¿Por qué no escuchar al pueblo soberano?
¿Por qué razón se ha sustituido la democracia por la Encuestacracia?
Constitucionalistas chilenos, con posterioridad a la última reforma Constitucional del año 2005, vienen sosteniendo que la Carta Fundamental que actualmente nos rige, conserva aún características propias de un sistema político autoritario: es así como las normas relacionadas con la organización y funcionamiento de la Presidencia de la República, del Senado y de la Cámara de Diputados, establecen una suerte de régimen presidencial autoritario, con una escasa participación efectiva del pueblo soberano y con exageradas facultades del Presidente de la República que hacen que el ordenamiento público mantenga claramente rasgos autocráticos.
La Constitución de 1980 es la Carta Fundamental que ha tenido más reformas en toda la historia de nuestro país, pese a lo cual la normativa más importante de este texto elaborado primitivamente por una comisión designada por la Junta Militar que dio el Golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, mantiene sus características originales: el Presidente de la República goza de un conjunto de atribuciones que le hacen desempeñar, al mismo tiempo, tres funciones: Jefe de Estado, Jefe de la Administración de este último y Jefe de Gobierno; al mismo tiempo, está investido el Presidente de la República de importantes atribuciones legislativas; es así que en su carácter de colegislador goza de atribuciones exclusivas y excluyentes en las materias más importantes que se ventilan en el Parlamento; interviene en la tramitación de las leyes controlando las prioridades y velocidades con que se deben tramitar los proyectos de ley, para lo cual utiliza el instrumento de las urgencias; participa formulando observaciones o vetando el proyecto aprobado por el Congreso; participa activamente como constituyente en las reformas constitucionales. El Congreso puede delegar al Presidente de la República sus propias atribuciones en materias de ley. El Presidente tiene atribuciones privativas en materias tan relevantes como convocar a plebiscito en los casos de desacuerdo con la Cámara en la aprobación de un proyecto de reforma constitucional. El Presidente tiene la atribución de declarar los estados de excepción constitucional, con algún grado de participación del Congreso.
Por otro lado, en materias administrativas el Presidente tiene potestad reglamentaria de ejecución y además potestad reglamentaria autónoma.
El Presidente de la República tiene a su cargo toda la administración financiera, puede otorgar indultos particulares e interviene decisivamente en el proceso de nombramiento de los Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia (Corte Suprema y Corte de Apelaciones) y de los jueces de la República.
Es así como el Congreso Nacional –Senado y Cámara de Diputados-, han perdido gran parte de su importancia desde el punto de vista político, ya que allí no se realizan debates, discusiones o estudios realmente vinculantes de relevancia nacional; en el fondo el Congreso es un órgano que recibe y tramita las iniciativas del Ejecutivo.
Uno de los capítulos más importantes de la Constitución es el relacionado con las garantías o derechos fundamentales; si se analiza el capítulo pertinente de la Constitución se podrá observar claramente que allí se encuentran ausentes los derechos económicos y sociales.
Como la Constitución fue elaborada por la Comisión designada por la dictadura, la interpretación que se hace de las garantías fundamentales se remite permanentemente a desentrañar las opiniones y juicios de esos comisionados de la dictadura; a su vez, los tribunales chilenos han sido muy refractarios a incorporar en sus interpretaciones las normas y orientaciones de las convenciones internacionales más relevantes: el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José de Costa Rica, lo que agrava los expuesto.
Se mantiene en la Constitución, aunque reformados, los capítulos relacionados con el Consejo de Seguridad Nacional y con las fuerzas armadas. No cabe la menor duda que analizadas estas materias conforme a los principios de la democracia tales capítulos debieran ser suprimidos. Lo sorprendente es que el Consejo de Seguridad Nacional, con las reformas que se le han introducido, constituye un evidente refuerzo para el neo-presidencialismo en Chile.
El Poder Judicial tiene una estructura en la Constitución que no se ajusta al funcionamiento pleno de una democracia: la Corte Suprema de Justicia está investida no sólo de atribuciones jurisdiccionales, sino que también tiene facultades de carácter administrativo que debieran estar entregadas a un órgano distinto en el cual pudieran participar los distintos poderes del Estado.
La descentralización del país en materia territorial, expresada en la organización de los municipios, deja mucho que desear, por cuanto las municipalidades, pese a la autonomía que la Constitución les otorga, en la práctica son órganos que ejecutan las políticas del poder central, en materias tan importantes como la educación, vivienda y salud.
El sistema político chileno funciona sobre la base de dos notables exclusiones: por un lado el régimen electoral llamado binominal, que privilegia con un notable subsidio a las segunda mayoría, lo que ha forzado a los partidos políticos a mantener alianzas bastante inorgánicas como rígidas para sustentar y prolongar sus representaciones en el Senado y en la Cámara de Diputados; sin embargo, ese sistema electoral, excluye a una parte bastante importante del país, que carecen de representación parlamentaria no obstante que tienen presencia efectiva social, cultural y política. Las “elecciones políticas” resultan ser de esta manera las más rígidas y menos competitivas de las que se hacen en el país. Las barreras de entrada son casi absolutas.
Sin embargo, la más importante exclusión emana de la politización extrema de la política – el país percibe la política como un coto reservado exclusivamente para el club de los políticos y las políticas, que viven en un mundo autoreferente-, que ha desvalorizado en grado extremo el papel de los partidos políticos, de sus dirigentes y de los propios parlamentarios. Esa desvalorización, entre otros factores, ha llevado a mermar la inscripción de la población en los registros electorales: en el año 1989, de una población de 18 años de edad y más, que ascendía a 8 millones 248 mil personas se inscribieron 7 millones 657 personas y no se inscribieron 585 mil personas, vale decir la población no inscrita ascendió a un 7.1%. En el año 2005, la población de 18 años de edad y más ascendía a 11 millones 322 mil personas; de esta se inscribieron 8 millones 220 mil personas y no se inscribieron 3 millones 101 mil personas, vale decir la población no inscrita ascendía a un 27.4%.
En el año 1989 del total de los inscritos en los registros electorales no votaron 499 mil personas, vale decir un 6.1%; en el año 2005 de los inscritos en los registros electorales no votaron 1 millón 105 mil personas, vale decir un 9.8%.
En el año 1989, en las elecciones de Diputados, los votos nulos y blancos ascendieron a 361 mil votos, esto es, un 2.2% de los inscritos. En el año 2005, en las elecciones de Diputados, los votos nulos y en blanco ascendieron a 597 mil, esto es a un 5.3%.
En resumen. En el año 1989, la población no inscrita (7.1%), los inscritos que no votaron (6.1%) y los inscritos que votaron nulos y blancos (2.2%), arrojaron un ausentismo electoral de un 15.4%. En el año 2005, la población no inscrita (27.4%), los inscritos que no votaron, (9.8%) y los inscritos que votaron nulos y blancos (5.3%) arrojaron un ausentismo electoral total de 42.5%.
Las estadísticas anteriores las hemos extraído del libro “La Democracia Agoniza Voto a Voto de Enrique Astorga Lira, Editorial Universidad de Santiago, año 2006”.
Las razones de ese ausentismo electoral para algunos sería un fenómeno político derivado del efecto repelente que ejerce el modelo económico y la democracia restringida en la voluntad política de las personas; para otros sería una simple desmotivación propia del modernismo o posmodernismo, de los tiempos digitales y audiovisuales que nos corresponde vivir.
Personalmente opino que la baja participación electoral, el simple acto de votar, obedece a que nos encontramos bajo el imperio de un régimen neoliberal establecido en la Constitución del año 1980, en virtud del poder constituyente que ilegítimamente se arrogó la dictadura; neoliberalismo que se mantiene en la actualidad; y por ello coincidimos con los autores que sostienen que nuestro país es propiamente una República neoliberal, semidemocráctica y bastante autoritaria o autocrática, desde el punto de vista del modelo institucional que sirve de sustento al régimen económico, social y cultural en actual aplicación.
Así, como algunos venimos sosteniendo la necesidad de corregir o rectificar el modelo económico social, otros, también, pensamos que junto con ello es preciso abordar derechamente el gran tema institucional que hemos referido en estos comentarios. La forma de abocarse al tema constitucional puede ser a través de una reforma constitucional, de leyes interpretativas o bien a través de una Asamblea Constituyente. En la historia constitucional de nuestro país, los textos constitucionales de 1833, 1925 y 1980, en verdad, no fueron elaborados por Asambleas Constituyentes, sino que por Comisiones de notables elegidos por quienes en esos momentos detentaban el poder. El caso más próximo es el de la Constitución del año 1980, fruto del golpe de Estado de 1973, que para algunos inició una verdadera revolución y para otros una contrarrevolución que ha servido de base al establecimiento de un régimen económico y social libremercadista y neoliberal, muy cercano al que precisamente existía en el año 1833; libertad de mercado, crecimiento hacía afuera, incipiente industrialización. En el tiempo presente el régimen económico y social es de carácter indudablemente neoliberal, pero claramente posnacional, porque nos ha incorporado sencillamente a la globalización, desnacionalizando las riquezas básicas del país y golpeando duramente nuestra cultura.
En el estado actual de desarrollo, con toda la tecnología moderna, con los avances notables que se han producido en las ciencias, el país tiene un grado de madurez suficiente como para pensar con seriedad, primero en estudiar a fondo su institucionalidad fundamental y más tarde para proponer una nueva Carta Fundamental elaborada por el verdadero detentador de la soberanía originaria, esto es, el pueblo soberano. Estoy consciente que hablar de estas materias, a muchos no les interesa, o porque están satisfechos, o porque se han incorporado mental y culturalmente al sistema o porque le temen a todo cambio o modificación sustancial que altere los marcos de referencia que sustentan el sistema neoliberal. Sin embargo, es bueno tener presente que, a la larga, no cambiar nada siempre resulta en el tiempo una forma de perder terreno.
Otros pensamos, que Chile se encuentra en condiciones de crecer, de multiplicar efectivamente sus riquezas, de distribuirlas en forma más igualitaria y equitativa. Sin embargo, para que ello sea una realidad los temas institucionales no pueden ser dejados de lado, ya que las grandes concentraciones económicas y financieras que permiten que cinco grupos se apropien de las rentas más importantes que produce nuestro país, bajo ninguna circunstancia se abrirán a cambios o transformaciones que rectifiquen efectivamente el modelo económico social y para ello tienen la coraza protectora de la normativa constitucional heredada de la dictadura. Además, tampoco serán capaces de tirar el carro del desarrollo por sí solos. La evidencia está a la vista. La exclusión de la micro y pequeña empresa, que comprende aproximadamente a un millón doscientos mil empresarios, que proporcionan la mayor cantidad de empleos, pero que participan en un porcentaje pequeño de las ventas totales que se realizan en el país, representa un grave obstáculo para alcanzar tasas de crecimiento per cápita superiores a la de los últimos 14 años.
A las deficiencias del régimen político que hemos observado, se añaden las crisis internas de los partidos políticos que tienden a reproducir el sistema a través de prácticas que lejanamente son democráticas; así, las decisiones más importantes que adoptan los partidos políticos no son el fruto del análisis y el debate interno de los problemas nacionales, no obedecen al razonamiento, sino que únicamente a lo que les indican las encuentas; las nominaciones de candidatos a la Presidencia de la República, a Senadores y Diputados, Alcaldes y Concejales, no se basan en proyectos políticos o en propuestas sociales, económicas y culturales, sino que exclusivamente en los indicadores que resultan de las múltiples encuestas de opinión. Los partidos políticos han sustituido la democracia interna por la Encuestacracia.
El régimen político chileno verdadero no es la democracia, sino que la Encuestacracia y ese panorama naturalmente que desmotiva gravemente a la población del país, a la que se le incorpora a la farándula política y a toda la liviandad que ella conlleva. Así, durante este último tiempo, hemos podido leer en los medios de comunicación como políticos y políticas se autodesignan como precandidatos o candidatos a la Presidencia de la República, o precandidatos o candidatos al Senado y la Cámara de Diputados o alcaldías importantes (como a la Municipalidad de Santiago), tal como si nos encontráramos en un programa de televisión o en un festival de la canción política, en cuyos escenario se muestran los distintos actores interpretando papeles simples y modestos, sin ideas de ninguna especie, con puras sonrisas y caras bonitas. La baja participación electoral encuentra sus raíces en estos hechos y por ello de vez en cuando se producen reventones sociales.
Si, en el trasfondo de todo esto, se encuentra el sistema económico social que la Concertación, desde el año 1990 en adelante, ha aceptado como propio. Incluso un ex Presidente de la República afirmó, tal vez al pasar, que lo que habíamos aceptado era ciertamente el sistema capitalista, y por ende a los ciudadanos y ciudadanas sólo nos quedaría la conformidad ante un modelo que tendría las propiedades de obedecer prácticamente a leyes de la naturaleza.
En el Acta Secreta de la Sesión 1 de la Junta Militar golpista, del 13 de septiembre de 1973, se consignó que ya se encontraba en estudio la promulgación de una nueva Constitución Política, trabajo que estaba dirigido por el profesor universitario Jaime Guzmán Errazuriz. Así, nació la Constitución de 1980 que nos rige.
Después de 34 años, el pueblo de Chile, soberano originario, tiene el derecho esencial a darse una Constitución Política a través de un procedimiento efectivamente democrático. El ejercicio cívico de participar en la construcción de una Constitución Política democrática fortalecerá la Política con mayúscula y por cierto abrirá cauce a las energías creadoras que permitirán al país llegar a ser un país desarrollado a través de un programa popular, nacional y andino que potencie el crecimiento económico y social, la justa distribución de la renta nacional, en una alianza de la razón, los afectos y la naturaleza. La preservación de esta última, ante el avance arrollador del calentamiento global del cambio climático, hasta el día de hoy, no ha tenido respuesta ni preocupación alguna en el mundo político que pareciera estar concentrado en los problemas propios de las futuras elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales; olvidando que el país real está mirando con verdadero asombro cómo el crecimiento neocapitalista destruye la naturaleza por un lucro excesivo y desmedido. Todos los humanismos deben unirse detrás de un proyecto que vaya más allá de las izquierdas y derechas y que permita que nuestros hijos e hijas puedan subsistir en un mundo distinto al nuestro: un mundo no destrozado por la competencia irracional guiada desde los centro financieros y económicos más importantes que ven a nuestro continente y a nuestro país como un simple proveedor de recursos naturales.
28 de febrero de 2007.
Por Hernán Bosselin Correa
Abogado
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