3/21/2007

PAGO DE GRATIFICACIONES A TRABAJADORES DE CORREOS DE CHILE.


Santiago, 17 de Marzo de 2007

Don ANDRES VELASCO BRAÑES

MINISTRO DE HACIENDA PÚBLICA

Presente

De nuestra mayor consideración.

Saludamos su importante gestión al mando de las finanzas públicas.

Los dirigentes sindicales abajo firmantes, de la Empresa de Correos de Chile, nos dirigimos a Ud. para exponerle algunos importantes antecedentes que afectan a los trabajadores que representamos y a nuestras familias.

Hemos presentado al Sr. Gerente General, don PATRICIO TAPIA y al Sr. Presidente del Directorio de nuestra empresa, don SERGIO HENRIQUEZ, nuestra justa preocupación por el aparente incumplimiento en el compromiso de distribución y pago de las utilidades generadas en el ejercicio financiero y comercial de la empresa.

Dicho compromiso, ha sido asumido permanentemente por las anteriores administraciones, y también constituyó una cláusula de los contratos colectivos suscritos recientemente. Sin perjuicio de ello, la empresa nos ha informado –en reciente reunión con los suscritos- que este año aun obteniendo un 8.5% de crecimiento, que equivalen a $2.238 millones de utilidades financieras, NO PAGARÁ GRATIFICACIONES debido a que realizó un ejercicio tributario que le impediría hacerlo, vulnerando así las expectativas ciertas y contablemente fundadas en el plan estratégico 2006-2009 que realizó la empresa para este periodo.

En efecto, según el anterior Presidente del directorio don Eduardo Moyano, al evaluar las utilidades financieras de la empresa durante el año 2005, destacó que “el principal desafío es la gestión del crecimiento de la empresa manteniendo la calidad, flexibilidad y rentabilidad” (1), hechos que se han verificado en los siguientes periodos, especialmente durante el ejercicio 2006. Según el Plan Estratégico 2005-2008, se tenía previsto culminar con un margen operacional del 8,1% y concluyó el 2005 con un 13,5%. Por lo anterior, y según el mismo Plan, “lo más probable es que seguiremos rompiendo nuestros planes y, por lo tanto, las metas del Plan Estratégico 2006-2009 se cumplan antes” (1).

Se encuentra absolutamente injustificado por la empresa, la negativa a distribuir equitativamente las utilidades percibidas, pues ello, se contradice con la mayor eficiencia en la administración respecto de los activos, así como también el mayor volumen de ventas realizadas en el periodo, lo que se traduce en el fortalecimiento de la posición de caja y liquidez de la empresa. Si a ello, se le agrega que, “producto de los buenos resultados económicos obtenidos, se redujo el nivel de endeudamiento existente de $18.824 millones a fines del 2004 a $11.224 millones a fines del 2005 -lo que a juicio de la Gerencia de administración y Finanzas- constituye una importante señal para el mercado que ayuda a fortalecer la confianza en nuestro modelo de negocios” (2). Además de lo anterior, se encuentra lo planteado por la Gerencia de RR.HH. que informó de la importante reducción de la “tendencia histórica en accidentes del trabajo, los que –según la Asociación Chilena de Seguridad, ACHS- ha permitido obtener una rebaja en la tasa de cotización que afecta a la cotización denominada adicional y que tiene un impacto de $100 millones anuales de ahorro para la empresa para 2006 y de $100 millones para el 2007.” (3)

Fuera de toda discusión por la empresa, quedó la demanda de los sindicatos en la negociación colectiva del 2006, que solicitaba establecer un sistema de pago de las utilidades que “AVANZARA EN UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA (4), como lo había anunciado nuestra propia Presidenta de la República, MICHELLE BACHELET al asumir su magistratura. Ello se produciría solicitando se pagara de acuerdo al artículo 50 del Código del Trabajo, TAL COMO FUERA LA INSTRUCCIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ SISTEMA DE EMPRESAS CORFO. Lo anterior, consta en el documento CIRCULAR N° 53, de fecha 31 de julio de 2006, de la Dirección de Presupuestos de vuestra Cartera, el que indica que los puntos más relevantes que deberán observar las referidas empresas al negociar colectivamente o establecer sistemas de remuneraciones: V Gratificación Legal; c) Las empresas cuyas utilidades proyectadas hicieren exigible el derecho al pago de gratificación, se debe procurar la alternativa que establece el artículo 50 del Código del Trabajo, esto es un tope anual de 4,75 ingresos mínimos mensuales. Este beneficio no debe pagarse por mensualidades, ya que altera la base de cálculo de las indemnizaciones por años de servicios y en caso de pagarse en forma parcial durante el año debe quedar expresamente indicado en las liquidaciones su carácter eventual y que se paga en forma de anticipo. Esta norma es aplicable a todo el personal, incluido el estamento ejecutivo.

En todos los contratos individuales, en materia de gratificación, debe pactarse la alternativa establecida en el artículo 50 del Código del Trabajo.”

Señor Ministro, los antecedentes que le entregamos a través de la presente, acreditan que la administración de la Empresa de Correos de Chile NO CUMPLIO CON LAS OBSERVACIONES Y ORIENTACIONES ENVIADAS POR UD. lo que ha significado que en este momento NO SE NOS ATIENDA EL LEGÍTIMO DERECHO A RECIBIR LA GRATIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, amparándose la empresa en que, al fijar como norma para dicho pago el artículo 52 del código del Trabajo y traspasar al ejercicio financiero del año 2006 parte de los montos pagados al finalizar las negociaciones colectivas, NO SE ENCONTRARIA EN CONDICIONES FINANCIERAS POR NO HABER UTILIDADES QUE DISTRIBUIR O QUE ESTAS SON MÍNIMAS, hecho que denunciamos y no aceptaremos bajo ningún aspecto por no ajustarse a la verdad.

El trabajo en pro del crecimiento, el mejoramiento de la calidad del servicio y los cuantiosos nuevos ingresos, que hemos aportado con nuestro trabajo a la empresa de correos, puede y debe ser gratificado. Los trabajadores y nuestras familias así lo demandan.

Esperamos que Ud. atendidas las facultades legales que le corresponden a cargo de las finanzas públicas y en especial por tratarse de una de las más importantes empresas del Estado, instruya a quienes corresponda para que enmienden la inobservancia de sus indicaciones, y corrijan el procedimiento de pago de las gratificaciones, de acuerdo al art. 50 incorporándolo en un adendum, para que en definitiva los trabajadores obtengan el reconocimiento al mayor y mejor esfuerzo realizado para y por la Empresa de Correos de Chile.

Saludamos atentamente y esperamos su pronta respuesta y definición respecto de lo planteado, asimismo, le solicitamos una audiencia a la brevedad, con la finalidad de aportar mayores antecedentes ante este tema que nos preocupa por la efervescencia que ésta ha generado en los trabajadores y sus familias.

Guillermo Flores Nacaratte

Secretario General SINTECH

Ivonne Bustos Montero

Presidente SINTECH

Raúl Montero León

Secretario FETRACORTEL

Director S.O.P.

Fermín Díaz Arancibia

Presidente FETRACORTEL

Director S.O.P.

Olayo Cabrera Maldonado

Secretario SINACAR

Hernán Martínez Gómez

Presidente SINACAR

Carlos Houles Reyes

Secretario SINDICATO UNO

Flavio Garrido Sepúlveda

Presidente SINDICATO UNO

3/20/2007

Debemos garantizar el derecho de los pasajeros a contar con un transporte público de calidad, seguro y cómodo


Se cumplió el primer mes de funcionamiento del Transantiago, iniciativa que está en el centro de la agenda mediática debido a las enormes dificultades que ha debido enfrentar en este breve período. Ello motivó a que un grupo de senadores de la Alianza por Chile pidiera una sesión especial del Senado para analizar la aplicación de este proyecto, la que contó con la participación del Ministro de Transportes, Sergio Espejo.

Para nadie es un misterio que el anterior sistema de transporte público de la capital adolecía de serias deficiencias: exceso de microbuses en horario “de no punta” que transitaban semi vacíos; recorridos mal diseñados y peor coordinados; vehículos en un estado deplorable y altamente contaminantes, tanto desde el punto de vista atmosférico como acústico; y empresarios conflictivos y dados a prácticas poco transparentes que nunca gozaron de la confianza de la ciudadanía ni de las autoridades. En suma, se trataba de un servicio de mala calidad y todos coincidían en que debía sufrir drásticas transformaciones.

La respuesta a ello fue el Transantiago, plan que busca establecer una modalidad de transporte integrado, moderno, más económico y que contribuya a descontaminar la ciudad. Sin embargo, resulta evidente que pese a los esfuerzos desplegados, aún prevalecen serias deficiencias en su implementación que diariamente provocan un serio trastorno social. Entre ellos podemos destacar la falta de buses, la poca frecuencia de servicios en las horas punta y en la noche, la carencia de recorridos en sectores periféricos, las aglomeraciones en algunos paraderos de micros y en determinadas estaciones del Metro.

Ante este panorama resulta absolutamente comprensible la molestia de los usuarios, pues -si bien las dificultades que pueden presentar toda transformación radical como el Transantiago no tienen soluciones teóricas simples- muchas de ellas debieron ser previstas en el momento en que esta iniciativa se comenzó a diseñar, proceso que sufrió una serie de modificaciones y postergaciones que pusieron en duda su credibilidad antes que partiera.

Pero tampoco es justo endosar toda la responsabilidad a las autoridades anteriores o actuales. A los contratiempos ya conocidos también ha contribuido de manera significativa la deficiente gestión de varias de las empresas involucradas en el proyecto, las que han sido incapaces de cumplir sus obligaciones. Recordemos que para poner en marcha el Transantiago se realizaron licitaciones públicas, y quienes participaron y ganaron adquirieron compromisos contractuales a los que han faltado reiteradamente.

Me refiero específicamente a las compañías operadoras y al Administrador Financiero. Desde el primer día resultó evidente que las primeras no cumplieron con la cantidad de buses que debían poner en funciones para sus respectivos horarios, así como tampoco con las frecuencias establecidas para la noche. Incluso, hubo empresas que a sólo horas de debutar el nuevo sistema aún no lograban acuerdos salariales con sus trabajadores.

Por su parte, la modalidad de cobro establecido por el Administrador Financiero tuvo un errático estreno, mientras que las empresas tecnológicas tampoco entregaron los softwares que son fundamentales para fijar, determinar y controlar la periodicidad de circulación de las micros y para saber donde éstos se encuentran en cada momento.

Aclaradas las fallas de origen, ahora sólo cabe solucionar a la brevedad los inconvenientes. Basta de críticas destructivas que no conducen a nada. El interés superior de los santiaguinos nos demanda enfocarnos en garantizar el derecho de los pasajeros del transporte público a contar con un servicio de calidad que los lleve en forma segura, cómoda y en un tiempo razonable a sus lugares de destino.

El Transantiago no tiene marcha atrás y precisamente los anuncios de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, confirman el carácter definitivo e irreversible de este plan. Es de esperar que sean implementados en los plazos previstos, mientras que las que son materia de ley se deberán legislar con prontitud. A ello hay que agregar la necesaria aclaración respecto a las dudas que se han instalado en los usuarios acerca del financiamiento del sistema y el futuro de las tarifas, cuyo monto tarde o temprano deberá ser sincerado, así como también la posibilidad de establecer subsidios.

No obstante lo anterior, creo que es muy importante que abramos el debate a los efectos sociales que está generando el Transantiago. Y en esto quiero ser muy claro: no podemos aceptar que los costos financieros y humanos del nuevo sistema lo paguen los más pobres. Todos sabemos que el explosivo e improvisado desarrollo urbano de la capital y los planes de vivienda social han empujado a los más desposeídos a vivir en la periferia y son precisamente ellos los que más demandan el transporte público. Por lo tanto, son también ellos quienes deben levantarse más temprano para tomar una micro, los que más caminan para llegar a un paradero, los que deben hacer más trasbordos y los que más demoran en llegar a su destino, que muchas veces es en el otro extremo de la ciudad. Lo vivido en estos días demuestra que no se evaluaron adecuadamente las consecuencias humanas y sociales del proyecto, privilegiándose los criterios técnicos. Es hora de enmendar.

No ha sido fácil este primer mes y seguramente tomará más tiempo alcanzar la plena normalidad. Sin perjuicio de ello, hoy la tarea es hacer todos los ajustes que se requieren para resguardar la plena satisfacción de los pilares de esta iniciativa: la calidad del servicio, el costo para los usuarios y el tiempo de los desplazamientos.

Por Eduardo Frei-Ruiz Tagle, Presidente del Senado

3/17/2007

RECUPEREMOS LAS RAICES

Los chilenos somos campeones mundiales para copiar sistemas de otras latitudes y especialmente de Europa…. lo malo que muchas veces copiamos mal y tarde…….……

Actualmente Europa esta trabajando para basar su dinámica en las iniciativas de los ciudadanos o mejor dicho de la sociedad o la sociedad civil, porque su línea conductora se inicia en que la complejidad de los desarrollo sociales, culturales, tecnológicos y económicos, exige acciones que lleven a la formación, consolidación y fortalecimiento de diferentes tipos de organizaciones y empresas, donde los actores deciden si optan por el sistema capitalista neoliberal o por una cooperativa, mutual u otra de carácter asociativo. Es decir Europa quiere y avanza hacia la participación integral de la sociedad civil para su crecimiento y desarrollo. En Chile en tanto se aplican criterios que rayan en lo autoritario, básicamente porque siguen administrando la “joyita” que dejo la dictadura y sus cómplices aglutinados en la derecha política.

Este sector de economía social (cooperativas, mutuales, empresas y organizaciones de carácter asociativo llámese micro y pequeñas empresas) que sacaron a Europa de la pobreza después de la “2da guerra mundial” hoy nace con fuerza y para eso se van creando espacios aparte de los lineamientos estrechos y tradicionales, influenciados por el sistema capitalista neoliberal. Es decir, dentro de los derechos fundamentales se reconoce que el ciudadano tiene derecho a elegir libremente, sin que le sea impuesto una forma o sistema o modelo, como es hoy en día. En Chile esta todo hecho para que el capitalismo neoliberal impere: las leyes, los reglamentos, las obligaciones (una empresa que invierte millones de dólares versus un microempresario que invierte 500 mil pesos tienen el mismo tratamiento y además les motivan a participar con acciones en la bolsa).

La Economía Social quienes la conforman están vigilantes y activas, porque como todas las cosas, los oligarcas del sistema económico y en fusión con los oligarcas del sistema político, hacen sus propias interpretaciones de la economía social, de la responsabilidad social de la empresa, del calentamiento global, etc., todo esto alimentado por las organizaciones patronales capitalistas neoliberales, que de a poco con todos los medios en su poder van destruyendo la humanidad: físicamente, emocionalmente, espiritualmente y en su dignidad. LA ECONOMIA SOCIAL BUSCA Y CONTRIBUYE DE MANERA SIGNIFICATIVA A LA CONSTRUCCION DE UNA SOCIEDAD PLURAL MÁS PARTICIPATIVA, MAS DEMOCRATICA Y MÁS SOLIDARIA.

Para algunos Harvard o Chicagos, esto de la economía social es una aventura sin destino, pero se olvidan que la DC incorporo definitivamente este concepto y esta practica a partir de los años 60, sin perjuicio de los esbozos que se venían forjando años antes principalmente lo que hacían miembros de la iglesia católica, de colectividades políticas o sociales tanto en el mundo del cooperativismo para dar espacios para todos aquellos que no eran atendidos por el sistema, el sindicalismo, las mutuales y las organizaciones sociales. El error estuvo en el paternalismo estatal y en considerarlas pares de quienes tienen el poder, como se hace hoy en Chile con la pequeña empresa. La Economía Social en el mundo se levanta como la alternativa que puede construir y ser una generadora de equilibrios económicos de dimensión humana.

Los que venimos trabajando en esta temática de la Economía Social, por muchos años, en una relación pluralista y convencidos que el futuro se construye entre todos, para que todos tengamos las mismas oportunidades y todos podamos caminar con dignidad, sin ser clientes de nadie, participamos de la recuperación de la democracia, sin embargo con indignación vemos que quienes hablaban de solidaridad, participación y de reconstruir el tejido social o sociedad civil, fueron encantados y absorbidos por la vorágine del sistema capitalista neoliberal, aplicando sus mismos criterios y manteniendo el sistema, sufrieron un colapso de identidad o algo parecido que los dejo marcando un solo paso, sin visión de quienes le rodean, sin importarles la opinión de la sociedad civil, mantener lo individualmente ganado, participar de los grupos de poder, en algunos casos ni siquiera pensando en el mundo que dejaran de herencia a sus descendencias.

La DC tiene la obligación por doctrina e ideología y porque toda sus formas están basadas en el CRISTIANISMO de trabajar por una SOCIEDAD DE HOMBRES Y MUJERES LIBRES.

Por Manuel Román.

3/07/2007

Resurge debate sobre financiamiento de Transantiago

Empresas dicen que no se sostiene con $380 y Gobierno que “hay que dejar que sistema opere”


Los ex controladores de Redbus -indirectamente tildados de “comentaristas de salón” por el Ministro de Hacienda- parecen no estar solos: el augurado déficit de 250 millones de dólares que empujaría al alza de tarifa o al subsidio estatal es compartido por los operadores que estiman que ya en abril el sistema generará deudas. El Gobierno dice que “confía en el sistema tarifario y en sus mecanismos de financiamiento”.

La bola de nieve nació de la boca de los hasta hace poco ejecutivos y controladores de la empresa Redbus, Ramón Yávar, ex gerente general, y el socio inversionista José Yuraszeck, prominente empresario y ex miembro de la comisión política de la UDI.

En pocas palabras y con datos sobre la mesa, el controvertido hombre del caso Chispas advirtió que el Transantaigo está desfinanciado, augurando un déficit de 250 millones de dólares y que para tener números azules, el pasaje debería bordear los 530 pesos. O bien, que asome el Estado para subsidiar la tarifa a los más pobres vía bono.

El augurio estadístico, citado por otras voces políticas en medio del debate de varios flancos abierto por el Transantiago, llegó a oídos del ministro de Hacienda, Andrés Velasco, quien una vez consultado lanzó su particular respuesta: “Tengo plena confianza en ese sistema de diseño tarifario, más que en “los observadores de pasillo” y “comentaristas de salón”.

Ironías aparte, pese a no contrastar las cifras lanzadas por los ex operadores de Redbus -vendida en septiembre de 2006 a capitales franceses-, Velasco depositó sus cartas en los cálculos efectuados por los equipos ministeriales y sus asesores. “Las tarifas fueron diseñadas con criterios técnicos, con un modelo matemático hecho por los mismos técnicos del ministerio con algunos de los mejores consultores de la plaza”, sostuvo. “El Transantiago fue pensado para tener mecanismos de financiamiento, mecanismos que están operando y hay que darles la oportunidad de que lo sigan haciendo”, cerró Velasco.

La palabra subsidio no aparece aún en el vocabulario ministerial para el plan de transporte urbano ni tampoco para la extensión hasta medianoche del servicio de Metro.

¿Números rojos?


Mientras Hacienda precisa que su interés está en “garantizar que las obras necesarias para el buen funcionamiento del Transantiago se ejecuten a tiempo y sean de calidad”, el pulso de los operadores marca sintonía con los números proyectados por Yuraszeck y Yávar.

“El sistema está desfinanciado. La recaudación que hoy se va a obtener debiera bordear los 700 o 750 millones de dólares y los costos son de alrededor de mil millones, sin considerar la evasión, que nadie sabe cuánto va a ser, pero se estima entre un 5 y un 10 por ciento”, comentó en los últimos días Yávar, ex gerente general de Redbus.

Más preciso, Yuraszeck resumió sus datos. “Con la tarifa actual, el sistema no es viable. Así de claro”, afirma. El empresario estima que el déficit de 250 millones de dólares anuales se explica por la tarifa de 380 pesos que “recaudará“ una cifra cercana a los 800 millones de dólares al año y el punto de equilibrio está en torno a los 1.050 millones de dólares. Los datos para llegar a estas cifras son públicos: ocho millones de viajes al día. Con esta tarifa de 380 pesos van todos a la quiebra, salvo que les tiren un salvavidas”, dijo, fijando la “tarifa de equilibrio en torno a los 530 pesos”.

“Todos los actuales operadores de Transantiago coinciden en esas cifras. El sistema, con la actual tarifa no se financia”, desde el anonimato confiesa un gerente general de una de las empresas que menos problemas ha tenido para administrar sus buses. “El sistema nos debe cancelar los días 10 y 25 de cada mes, y estimamos que a partir del segundo pago de abril ya surgirán las deudas”, profetiza el alto ejecutivo.

La misma fuente explica que para encontrar el punto de equilibrio financiero, las bases de licitación no contemplan explícitamente el subsidio estatal al precio del pasaje. “Sólo hablan de casos extremos. Pero sí son explícitas en establecer que el sistema se regulará vía tarifas. Es más, es tan claro que el sistema fija un tope mensual para alzas de tarifas: no se puede subir más de 20 pesos por mes”, aclara.

El gerente va más allá y agrega otro dato que complota contra los números azules. “La previsión del ministerio de la evasión -es decir, de los pasajeros ‘colados’- está en torno al 10 por ciento. Así como vamos, la evasión bordeará el 30 a 35 por ciento, poco más que los niveles históricos”, detalla.

“Si el Gobierno no quiere pagar el costo político de subir las tarifas, lo que se debe buscar es un acuerdo político para facilitar una salida vía subsidio o algo parecido que las bases no establecen. Y parece que algo de eso puede venir cuando desde Lavín a senadores y diputados de la Concertación comentan vías para arreglar la situación. Todo esto -cierra la fuente-, porque el Transantiago no se puede dar el lujo de quebrar”.

Antonio Valencia
Fuente: www.lanación.cl

3/06/2007

Corrupción: medidas para reaccionar a tiempo

Rendición de fondos reservados ante una comisión especial de la Cámara de Diputados; fin de los secretos bancario y tributario; y el reemplazo del sistema presidencialista por uno semipresidencial, son medidas para contribuir a terminar con la corrupción.

En los últimos días hemos conocido noticias que nos han afectado profundamente. Un niño murió de hambre y de sed, solo, bajo su cama, con un pedazo de pan entre sus manos. Su madre murió en la calle y fue identificada después de quince días. Se están investigando por los tribunales de justicia actos de corrupción. La acción política, necesaria para la convivencia, se sitúa en controversias sobre el pasado, mientras hay problemas actuales que requieren pronta solución. ¡Cuántos proyectos de ley están pendientes desde hace muchos años! La farándula, profesión de los farsantes o comediantes, principalmente televisiva, ha contagiado la noble actividad política. El “efecto polilla”, es decir, “hay que ir a los focos de la televisión por cualquiera medio”, campea en todos los ámbitos. La imagen es superior a la verdad. Queremos sacar provecho político hasta del funeral de un Jefe de Estado, que “ya está para la historia”, y que los cristianos debemos pedir que Dios lo juzgue con misericordia.

¿Qué nos pasa? En los últimos 50 años hemos ido, lentamente, cambiando nuestros valores, es decir lo que nuestra conciencia estima como un bien para todos nosotros. El individualismo prevalece, ayudado por un desarrollo tecnológico que nos hace perder cada vez más la libertad y los sentidos del tacto y de la vista (estrechar la mano del otro, mirándolo a los ojos, para sellar un compromiso que nuestro prestigio obliga a cumplir), la solidaridad es excepcional y en pequeños momentos. El consumismo a toda costa, estimulado por la usura, es una de las causas de la depresión de un porcentaje importante; la austeridad que nos caracterizó es un recuerdo del pasado. La política servicio al país y a todos, ha sido gravemente afectada, por una minoría afortunadamente, para servirse de la actividad pública. Muchas veces hemos escuchado: ¿y qué nos ha dado el Partido?

Debemos compartir un diagnóstico y proponer soluciones, “tomar el toro por las astas”, y efectuar reformas profundas.

En mi opinión, para contribuir a terminar con la corrupción, hecho furtivo y esporádico en nuestro país, pero con el riesgo de transformarse en sistemático, que se produce y afecta tanto al sector público como al privado, exige “transparentar” todas las actividades y el patrimonio de las personas. Así, por ejemplo, los “fondos reservados”, necesarios para la seguridad interna y externa de nuestra patria, debieran rendirse ante una comisión especial de la Cámara de Diputados, sujetos sus miembros a guardar el secreto, bajo sanción de pérdida del cargo y responsabilidad penal.

Dentro de un plazo breve, todas las personas, naturales o jurídicas, que posean un patrimonio importante, superior tal vez a veinte mil unidades de fomento deberían declarar sus bienes y la forma y medios cómo los adquirieron. Para hacer eficaz la “transparencia”, justamente reclamada, es necesario poner término al secreto bancario y al secreto tributario, o suspenderlo, con efecto retroactivo, por cinco años, para prevenir o evitar el lavado de dinero, el narcotráfico, la evasión tributaria en todas sus formas, la alta criminalidad, los delitos económicos, etc., sin perjuicio en esta última alternativa, de, posteriormente, mantener las excepciones normales al secreto.

Para sincerar y hacer más efectiva la política es necesario reemplazar el sistema de gobierno presidencialista, de “ejecutivo vigorizado”, que favorece los “personalismos” y contribuye a la existencia de partidos políticos “electoralistas”, por un sistema “semipresidencial”, con un Presidente de la República a cargo de las decisiones de Estado, como las comprendidas en las relaciones internacionales, las vinculadas a las fuerzas armadas y a la administración profesional, la participación en las designaciones de los organismos autónomos constitucionales y de arbitrar los conflictos políticos no superados, por medio de referéndum o llamado a elecciones; junto a un gobierno, a cargo de un Primer Ministro, que adoptaría las decisiones políticas contingentes, que cuente con mayoría en la Cámara de Diputados, y que sólo pueda ser removido por censura constructiva, es decir, el sucesor deberá presentar su proyecto de gobierno, lo que impide la “politiquería” de la oposición “destructiva” o negativa. El Senado, representando a las regiones, tendría el carácter de cámara revisora de los proyectos de ley y participaría en los nombramientos de los órganos constitucionales. Este sistema de gobierno estimularía para transformar los partidos políticos de “electoralistas”, que se juegan a la elección del Presidente de la República, en partidos “responsables de gobierno y oposición”.

Es indispensable también efectuar una reforma del Estado, en el sentido de modernizar la Administración Pública, dotarla de los medios tecnológicos adecuados, rejuvenecerla, y del personal suficiente capacitado para cumplir las funciones, con remuneraciones justas. Debe ponerse término a la costumbre inconstitucional, sin que sea necesario nuevas elecciones hasta el término normal del período de la actual Presidenta de la República y de los diputados y senadores, pudiendo aplicarse de inmediato.

¡Reaccionemos a tiempo!

Por: Francisco Cumplido Cereceda , Rector de la Universidad Miguel de Cervantes y ex ministro de Justicia.

Fuente: Política y Espíritu


Cambios Institucionales


¿Por qué no escuchar al pueblo soberano?

¿Por qué razón se ha sustituido la democracia por la Encuestacracia?

“En el año 1989, la población no inscrita (7.1%), los inscritos que no votaron (6.1%) y los inscritos que votaron nulos y blancos (2.2%), arrojaron un ausentismo electoral de un 15.4%. En el año 2005, la población no inscrita (27.4%), los inscritos que no votaron, (9.8%) y los inscritos que votaron nulos y blancos (5.3%) arrojaron un ausentismo electoral total de 42.5%.”

Constitucionalistas chilenos, con posterioridad a la última reforma Constitucional del año 2005, vienen sosteniendo que la Carta Fundamental que actualmente nos rige, conserva aún características propias de un sistema político autoritario: es así como las normas relacionadas con la organización y funcionamiento de la Presidencia de la República, del Senado y de la Cámara de Diputados, establecen una suerte de régimen presidencial autoritario, con una escasa participación efectiva del pueblo soberano y con exageradas facultades del Presidente de la República que hacen que el ordenamiento público mantenga claramente rasgos autocráticos.


La Constitución de 1980 es la Carta Fundamental que ha tenido más reformas en toda la historia de nuestro país, pese a lo cual la normativa más importante de este texto elaborado primitivamente por una comisión designada por la Junta Militar que dio el Golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, mantiene sus características originales: el Presidente de la República goza de un conjunto de atribuciones que le hacen desempeñar, al mismo tiempo, tres funciones: Jefe de Estado, Jefe de la Administración de este último y Jefe de Gobierno; al mismo tiempo, está investido el Presidente de la República de importantes atribuciones legislativas; es así que en su carácter de colegislador goza de atribuciones exclusivas y excluyentes en las materias más importantes que se ventilan en el Parlamento; interviene en la tramitación de las leyes controlando las prioridades y velocidades con que se deben tramitar los proyectos de ley, para lo cual utiliza el instrumento de las urgencias; participa formulando observaciones o vetando el proyecto aprobado por el Congreso; participa activamente como constituyente en las reformas constitucionales. El Congreso puede delegar al Presidente de la República sus propias atribuciones en materias de ley. El Presidente tiene atribuciones privativas en materias tan relevantes como convocar a plebiscito en los casos de desacuerdo con la Cámara en la aprobación de un proyecto de reforma constitucional. El Presidente tiene la atribución de declarar los estados de excepción constitucional, con algún grado de participación del Congreso.


Por otro lado, en materias administrativas el Presidente tiene potestad reglamentaria de ejecución y además potestad reglamentaria autónoma.

El Presidente de la República tiene a su cargo toda la administración financiera, puede otorgar indultos particulares e interviene decisivamente en el proceso de nombramiento de los Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia (Corte Suprema y Corte de Apelaciones) y de los jueces de la República.

Es así como el Congreso Nacional –Senado y Cámara de Diputados-, han perdido gran parte de su importancia desde el punto de vista político, ya que allí no se realizan debates, discusiones o estudios realmente vinculantes de relevancia nacional; en el fondo el Congreso es un órgano que recibe y tramita las iniciativas del Ejecutivo.

Uno de los capítulos más importantes de la Constitución es el relacionado con las garantías o derechos fundamentales; si se analiza el capítulo pertinente de la Constitución se podrá observar claramente que allí se encuentran ausentes los derechos económicos y sociales.

Como la Constitución fue elaborada por la Comisión designada por la dictadura, la interpretación que se hace de las garantías fundamentales se remite permanentemente a desentrañar las opiniones y juicios de esos comisionados de la dictadura; a su vez, los tribunales chilenos han sido muy refractarios a incorporar en sus interpretaciones las normas y orientaciones de las convenciones internacionales más relevantes: el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José de Costa Rica, lo que agrava los expuesto.

Se mantiene en la Constitución, aunque reformados, los capítulos relacionados con el Consejo de Seguridad Nacional y con las fuerzas armadas. No cabe la menor duda que analizadas estas materias conforme a los principios de la democracia tales capítulos debieran ser suprimidos. Lo sorprendente es que el Consejo de Seguridad Nacional, con las reformas que se le han introducido, constituye un evidente refuerzo para el neo-presidencialismo en Chile.

El Poder Judicial tiene una estructura en la Constitución que no se ajusta al funcionamiento pleno de una democracia: la Corte Suprema de Justicia está investida no sólo de atribuciones jurisdiccionales, sino que también tiene facultades de carácter administrativo que debieran estar entregadas a un órgano distinto en el cual pudieran participar los distintos poderes del Estado.

La descentralización del país en materia territorial, expresada en la organización de los municipios, deja mucho que desear, por cuanto las municipalidades, pese a la autonomía que la Constitución les otorga, en la práctica son órganos que ejecutan las políticas del poder central, en materias tan importantes como la educación, vivienda y salud.

El sistema político chileno funciona sobre la base de dos notables exclusiones: por un lado el régimen electoral llamado binominal, que privilegia con un notable subsidio a las segunda mayoría, lo que ha forzado a los partidos políticos a mantener alianzas bastante inorgánicas como rígidas para sustentar y prolongar sus representaciones en el Senado y en la Cámara de Diputados; sin embargo, ese sistema electoral, excluye a una parte bastante importante del país, que carecen de representación parlamentaria no obstante que tienen presencia efectiva social, cultural y política. Las “elecciones políticas” resultan ser de esta manera las más rígidas y menos competitivas de las que se hacen en el país. Las barreras de entrada son casi absolutas.

Sin embargo, la más importante exclusión emana de la politización extrema de la política – el país percibe la política como un coto reservado exclusivamente para el club de los políticos y las políticas, que viven en un mundo autoreferente-, que ha desvalorizado en grado extremo el papel de los partidos políticos, de sus dirigentes y de los propios parlamentarios. Esa desvalorización, entre otros factores, ha llevado a mermar la inscripción de la población en los registros electorales: en el año 1989, de una población de 18 años de edad y más, que ascendía a 8 millones 248 mil personas se inscribieron 7 millones 657 personas y no se inscribieron 585 mil personas, vale decir la población no inscrita ascendió a un 7.1%. En el año 2005, la población de 18 años de edad y más ascendía a 11 millones 322 mil personas; de esta se inscribieron 8 millones 220 mil personas y no se inscribieron 3 millones 101 mil personas, vale decir la población no inscrita ascendía a un 27.4%.

En el año 1989 del total de los inscritos en los registros electorales no votaron 499 mil personas, vale decir un 6.1%; en el año 2005 de los inscritos en los registros electorales no votaron 1 millón 105 mil personas, vale decir un 9.8%.

En el año 1989, en las elecciones de Diputados, los votos nulos y blancos ascendieron a 361 mil votos, esto es, un 2.2% de los inscritos. En el año 2005, en las elecciones de Diputados, los votos nulos y en blanco ascendieron a 597 mil, esto es a un 5.3%.

En resumen. En el año 1989, la población no inscrita (7.1%), los inscritos que no votaron (6.1%) y los inscritos que votaron nulos y blancos (2.2%), arrojaron un ausentismo electoral de un 15.4%. En el año 2005, la población no inscrita (27.4%), los inscritos que no votaron, (9.8%) y los inscritos que votaron nulos y blancos (5.3%) arrojaron un ausentismo electoral total de 42.5%.

Las estadísticas anteriores las hemos extraído del libro “La Democracia Agoniza Voto a Voto de Enrique Astorga Lira, Editorial Universidad de Santiago, año 2006”.

Las razones de ese ausentismo electoral para algunos sería un fenómeno político derivado del efecto repelente que ejerce el modelo económico y la democracia restringida en la voluntad política de las personas; para otros sería una simple desmotivación propia del modernismo o posmodernismo, de los tiempos digitales y audiovisuales que nos corresponde vivir.

Personalmente opino que la baja participación electoral, el simple acto de votar, obedece a que nos encontramos bajo el imperio de un régimen neoliberal establecido en la Constitución del año 1980, en virtud del poder constituyente que ilegítimamente se arrogó la dictadura; neoliberalismo que se mantiene en la actualidad; y por ello coincidimos con los autores que sostienen que nuestro país es propiamente una República neoliberal, semidemocráctica y bastante autoritaria o autocrática, desde el punto de vista del modelo institucional que sirve de sustento al régimen económico, social y cultural en actual aplicación.

Así, como algunos venimos sosteniendo la necesidad de corregir o rectificar el modelo económico social, otros, también, pensamos que junto con ello es preciso abordar derechamente el gran tema institucional que hemos referido en estos comentarios. La forma de abocarse al tema constitucional puede ser a través de una reforma constitucional, de leyes interpretativas o bien a través de una Asamblea Constituyente. En la historia constitucional de nuestro país, los textos constitucionales de 1833, 1925 y 1980, en verdad, no fueron elaborados por Asambleas Constituyentes, sino que por Comisiones de notables elegidos por quienes en esos momentos detentaban el poder. El caso más próximo es el de la Constitución del año 1980, fruto del golpe de Estado de 1973, que para algunos inició una verdadera revolución y para otros una contrarrevolución que ha servido de base al establecimiento de un régimen económico y social libremercadista y neoliberal, muy cercano al que precisamente existía en el año 1833; libertad de mercado, crecimiento hacía afuera, incipiente industrialización. En el tiempo presente el régimen económico y social es de carácter indudablemente neoliberal, pero claramente posnacional, porque nos ha incorporado sencillamente a la globalización, desnacionalizando las riquezas básicas del país y golpeando duramente nuestra cultura.

En el estado actual de desarrollo, con toda la tecnología moderna, con los avances notables que se han producido en las ciencias, el país tiene un grado de madurez suficiente como para pensar con seriedad, primero en estudiar a fondo su institucionalidad fundamental y más tarde para proponer una nueva Carta Fundamental elaborada por el verdadero detentador de la soberanía originaria, esto es, el pueblo soberano. Estoy consciente que hablar de estas materias, a muchos no les interesa, o porque están satisfechos, o porque se han incorporado mental y culturalmente al sistema o porque le temen a todo cambio o modificación sustancial que altere los marcos de referencia que sustentan el sistema neoliberal. Sin embargo, es bueno tener presente que, a la larga, no cambiar nada siempre resulta en el tiempo una forma de perder terreno.

Otros pensamos, que Chile se encuentra en condiciones de crecer, de multiplicar efectivamente sus riquezas, de distribuirlas en forma más igualitaria y equitativa. Sin embargo, para que ello sea una realidad los temas institucionales no pueden ser dejados de lado, ya que las grandes concentraciones económicas y financieras que permiten que cinco grupos se apropien de las rentas más importantes que produce nuestro país, bajo ninguna circunstancia se abrirán a cambios o transformaciones que rectifiquen efectivamente el modelo económico social y para ello tienen la coraza protectora de la normativa constitucional heredada de la dictadura. Además, tampoco serán capaces de tirar el carro del desarrollo por sí solos. La evidencia está a la vista. La exclusión de la micro y pequeña empresa, que comprende aproximadamente a un millón doscientos mil empresarios, que proporcionan la mayor cantidad de empleos, pero que participan en un porcentaje pequeño de las ventas totales que se realizan en el país, representa un grave obstáculo para alcanzar tasas de crecimiento per cápita superiores a la de los últimos 14 años.

A las deficiencias del régimen político que hemos observado, se añaden las crisis internas de los partidos políticos que tienden a reproducir el sistema a través de prácticas que lejanamente son democráticas; así, las decisiones más importantes que adoptan los partidos políticos no son el fruto del análisis y el debate interno de los problemas nacionales, no obedecen al razonamiento, sino que únicamente a lo que les indican las encuentas; las nominaciones de candidatos a la Presidencia de la República, a Senadores y Diputados, Alcaldes y Concejales, no se basan en proyectos políticos o en propuestas sociales, económicas y culturales, sino que exclusivamente en los indicadores que resultan de las múltiples encuestas de opinión. Los partidos políticos han sustituido la democracia interna por la Encuestacracia.

El régimen político chileno verdadero no es la democracia, sino que la Encuestacracia y ese panorama naturalmente que desmotiva gravemente a la población del país, a la que se le incorpora a la farándula política y a toda la liviandad que ella conlleva. Así, durante este último tiempo, hemos podido leer en los medios de comunicación como políticos y políticas se autodesignan como precandidatos o candidatos a la Presidencia de la República, o precandidatos o candidatos al Senado y la Cámara de Diputados o alcaldías importantes (como a la Municipalidad de Santiago), tal como si nos encontráramos en un programa de televisión o en un festival de la canción política, en cuyos escenario se muestran los distintos actores interpretando papeles simples y modestos, sin ideas de ninguna especie, con puras sonrisas y caras bonitas. La baja participación electoral encuentra sus raíces en estos hechos y por ello de vez en cuando se producen reventones sociales.

Si, en el trasfondo de todo esto, se encuentra el sistema económico social que la Concertación, desde el año 1990 en adelante, ha aceptado como propio. Incluso un ex Presidente de la República afirmó, tal vez al pasar, que lo que habíamos aceptado era ciertamente el sistema capitalista, y por ende a los ciudadanos y ciudadanas sólo nos quedaría la conformidad ante un modelo que tendría las propiedades de obedecer prácticamente a leyes de la naturaleza.

En el Acta Secreta de la Sesión 1 de la Junta Militar golpista, del 13 de septiembre de 1973, se consignó que ya se encontraba en estudio la promulgación de una nueva Constitución Política, trabajo que estaba dirigido por el profesor universitario Jaime Guzmán Errazuriz. Así, nació la Constitución de 1980 que nos rige.

Después de 34 años, el pueblo de Chile, soberano originario, tiene el derecho esencial a darse una Constitución Política a través de un procedimiento efectivamente democrático. El ejercicio cívico de participar en la construcción de una Constitución Política democrática fortalecerá la Política con mayúscula y por cierto abrirá cauce a las energías creadoras que permitirán al país llegar a ser un país desarrollado a través de un programa popular, nacional y andino que potencie el crecimiento económico y social, la justa distribución de la renta nacional, en una alianza de la razón, los afectos y la naturaleza. La preservación de esta última, ante el avance arrollador del calentamiento global del cambio climático, hasta el día de hoy, no ha tenido respuesta ni preocupación alguna en el mundo político que pareciera estar concentrado en los problemas propios de las futuras elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales; olvidando que el país real está mirando con verdadero asombro cómo el crecimiento neocapitalista destruye la naturaleza por un lucro excesivo y desmedido. Todos los humanismos deben unirse detrás de un proyecto que vaya más allá de las izquierdas y derechas y que permita que nuestros hijos e hijas puedan subsistir en un mundo distinto al nuestro: un mundo no destrozado por la competencia irracional guiada desde los centro financieros y económicos más importantes que ven a nuestro continente y a nuestro país como un simple proveedor de recursos naturales.

28 de febrero de 2007.

Por Hernán Bosselin Correa
Abogado