9/22/2006

Invitación eucaristía Pascua de Juan Alsina

I N V I T A C I Ó N
“Quítame la venda de los ojos para darte el perdón…”
El Movimiento Obrero de Acción Católica M. O. A. C. de Santiago, invita a uds, a la conmemoración del 33º aniversario de la Pascua de quien fuera nuestro asesor, el padre “Juan Alsina”. También de los trabajadores del hospital San Juan de Dios, que fueron muertos junto a Juan y a los Sacerdotes caídos en tiempos de dictadura.La Eucaristía se celebrará el día domingo 24 de septiembre de 2006, a las 16:00 horas en el Santuario del puente Bulnes, lugar del sacrificio.
“Como trabajadores comprometámonos a recuperar nuestra memoria histórica”

EL MERCADO DEL TRABAJO Y LAS NORMAS LABORALES

Por: José Castro C., Abogado


La evidencia empírica prácticamente no deja hoy espacio para afirmar que el funcionamiento de los mercados de trabajo sea indiferente a la forma en que se generan las normas laborales, a su contenido y a la extensión de las mismas. Así, la existencia y monto de indemnizaciones al término de la relación laboral, la forma y el nivel en que se desarrolla la negociación colectiva, las características que contenga el ejercicio del derecho a huelga, el monto del salario mínimo son, entre otras, regulaciones que tienen impacto en el funcionamiento de los mercados del trabajo.

No obstante lo señalado, es menos evidente y más discutida la determinación sobre la real incidencia de las diversas opciones normativas, los efectos inmediatos y a mediano y largo plazo de cada una de ellas, y las consecuencias que, cualitativa y cuantitativamente, pueden proyectar esas normas sobre el funcionamiento de los mercados de trabajo, en el contexto de cada ordenamiento jurídico en particular.

Los modos en que se perciben las normas laborales desde la ciencia económica convergen, en general, en dos matrices paradigmáticas. Desde una primera perspectiva, los mercados de trabajo se equilibran mediante ajustes de cantidades, oferta y demanda de trabajo, o de precios, o de unas y otras, y funcionan mejor cuanto más rápido esos ajustes respondan a los cambios en los mercados de los bienes finales o frente a situaciones de crisis. En esa línea, las regulaciones laborales se pueden percibir como factores de interferencia que perturban la espontánea adecuación de oferta y demanda en el mercado y, en concreto, como costos que deben controlarse y limitarse.

Desde una segunda perspectiva las normas laborales, con su contenido eminentemente protector, suplen otras funciones relevantes en el sistema productivo como, por ejemplo, el compromiso y la motivación de los trabajadores, las formas de gestión participativa, el incentivo a la inversión en capacitación, la mejora del capital humano, etc. Esta percepción de las regulaciones laborales se vincula con criterios de gestión de recursos humanos, tendientes a su máximo desarrollo como ventaja competitiva.

Ambas percepciones traducen modos de contemplar las normas y otras regulaciones laborales desde la ciencia económica y, en su caso, desde la gestión de recursos humanos. Otra es la orientación eminentemente social que inspira al Derecho del Trabajo, como disciplina jurídica especial y autónoma. La perceptible circunstancia de que quienes participan de cada una de estas orientaciones del pensamiento económico vuelcan sus énfasis sobre aquellos efectos de las normas laborales que constituyen la natural derivación de sus respectivas concepciones, tiende a ocultar la compleja significación práctica de esas regulaciones, así como el carácter también complejo del modo en que ellas actúan sobre los mercados de trabajo.

En efecto, es posible que en determinadas condiciones las normas laborales y los costos que de ellas derivan puedan interferir en la acción de los mercados tendiente a ajustarse en precios o en cantidades, o en ambas. No obstante, desde otro ángulo, la ausencia o insuficiencia de determinados estándares mínimos, pueden afectar el funcionamiento de los mismos mercados o, en su caso, de los procesos de producción, en tanto aquellas carencias desalientan la introducción de mejoras y diversificación de las competencias, el establecimiento de relaciones laborales cooperativas, una mayor creatividad en el trabajo, la incorporación de tecnología, una disminución de la conflictividad, etc., todo lo cual afecta las ganancias en términos de calidad, productividad y aptitud competitiva.

Esta compleja contextualización de las normas laborales sugiere que las decisiones relativas a su creación, modificación o supresión, deben tener en cuenta sus diversas implicancias en términos de su significación económica, de sus proyecciones sobre el mercado del trabajo y el empleo, y de las necesidades de protección laboral, expresión esta última de la finalidad histórica de las normas laborales. Se trata de reconocer lo que algunos autores han llamado la “configuración tripolar de las normas laborales”, resultado de la cual cada institución jurídica laboral debe expresar el punto óptimo de equilibrio entre su faceta de protección, sus modos diversos de vincularse con la economía y el sistema productivo, y su incidencia sobre el mercado del trabajo y el empleo.

Como una forma de graficar lo recién expresado, podemos afirmar que los estándares normativos de seguridad en el empleo deben ser tan flexibles, como para no obstaculizar el ajuste de los planteles a la evolución de los mercados de productos, pero también tan consistentes como para sostener el compromiso y motivación de los trabajadores, reducir los costos de transacción, estimular la inversión en capacitación profesional, y poner límites a la excesiva rotación de mano de obra.

Los procesos de modernización productiva requieren cierta seguridad en el empleo que, además de su significado tutelar, justifique inversiones y esfuerzos de formación y capacitación y, al mismo tiempo, cierta flexibilidad que además de su aptitud de ajuste, permita reclutar en el mercado ciertas calificaciones de las que internamente no se dispone.

En consecuencia, y cuando cada cierto tiempo se escuchan en nuestro país voces que demandan una mayor flexibilidad laboral, podemos afirmar que la normativa laboral no tiene por qué abandonar su carácter eminentemente protector. Muy por el contrario, lo que hay que discutir actualmente es cómo ese fin tutelar se manifiesta hoy en día, en el contexto que vivimos y con los cambios que el mundo permanentemente está experimentando.

9/11/2006

HOMENAJE A QUIENES NOS TRAZARON EL CAMINO DE LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA.

Por medio de la presente publicación, queremos hacer un sentido homenaje, a nuestros camaradas, quienes con gran valentía se atrevieron a condenar, el quiebre de nuestra institucionalidad democrática por medio de la violencia, ocurrido hace exactamente 33 años.


DECLARACIÓN POLÍTICA (texto íntegro)

"Hoy, 13 de septiembre de 1973, los abajo firmantes, dejando constancia de que esta es la primera ocasión en que podemos reunirnos para concordar nuestros criterios y explicitar nuestra posición política, después de consumado el golpe militar de anteayer, venimos en declarar lo siguiente:

1) Condenamos categóricamente el derrocamiento del Presidente Constitucional de Chile, señor Salvador Allende, de cuyo Gobierno, por decisión de la voluntad popular y de nuestro partido, fuimos invariables opositores. Nos inclinamos respetuosos ante el sacrificio que él hizo de su vida en defensa de la Autoridad Constitucional.

2) Señalamos que nuestra oposición a su gobierno fue siempre planteada para preservar la continuidad del proceso de cambios que tuvo el honor de iniciar en nuestro país el gobierno de la Democracia Cristiana y al mismo tiempo para impedir su desviación antidemocrática. Mantenemos en todas sus partes las críticas que en dicho contexto formulamos al gobierno de la Unidad Popular y al Presidente Allende. Reiteramos, por eso mismo, que, en conformidad a nuestras convicciones personales y a las repetidas determinaciones de la Democracia Cristiana, jamás tuvimos otra actitud parlamentaria o particular que no fuera la oposición dentro del cauce democrático destinada a obtener la rectificación de los errores cometidos por el gobierno del Presidente Allende e impugnados por nosotros.

3) La falta de rectificación, que en definitiva nos llevó a la tragedia, es responsabilidad de todos, Gobierno y Oposición, porque el deber de mantener una democracia no puede ser eludido por nadie. Pero a nuestro juicio hubo quienes tuvieron mayor responsabilidad.

En primer lugar, el dogmatismo sectario de la Unidad Popular, que no fue capaz de construir un camino auténticamente democrático para el socialismo adecuado a nuestra idiosincracia. Especial condenación merece la irresponsabilidad de la ultraizquierda.

En segundo lugar, la derecha económica que, con fría determinación, aprovechó los errores de la UP para crear un clima de tensión, de ceguera y de pasión política que, unido a lo anterior, hizo imposible un consenso mínimo al descalificar a quienes lo buscábamos con objetividad y con cordura.

4) Estos sectores extremos alienaron psicológicamente a la opinión pública e incluso a numerosos dirigentes políticos y jefes militares, creando la sensación falsa de que no había otra salida para la crisis chilena que el enfrentamiento armado o el golpe militar. Reiteramos hoy, igual que siempre, nuestra convicción profunda de que, dentro de los cauces democráticos, habríamos podido evitar en Chile la implantación de un régimen totalitario, sin necesidad de pagar el costo de vidas y los excesos inevitables en las soluciones de fuerza.

5) La Junta Militar ha manifestado su intención de restituir el poder a la voluntad del pueblo y respetar las libertades públicas. Esa intención la recogemos como positiva para la restauración democrática y la paz social y esperamos que se cumpla sin demora al tenor de las declaraciones formuladas.

6) En cuanto a nosotros, consideramos que nuestra suprema responsabilidad en esta hora, la que asumimos por encima de toda otra consideración, reside en proseguir la lucha por los principios de la Democracia Cristiana y por la restauración de la democracia chilena, fuera de la cual aquellos carecen de vigencia. Los hechos que hoy lamentamos señalan que sólo en libertad, sustentada por la mayoría del pueblo y no por minorías excluyentes, se puede aspirar a la transformación humanista y democrática de Chile que constituye nuestra meta y fortalece nuestra voluntad.

Firman:

Bernardo Leighton Guzmán, Diputado, Ex-ministro, Ex-vicepresidente de la República

Ignacio Palma Vicuña, Ex-diputado, ex-ministro, ex-presidente del senado

Renán Fuentealba Moena, Senador, ex-diputado, ex-delegado de Chile a las Naciones Unidas

Radomiro Tomic Romero, profesor universitario, ex-diputado, ex-senador, ex-embajador

Fernando Sanhueza H., Diputado, ex-presidente de la Cámara

Sergio Saavedra, diputado, ex-intendente de Santiago

Claudio Huepe G., diputado, ex-Intendente de Arauco

Andrés Aylwin Azócar, diputado

Mariano Ruiz-Esquide, diputado

Jorge Cash M., profesor, periodista

Jorge Donoso, abogado, publicista

Belisario Velasco, economista, ex-gerente de la Empresa de Comercio Agrícola

Ignacio Balbontín, sociólogo, profesor universitario

Florencio Ceballos, abogado, asesor sindical

Waldemar Carrasco, diputado

Marino Penna, diputado."

9/07/2006

Corregir lo malo del modelo

Lunes 7 de agosto de 2006.

Señor
Andrés Velasco Brañes
Ministro de Hacienda .
Teatinos 120 piso 12

Santiago.

De nuestra consideración :

En un momento excepcional para la economía chilena nos hemos informado de su plan “Chile Compite”.

Nos llama la atención estas medidas que, en la práctica, son inversamente proporcionales a las amplias capacidades del país para hacer frente a los problemas económicos y sociales de vastos sectores de chilenos.

Es más, nos preguntamos porqué los tecnócratas, muchos economistas, sectores de derechas y también concertacionistas hacen aparecer como un problema, para la buena marcha de la economía, la demanda de justicia social.

Seguramente seguirán apostando a la apatía e indiferencia de la gente, asumiendo ante la historia que, cuando ésta pase de la impotencia a la convulsión social, no habrá oportunidad de salvar lo bueno y corregir lo malo del modelo, adaptándolo a nuestra realidad e idiosincrasia.

Desde hace años que el país muestra equilibrios financieros más que sólidos, incluso antes de que el cobre se comenzara a cotizar a los niveles actuales. Desde el año 2000, comenzamos a tener crecientes exedentes comerciales, la inflación se estabilizó a niveles apenas por encima del 2%, viniendo de guarismos del 6 %,7% o más.

En 2004 el Banco Central terminó de bajar la tasa de interés de referencia hasta situarla en 0%, e incluso negativa, en términos reales. Con todo lo que ha subido desde ese entonces, la tasa real no supera el 1,5% anual. Por su parte el fisco comenzó aplicar su regla de superávit estructural, de manera que las cuentas del Estado, medidas a precios normales de partidas claves, empezaron a entregar un exceso de ingresos sobre gastos equivalentes al 1% del PIB.

De esta manera, hace mucho tiempo que pudieron haberse implementado programas que reincorporaran a la pequeña y mediana empresa en la economía chilena y hace mucho tiempo que se pudo dar mejores perspectivas a la clase media y trabajadores dependientes de ella.

En efecto, la sigla Pyme, de hecho, minimiza la importancia del sector. Este representa toda la economía que no gira exclusivamente en torno a las grandes empresas; son todas las farmacias de barrio, almacenes, fábricas, reparadoras, los profesionales y técnicos independientes en general. Económicamente en torno a ese sector se mueve el 83% de la fuerza de trabajo y ellos son el 24% de la economía.

Las Pymes son la base para una distribución más equitativa del ingreso y son determinantes para el propio crecimiento de una economía de bases sólidas. Por eso que, el no haber considerado a este sector, tuvo como consecuencia para el país un bajo crecimiento, desempleo y una mala distribución del ingreso.

Resulta evidente que la autoridad debió tomar las medidas que permitieran a este sector participar plenamente en el desarrollo del país. Pero no se hizo nada significativo, salvo algunos intentos que fallaron por ser demasiado modestos y estrictos.

Equivocadamente, las autoridades de la época consideraron que el ambiente de crisis de la economía chilena todavía perduraba, y también erradamente creyeron que la economía del país podía repuntar sin poner atajo a la destemplada concentración económica y sin reinsertar en la economía y las corrientes crediticias a las pequeñas y medianas empresas.

Se pensó en forma extremadamente ligera, como lo revelan las porfiadas cifras, que fácilmente las Pymes podrían superar la draconiana realidad de altísimas tasas de interés, excesivo endeudamiento y dificultades para encontrar mercados, y correrían paralelamente a las grandes empresas para sustentar el crecimiento - que justamente aspiran todos los chilenos - de 7 % o más .

Los que suscribimos esta nota nos sentimos en la obligación de desarrollar programas profundos y sólidos de reinserción en la economía de los desplazados. Con especial énfasis asumimos la defensa y apoyo de los productores internos; sobre todo cuando estamos condicionados por un proceso de globalización que no controlamos y donde la competencia es más exigente, cuando no desleal.

Nuestras autoridades no actuaron en beneficio de las Pymes, sino llegaron al absurdo de distraer ingentes recursos estatales hacia grandes empresas y conglomerados; como fueron los millonarios subsidios en dólares que entregó CORFO a Lan y Ripley.

Los afectados por el olvido suman millones, y gran parte de ellos engruesan el DICOM, sea el histórico o el actual, y se sustentan como pueden ya que tienen vedado el acceso al crédito, que es el elemento esencial para poder operar económicamente. A los que todavía pueden recurrir a los préstamos les cobran altísimas tasas de interés en los bancos, y todavía más altas en los factoring, muy por encima del valor de escasez dictado por el Banco Central.

Entre los más lesionados están los pequeños productores agrícolas, los pescadores artesanales, los pequeños mineros, todos los cuales merecen atención, quienes fueron excluidos económicamente quedaron socialmente marginados sin visualizar un futuro digno para sus hijos y sin perspectivas de progreso en base a sus pequeñas propiedades que en un sentido profundo representan las raíces mismas de Chile.

Antes de mencionar siquiera otras aspiraciones, queremos detenernos en el endeudamiento de las Pymes, ya que condiciona el éxito que puedan tener las medidas de apoyo que las sucedan. Con alta deuda, amenazas de embargo y sin crédito, no habrá programa de capacitación y asociatividad que surta efecto.

Ignorar las posibilidades productivas y rentables gracias a este mayor precio del metal, es simplemente mortal. Coincidimos que esos recursos no se deben derrochar pero insistimos en que – una parte de éstos- se deben invertir, entre otras cosas en medidas como las que proponemos más adelante, para expandir el horizonte de vida de millones de chilenos y para acelerar el débil crecimiento económico del país.

En suma, invertirla donde la tasa de retorno social de esa inversión supere la miserable tasa de interés que tales recursos devengarían en caso de convertirse en reservas internacionales. No hacerlo es similar a una persona pobre que se sacara la lotería y que en lugar de invertir la plata en educación para sus hijos, en una vivienda y herramientas de trabajo, la ahorrara en el Banco Estado para gastarla mas adelante, sin saber cuando, continuando con su vida mediocre.

Si se insiste, con el pretexto de que este ingreso es transitorio y en que no puede moverse ninguna variable fundamental, significaría que cualquier sensibilidad social y moral, a las que somos afectos, será sistemáticamente ignorada. Se está aplicando una política económica subóptima, no obstante la abundancia existente. En los hechos, con esta visión estamos condenados, pese al actual precio del cobre, a crecer al 4,5% como lo dicen las cifras últimas de Imacec. Si no contáramos con la bonanza del cobre creceríamos sólo entre el 2 % y el 3%, como en el período 1999-2003.

Invertir en los pequeños y medianos productores y en el endeudamiento de las personas, es rentable señor ministro: Eleva el crecimiento del PIB.

Más que nunca, es necesario hacerlo ahora, ya que desde hace meses el bajo crecimiento económico refleja el agotamiento de varios puntos de la política seguida actualmente y esta corrección, eleva la recaudación fiscal por mayor actividad, aumenta el empleo, y mejora la distribución del ingreso.

Nada sacaremos señor ministro, guardando toda la plata extra del cobre, si millones de personas siguen fuera de lo que usted puede considerar una economía maravillosa.

De no hacerlo, en un futuro no muy lejano, otro ministro deberá usarla en pensiones asistenciales y ayuda alimenticia.

Para nosotros, señor ministro, las únicas medidas aceptables iniciales a la luz de la realidad de millones de personas y de las posibilidades reales de Chile-que por cierto incluye el precio del cobre y los excedentes derivados de ello- son las siguientes:
  1. Iniciar un programa masivo de reprogramación a largo plazo de todas las deudas pequeñas y medianas, incluidas la deuda de las Pymes y de las personas con la banca por un monto tope, ya que mucha deuda de consumo, de tarjetas bancarias e hipotecarias, incluye obligaciones que en realidad son de pequeñas y medianas empresas. Gustosamente nuestros técnicos pueden hacerle llegar sugerencias sobre las formas concretas de hacerlo, así como una estimación de los costos tanto pecuniarios como morales y de su factibilidad.
  1. Apoyo crediticio para que los pequeños y medianos empresarios reprogramen en un largo plazo razonable la deuda previsional morosa.
  1. Condonación de 100% de capital, intereses y multas de las deudas tributarias impagas hasta por un monto tope. El costo de esta medida es cero, ya que seguir anotándolas en los activos es ilusorio, puesto que no podrá ser pagada.

Por supuesto que esto no es suficiente. Si no se toman posteriormente otras medidas de fondo, para implementar una verdadera economía social de mercado, se corre el riesgo de que la aflictiva situación actual pueda volver a ser una realidad.

Estamos conscientes de eso, y sin perjuicio de las políticas y programas que la autoridad pueda generar con sus equipos e instituciones especializadas, tenemos preparadas proposiciones de política conducentes a consolidar el sector socialmente más importante del país: La clase media.

En suma lo que hace falta es que todo el Estado que sea necesario se vuelque decididamente a apoyar, facilitar, incentivar y respaldar la actividad productiva de cientos de miles de pequeños propietarios, creando condiciones de real oportunidad e igualdad para todos los chilenos. El resto dejémoslo a la responsabilidad y libertad de emprender de todos los que quieran participar en la construcción de un Chile más justo y solidario.

Fundamental para tal objetivo es encarar a fondo la crisis educacional y ser capaces de revisar y reordenar la estructura y el sistema actualmente vigente. Sin complejos políticos ni ideológicos y, por cierto, decididos a invertir preferentemente en este otro gran objetivo del Estado chileno.

Señor Ministro los parlamentarios firmantes somos Demócrata Cristianos y representamos a millones de compatriotas que han confiado en nosotros, en la democracia, en nuestra visión de la sociedad y en la convicción que nos mueve a actuar en política.

Nos da la impresión que para los defensores de este modelo económico de mercado a secas, y que a estas alturas son transversales al espectro político nacional, la democracia y la política son obstáculos para el progreso como ellos lo conciben.

Considerando lo anterior es que creemos de primer interés para los chilenos el abrir un debate sobre qué futuro queremos para nuestro país devolviéndole vigor a la democracia y credibilidad a la política.

Es por eso que este planteamiento, además, lo hemos puesto a disposición de la Comisión Económico Social del Partido, sabiendo que en su seno la discusión sobre crecimiento económico y justicia social está presente desde que fuera creada.

Le saludan atentamente,

Carlos Olivares- Alejandra Sepúlveda- Gabriel Ascencio

Jaime Mulet- Carolina Goic- Jorge Sabag

Eduardo Diaz- Pedro Araya- Sergio Ojeda

Renán Fuentealba- Mario Venegas- Pablo Lorenzini

Vanguardia Social-comunitaria

Contra el desamparo social del Neoliberalismo

La continuidad de la lucha contra la dictadura es a partir de la década de los 90 la lucha contra el neoliberalismo.

La concertación ha administrado el desamparo social que caracteriza el modelo neoliberal, desamparo social que en la actualidad alcanza niveles catastróficos en daños humanos, morales, sociales, ambientales y materiales. El Estado neoliberal que ha gobernado la concertación, no sólo renuncia a asumir responsabilidades sociales, sino que también se ha esforzado en ignorar y fragmentar la comunidad organizada; con excepción del intento del gobierno del Presidente Camarada Aylwin, frustrado por el tribunal constitucional a petición de la derecha, en recuperar el estatus político y social de las juntas de vecinos en 1992. A esto se agrega algo aún más perverso que el Estado neoliberal no disimula la defensa de los intereses particulares de los más poderosos. Ante este escenario dominante y amenazante, la democracia cristiana no tiene otra alternativa que alzarse como voz y defensora de los más débiles.

No podemos ignorar que los primeros cuatro años de transición fue un proceso de democratización, sin embargo, dicho proceso fue superado por el privilegio de la modernización neoliberal, del autoritarismo neoliberal y hoy en día el mantenimiento del neoliberalismo, tratando de implementarle algunos ajustes sociales y asistenciales. Todo este proceso de justificación del neoliberalismo y de su desamparo social se sustenta en el populismo centrista que sostienen algunos dentro del conglomerado concertacionista. Este populismo centrista consiste en postular la culminación de las transformaciones neoliberales faltantes y que el gobierno militar no fue capaz de generar o bien de legitimar. Los que creen y han basado su actuar político bajo el paradigma del populismo centrista creen que con el desarrollo pleno del mercado se logrará la armonía del consenso social y han instalado en el discurso que la amenaza de los enfrentamientos de clase se ha desplazado para siempre, ignorando las crisis sociales que se cultivan y circulan soterradamente en la sociedad chilena producto del desamparo social.

La democracia cristiana no puede seguir siendo cómplice del actual modelo socioeconómico neoliberal y político de democracia insuficiente, debemos como demócratas cristianos elaborar estratégicamente la corrección del modelo para gradualmente transformarlo en un modelo de compromiso social y comunitario. De compromiso social, porque el Estado debe asumir, de una vez por todas, responsabilidad social en seguridad social, educación, sustentabilidad urbana, generación de energía y explotación de recursos naturales, entre otros. De compromiso comunitario, porque el Estado y el mercado por si solos no son suficientes en la producción de la vida social ni mucho menos de la vida democrática, por lo tanto, es imprescindible implementar en una nueva promoción popular que constituya una comunidad organizada como una verdadera autoridad y poder social jurídicamente organizado, específicamente en lo que respecta a la representación territorial comunitaria a través de las juntas de vecinos y paralelamente la representación funcional comunitaria a través de los consejos económicos y sociales. Ambas organizaciones de representación a partir de las unidades vecinales como unidades mínimas de representación en el territorio de la comuna, reproduciéndose social-administrativamente a través de las comunas, provincias y regiones hasta el nivel nacional.

Para este proyecto, a la democracia cristiana no le es suficiente una alianza política, sino que la complementación de una alianza social representada por las organizaciones comunitarias, sociales, sindicatos y pequeña empresas, en la cual se asuma compartir la elaboración de un proyecto nacional y popular, el cual proponga una vida de valores democráticos sujeta a un nuevo orden constitucional de orientación social-comunitaria.

El reemplazo del Estado neoliberal por un Estado de compromiso social-comunitario no es más que asumir la tarea moral de amparo de los más pobres y débiles del pueblo de Chile y sobretodo de toda la comunidad nacional, cuyas organizaciones sean una instancia de representación verdadera y una columna del bien común.

A partir de esto es necesario afirmar que el más grave error político de la concertación desde la perspectiva del comunitarismo fue y es que los ciudadanos y la civilidad pierden el control para determinar sus vidas ante la amenaza del mercado y la ausencia del Estado, ya que la pérdida de la comunidad es la pérdida de la democracia, o sea, la concertación también ha contribuido, quizás no intencionadamente, pero si de modo real, en un proceso de desdemocratización real de la sociedad chilena.

Este error, más aún que la entrega de los recursos naturales a empresas transnacionales, es el que determina la configuración de una sociedad individualista, muchas veces impotente de luchar por derechos públicos y en consecuencia, por el bien común.

La incapacidad de la sociedad de consagrar un orden constitucional fundado en derechos fundamentales comunitarios, aunque por cierto debido al amarre institucional, tiende a la polarización y desintegración que oculta las crisis sociales, pero que tienden a explotar repentina e impredeciblemente.

El gran desafío, entonces, de la democracia cristiana y por cierto de la concertación como sentido de existencia es la realización de un modelo de compromiso social-comunitario que reemplace gradualmente el modelo neoliberal actual.

El ser histórico del Partido Demócrata Cristiano en América Latina responde a un movimiento de vanguardia social-comunitaria, al anticiparse a las transformaciones y a los procesos sociales, por cuanto no consiste o no es un mero partido de centro y reformista condescendiente con el neoliberalismo, sino que un movimiento, cuyo proyecto político es la construcción de la sociedad comunitaria, trascendiendo las izquierdas y derechas formales y alzando el humanismo por sobre el neoliberalismo.

La incubación de la crítica a los gobiernos de la concertación, a la luz del pensamiento de Jean Jacques Rousseau en su libro: El Contrato Social”, nace de que con razón o sin razón, producto de una supuesta razón de Estado o de un determinado Estado de Derecho, o bien del Estado democrático de transición se ha dispuesto siempre a sacrificar al pueblo y no al gobierno en vez de sacrificar al gobierno y no al pueblo. Esto quiere decir que el cuerpo artificial por el cual los gobiernos de la concertación han actuado pertenece a la obra de la dictadura militar, por lo tanto, los gobiernos de la concertación han tenido una vida prestada y subordinada a la matriz constitucional e institucional heredada y que se expresa en garantizar el Estado neoliberal como modelo socioeconómico y político, sin embargo, no se ha tomado en cuenta que el estar insertos en un cuerpo artificial no impide obrar con más convicción, voluntad política y vigor a favor de una mejor salud social, es decir, si bien los gobiernos de la concertación no pueden independizarse absolutamente del cuerpo artificial que heredaron, podrían perfectamente separarse según el modo de organización establecido. En esta línea, la concertación y sus partidos miembros debemos entender que el “mejor gobierno convirtiese en el más vicioso si sus relaciones no se modifican de acuerdo con los defectos del cuerpo político al cual pertenece” (Rousseau, El Contrato Social). Ello corresponde entender que en una legislación perfecta, la voluntad individual debe ser nula, la voluntad del propio gobierno subordinada y por consiguiente, la voluntad general o soberana, siempre dominante y norma única de todas las demás (Rousseau, El Contrato Social).

De este modo, nada es tan peligroso como la influencia de los intereses privados en los negocios públicos (Rousseau, El Contrato Social).

La débil defensa de los derechos públicos, tanto por parte del Estado, del gobierno como de los mismos ciudadanos, presenta un régimen más que realmente democrático, aristocrático u oligárquico, porque hay dos personas morales, la del gobierno y la del pueblo (el soberano), por lo tanto, dos voluntades generales, o sea, una con relación a todos los ciudadanos y otra con relación a los miembros de la administración, reduciendo todo a la mera elección de los miembros, pero en donde los ciudadanos como colectivo o comunidad no constituyen un soberano con verdadera autoridad. Así, la administración de los negocios públicos está confiada a algunos en la cumbre de la pirámide, pero con una base social inactiva y cuya débil organización no tiene capacidad de representarse ni territorial ni funcionalmente hacia arriba.

En consecuencia, la consolidación de un proceso gradual de transformación del modelo neoliberal a un modelo de compromiso social y comunitario nos debe alertar que la ausencia de participación real es aún una gran deuda de la concertación para reconocer al soberano y así aspirar a ser una sociedad profundamente democrática.

Aporte de: Gonzalo Wielandt

9/04/2006

INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

Desde hace unos años Chile se ha ido transformando, modernizando dicen algunos, “tigre” lo han llamado otros, lentamente y poco a poco, apostando por la estabilidad política y social, junto a un crecimiento económico sostenido y constante.

La estrellita solitaria, modelo de desarrollo para otros países, iba abandonando esa característica provinciana de antaño e incorporándose de lleno a un mundo globalizado. Tratados de libre comercio con países de todo el orbe, eran la manija para entrar a competir en un mercado cada vez más integrado y a la vez, abierto al mundo.

Pero esto mismo, que significaba tasas de crecimiento como nunca se dieron en la historia de este país, implicaba otras responsabilidades.

Aunque las comparaciones siempre parecen odiosas, se hablaba de que Chile era el equivalente de algunos países de Europa Occidental que recibían la inmigración de cientos de ciudadanos de Europa oriental; Chile comenzó a recibir no solo una mayor cantidad de turistas de los más variados rincones del mundo, sino que, de los países de nuestro vecindario, llegaron a inmigrantes en busca de nuevos horizonte, de mejores expectativas de vida, deseosos de encontrar una situación mejor, en comparación a lo que dejaban atrás, en sus tierras de origen.

Sin duda las expectativas de un país que se vanagloriaba de su gran desarrollo y economía, resultaba ser un oasis atractivo ante la realidad de desorden, inestabilidad política y social, ingobernabilidad, falta de expectativas, bajo crecimiento y otros que vivían países como Argentina, Colombia, Perú, Bolivia.

En pocos años, cientos de inmigrantes llegaban a estas tierras y poco a poco los íbamos asumiendo, sin tomar en cuenta lo que esto significaba ni las responsabilidades que esto trae.

Usualmente los centros de migración no se asocian a países que están “en el fin del mundo”. Lo usual es emigrar siempre mirando a los países del norte. Recordar los llamados espaldas mojadas de México, que corren y arriesgan sus vidas por llegar a un lugar que, para ellos, representa la oportunidad de salir de sus condiciones, paupérrimas muchas veces, para en ocasiones caer en otras peores; nos parecía una imagen de CNN o de alguna película, mas no una realidad cercana.

¿Por qué Chile?

Nadie puede desconocer las mejores condiciones económicas, sociales, políticas con que Chile se plantó ante el mundo después de recuperada la democracia. La estabilidad en todos estos sentidos, contrastaba con la de nuestros vecinos. La constante y elevada tasa de crecimiento era un hecho que llamaba la atención y despertaba más que curiosidad en el mundo. Tanto que permitió ser el principal receptor de inversiones, transformar a Santiago en una capital que competía en negocios con los gigantes del continente como Miami, Buenos Aires, Sao Paulo o Ciudad de México. Incluso en conocidas revistas internacionales se reconocía las ventajas comparativas y competitivas que presentaba Santiago de Chile frente a las otras ciudades.

Sin embargo, todo este crecimiento y explosión económica, que le significaron cambios radicales a la sociedad chilena, no la preparó para recibir a los inmigrantes y lo que esto conlleva.

Hay sociedades que se fueron construyendo producto de continuas olas inmigratorias. En el caso de Chile esto fue muy segmentado y determinado a lugares en particular, por lo que no era común recibir inmigrantes.[1]

Desde la década del noventa era posible observar en las calles, a un número significativo de peruanos, bolivianos, argentinos, además de la llegada cada vez mayor de inmigrantes de otros países no vecinos.

Aporte, rechazo, políticas.

Aceptando los más diversos empleos, enviando remesas a sus países de origen, los inmigrantes intentan incorporarse a una sociedad que en general se muestra reticente, particularmente con personas procedentes de ciertos países.

El cambio de paradigma, de convertirse en modelo, lleva a ciertos sectores, incluso a despreciar o menospreciar el aporte de los extranjeros que se avecindan en nuestro país. Del tradicional canto folklórico “y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero”, se pasa a la soberbia y a un casi desprecio hacia los otros, llegando incluso alguna autoridad a hablar de Chile como “la casa bonita en un mal barrio”

Desconocer lo importante que resulta al acerbo cultural, la riqueza del lenguaje, lo que implica el intercambio con personas de otros países sería desconocer nuestra propia historia. En distintos campos del saber, hemos recibido a través de los años a estudiosos que nos han entregado saber, experiencia y conocimientos que los han puesto al servicio de este país que los ha acogido. Solo recordar a la Universidad de Chile y su primer Rector, el venezolano Andrés Bello, a modo de ejemplo.

Desde el gobierno, si se han desplegado políticas, no se conocen cuáles han sido, en particular para absorber estas manos que buscan trabajo. Se sabe de intentos de regularización, pero si respecto de esta ola inmigratoria existen programas especiales o políticas, éstas ciertamente no son de conocimiento general.

Tiempo atrás, tanto en prensa como en televisión, se hacían reportajes que miraban esta realidad. Sin embargo, mostraban la cara fea o la parte oscura de toda inmigración. La trata de blancas, los “burreros”, las solicitudes de niñas colombianas, argentinas, uruguayas para trabajar en prostíbulos.

Esto es una realidad que no se puede negar, debe ser atendida, y los muchos abusos y engaños a los que son sometidos no deben ser aceptados pues se trata de personas que, por las razones que sean que hayan llegado a nuestro país, tienen los mismos derechos que todo ser humano.

Pero no solo se trata de esta clase de inmigrantes. Los llamados exiliados económicos son muchísimos y la buena imagen de las universidades chilenas resulta ser un atractivo especial para proseguir los estudios en nuestras aulas.

Esta categoría agrega al tradicional aporte, los estudios o la experticia en sus propias áreas de especialización, y pueden llegar a constituir un capital humano de gran importancia.

Si se establecieran políticas claras respecto a la posibilidad de becar a estudiantes para que realizaran sus estudios de postgrados en nuestro país, no solo sería una atracción por el hecho de tener una relativa mejor situación político económica, sino que atraeríamos a personas con pensamientos distintos, con otras visiones, son aires nuevos que, en conjunto con académicos, estudiosos, profesionales y técnicos chilenos podrían incrementar el desarrollo de conocimiento, de tecnología.

La investigación usualmente es un área al debe en nuestro país. ¿Por qué no incentivar trabajos conjuntos, intercambios académicos y el arribo a Chile de quienes quieran tener la oportunidad de desarrollar investigación? ¿O es que solo nos es aceptable la fuga de cerebros hacia Estados Unidos?

Si nuestro país, como dicen, ha logrado niveles de desarrollo en el área económica y se muestra como modelo para otras naciones, ¿no deberían entonces establecerse políticas especiales respecto a promover este desarrollo intelectual, la investigación conjunta y mecanismos diversos de integración, desde lo social, lo cultural y otros?.

Debemos estar claros que nuestro ámbito de desarrollo es en este barrio del mundo. Por más que algunos quieran parecer europeos, somos latinoamericanos y nuestro espíritu es latinoamericano. Nuestro desarrollo como país va de la mano de lo que ocurra en nuestro continente sudamericano.

Cuando normalmente se habla de integración, se asocia casi exclusivamente a integración económica, se insiste en tratados de libre comercio, pero ¿por qué no ampliar este ámbito de integración que redundará significativamente en mejores relaciones con nuestros vecinos a ámbitos tales como el intercambio educacional, el otorgamiento de becas para continuación de estudios, el desarrollo de tecnología o la innovación tecnológica y la investigación?

El desarrollar políticas que sean capaces de acoger, recibir y sumar a los inmigrantes es una tarea de país ante la cual los Demócrata Cristianos debemos tener una postura y definirlas claramente, para nuestro presente y para los próximos años.

¿Acaso alguien dudaría de que entre Uruguay, Argentina y Chile, y solo a modo de ejemplo, no hay sujetos pensantes lo suficientemente capacitados como para intentar ese salto innovador?

Tenemos el capital humano, hoy hay recurso para invertir, somos “atractivos”, ¿qué esperamos entonces para partir?

Por Javier Espinoza Gajardo
Administrador Público
Licenciado en Historia

Magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos



[1] No se olvida la inmigración alemana en el sur de Chile, ni la llegada de españoles producto de la guerra civil, o la llegada de otros tantos en los distintos períodos de nuestra historia. Mas la población chilena no se caracteriza por ser un lugar tradicional de recepción de inmigrantes.