesidad de revisar las atribuciones del Consejo Nacional de Televisión, y la conveniencia de entregar más dineros concursables), o para arreglar problemas técnicos por venir (como la limitante de que los actuales transmisores de televisión digital permiten administrar paquetes de a 6 megaherts y no de menos ancho de banda), todos los cuales podían abordarse a través de otros proyectos o mecanismos, el Gobierno de Chile -encabezado al efecto por su ministro de Transportes y Telecomunicaciones- envió para su tramitación al Congreso Nacional un Proyecto de ley misceláneo denominado ladinamente "Proyecto de Ley que Permite la Introducción de la Televisión Digital Terrestre", el cual va mucho mas allá de lo necesario para esta implementación.
En efecto, este proyecto de ley, con distintas elipsis, paráfrasis y excusas, además de posibilitar la digitalización comentada (que -como se ha visto más arriba- debería significar la ampliación del actual mercado televisivo), lo que busca es impedir que entren nuevos actores al mercado de la televisión abierta, en la cantidad y en las condiciones de poder competir realmente con los actuales concesionarios, mantiene artificiosa y perpetuamente barreras de entrada al mercado de la televisión abierta, y mejora hacia el futuro el negocio a los actuales concesionarios, entregándoles un ancho de banda superior al equivalente que hoy tienen y permitiéndoles que utilicen sus concesiones televisivas para otros fines diferentes (transporte de datos, en general. Por ejemplo, telefonía y acceso a Internet). Todo esto, por supuesto, a menos que el Proyecto de Ley sea profundamente modificado y mejorado durante su tramitación en el Parlamento.
Detrás del contenido del Proyecto del Ejecutivo subyace la equivocada visión de que, como hacer televisión abierta es caro y de muy difícil financiamiento, lo mejor para el país sería fortalecer a los actuales pocos concesionarios del mercado televisivo ("malos pero nuestros", y quienes "conocen" del negocio), y no debilitarlos a través de la entrada de nuevos actores. Adicionalmente, y con la expectativa de que mejoren sus contenidos televisivos, se les quiere dar la posibilidad de que con sus concesiones hagan otros negocios paralelos (lo que la tecnología digital permitirá), y, además, se pretende otorgarles más dinero público a través de concursos para financiar programas de televisión.
*Federico Joannon es abogado y miembro del directorio de El Mostrador.
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