12/15/2009

VOTA POR CHILE, VOTA POR FREI


MAÑANA LA MAYORÍA PROGRESISTA DE CENTROIZQUIERDA SE REUNIRÁ PARA LA MADRE DE LAS BATALLAS, EN 70 AÑOS LA DERECHA NO HA CONTADO CON EL BENEFICIO DE LA SOBERANÍA POPULAR, NO SERÁ ÉSTA LA OCASIÓN PARA OBTENERLO. FREI PRESIDENTE PARA EL BICENTENARIO POR CHILE Y SU GENTE.

10/26/2009

El candidato del hastío

Un vistazo al pasado puede sugerir algunas cosas acerca de Marco Enríquez-Ominami.

A comienzos de los cincuenta, los radicales llevaban más de una década, la inflación galopaba, y la idea de que al Estado lo manejaban rapaces y ganapanes y que los partidos estaban desvencijados prendió como un incendio. Entonces, Ibáñez tomó la escoba y dijo lo que la gente quería escuchar: fustigó a los políticos (él lo era, por supuesto, pero se cuidaba de ocultarlo) y prometió una limpieza a fondo.

La renovación -el sueño de comenzar de nuevo en los brazos de un líder que se decía incorrupto- atrajo a electores de izquierda y de derecha, ex socialistas, radicales, nazis.

Ibáñez ganó.

La situación hoy día es, por supuesto, distinta. Enríquez-Ominami no es Ibáñez (el general lo superaría en años y en ideas); el país es distinto (en vez de crisis vive un ciclo de optimismo); la televisión desplazó a la radio (y la imagen al discurso), y Enríquez-Ominami, dice la evidencia, no ganará (lo aventajarán Piñera y Frei, en ese orden).

Así y todo, hay cosas en las que se parecen.

Desde luego, las críticas de Enríquez-Ominami (como las de Ibáñez de hace medio siglo) poseen una cierta plausibilidad. La picaresca de la Concertación y las rencillas que huelen mal la han desprestigiado. Y, entonces, el vago tono antipartidos encuentra terreno fértil. En la izquierda y en la derecha.

Igual que Ibáñez, Enríquez-Ominami alimenta su popularidad con la vieja fantasía de una democracia sin mediadores ni límites, donde la pureza de intenciones de los liderazgos lo asegure todo. Una sociedad en la que los intereses y los conflictos estén desprovistos de historia. Como quien dice, la política sin principio de realidad.

Un verdadero torrente de simplezas.

La diferencia con el caso de Ibáñez es que en el caso de Enríquez-Ominami los portadores de esa fantasía y de esas simplezas no son hoy las masas desilusionadas o empobrecidas, sino una pequeña élite que viene de sectores sociales a quienes la modernización y la prosperidad de estos años aburre: desde gente de izquierda deseosa de mayor radicalismo, a sectores de derecha anhelantes de sorpresas; desde quienes sienten el deseo de vengar su propio pasado, a los que quieren redimir un presente que se les antoja gris; personas, en fin, que no toleran el anonimato del tranquilo bienestar. ¿Qué puede unir a un viejo y próspero partidario de la vía armada hacia el socialismo (como Marambio) y a un economista neoclásico y liberal (como Fontaine), salvo la avidez de novedades, el afán de aventuras y el deseo de acabar con la somnolencia y el bostezo que les causa la modernización?

Los dirigentes que están detrás de Enríquez-Ominami no expresan la vieja ética de los flagelantes de la Concertación. Para eso sería necesario que descreyeran del mercado y del consumo. Tampoco reflejan lo que alguna vez se llamó la autocomplacencia. En ese caso, deberían alegrarse por estos veinte años.

Ni lo uno ni lo otro.

Su combustible no son las ideas. Es el aburrimiento.

No es que las cosas de estos años les parezcan injustas o moralmente incorrectas. Es que les dan lata.

Los aqueja la sensación de que el gradualismo -la expansión cuidadosa del bienestar material, la contención de las demandas, el manejo de las expectativas de todos estos años- no es la expresión de una virtud, sino el pretexto de una renuncia. Es probable que ésta sea la razón de por qué se muestran más o menos indiferentes ante Frei o Piñera. Y es que ambos prometen, ¡apenas!, la mediocridad de la modernización.

Así están las cosas.

Nunca el aburrimiento y el tedio -en vez de las ideas o la indignación moral- habían tenido más importancia en la política que hoy.

Por Carlos Peña
Fuente: emol.com

10/19/2009

Nuevas ideas, sentidos y prácticas al futuro Gobierno


Cabe entonces preguntarse ¿con qué generación realizará el prometido recambio quien gane la elección de diciembre? ¿Unas cuantas caras nuevas y “descontaminadas” de la política contingente podrán dotar de nuevas ideas, sentidos y prácticas al futuro Gobierno? Probablemente, quien pierda la elección tendrá en sus manos un hito tan potente como para partir de cero y quizá, encontrarse con una generación que recoja el guante y asuma el desafío y la bandera del recambio desde la oposición. (José Jara en www.generacioncritica.cl)

Tanto Alvear como Gutenberg Martínez fueron acribillados públicamente como máximos responsables del resultado de las elecciones municipales. Así se sepultó la opción Alvear. Los príncipes fueron a visitar a Frei, y desde ahí surgió imparable su opción como presidenciable. Burgos está desde hace rato en el comando de Frei; hace pocos días Gutenberg ingresó al comando estratégico. Ya antes Pizarro, otro general de Alvear, se había hecho cargo de la territorial. Los príncipes están suficientemente representados en la plantilla parlamentaria.


No es casualidad.


"Los mismos de siempre" han ido llegando a acuerdos para mantener el poder. Con un pragmatismo envidiable, cierto, pero también evitando así una verdadera renovación.


En la centroizquierda también se fraguan acuerdos para mantener el poder (absolutamente legítimo). Ver el plan para reagrupar la "nueva centroizquierda":

http://diario.elmercurio.com/2009/10/18/reportajes/reportajes/noticias/impresion2DF337C5-F4DD-487F-8044-D938ABC48F2B.htm?id={2DF337C5-F4DD-487F-8044-D938ABC48F2B}


Claudio Fuentes (ex-Flacso) hablaba de un camino largo y uno corto: el corto sería la estrategia tipo ME-O o tal vez la que reseña El Mercurio, algo rápido, para salvar la cara y los puestos. El otro, el largo, sería realizar una introspección, discusión y trabajo en grupos, de discusión, que pasara por reformar los partidos políticos, por hacer las reformas imprescindibles (inscripción, ley de PPs, sistema binominal, etc.) de manera de recuperar la imagen de la política. Me sentí plenamente interpretado por este camino largo.


Por eso, a mí por lo menos me convence trabajar para devolverle a la DC un rostro contemporáneo, y a eso estoy abocado. Independiente de quien gane, deberemos trabajar por renovar la política (no sólo la DC) con un discurso que aglutine, que la haga volver a representar los intereses de la gente, que haga inverosímil hablar de "temas ciudadanos" en contraposición a "temas políticos" como lo hace la encuesta Qué Pasa.


Puede que el PDC como institución esté muriendo, pero seguirá habiendo que comparta un discurso de centro (si centro-I o centro-D se verá en el debate futuro) basado en el humanismo cristiano (aunque no confesional).


Y para ello, los que estemos dispuestos deberemos irrumpir en las próximas elecciones de directiva de la DC. Pero para eso se necesitan votos. Se necesita hacer campaña, proselitismo, y también abrir conversaciones para consensuar ciertos principios básicos que nos permitan generar una "nueva mayoría" que reforme el partido:

- que sea transparente, profesional y no confesional,

- que no separe artificialmente entre "temas ciudadanos" y "temas políticos", que nutra el debate (¿qué tiene que decir la DC frente al medioambiente, las energías renovables, la igualdad de género, la delincuencia, la crisis financiera, etc…?)

- que respete un "estado de derecho" interno para que haya certeza jurídica, para que los candidatos se elijan consultando a las bases y de manera eficiente,


Hay trabajo para diciembre y enero, pero también para marzo y abril.


José Miguel Torres

9/10/2009

Análisis de la ley de TV digital


Estamos frente a un intento por establecer un nuevo modelo para la televisión chilena, que -paradójicamente- consolidará y perpetuará la posición de privilegio que ostentan los actuales actores de esta industria, altamente influyente en lo político y cultural. A éstos los protege contra una eventual competencia y les permitirá además participar del negocio del transporte de otros "datos", cuestión que hasta ahora no podían, ni legal ni tecnológicamente. Este artículo es la continuación de TV Digital: la hora de las definiciones clave

Por Federico Joannon*

Como se ha mencionado en la primera parte de este artículo, existe la necesidad de legislar para poder digitalizar la televisión abierta ("televisión digital terrestre"), toda vez que se requiere reasignar, en la banda UHF del espectro radioeléctrico, las actuales frecuencias concesionadas en la banda VHF a los canales de televisión existentes. Este cambio tecnológico/legal debería, en principio, permitir la entrada de varios nuevos actores al mercado de la televisión abierta, y, con ello, podría ganarse en diversidad.

Lo anterior, porque con la digitalización es posible encaminar, sin entorpecerse, más señales en una misma cantidad de espectro radioeléctrico. Además, la tecnología digital es más barata que la usada hasta ahora, de tipo analógico, lo que permitirá producir contenido televisivo a un costo menor. Adicionalmente, la parte del espectro que se utilizará para la televisión abierta digital, banda UHF, tiene una mayor disponibilidad de frecuencias que la anterior (la banda VHF).

Sin embargo, el Gobierno de Chile, encabezado al efecto por su Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, ha enviado al Congreso Nacional un Proyecto de Ley que no solo trata sobre la mencionada migración, sino que -adicionalmente- regula otras materias. En realidad, lo que hace es establecer, inconsultamente, "entre cuatro paredes" (o, si se quiere, "entre gallos y medianoche"), un nuevo modelo para la televisión abierta chilena.

Se trata de una compleja iniciativa legal, que constituye un todo orgánico, y que de aprobarse tal cual está, traerá como corolario la imposibilidad de que entren nuevos actores al mercado de la televisión abierta, por lo menos en la cantidad y en las condiciones requeridas para competir en igualdad de condiciones con los actuales concesionarios, mantendrá barreras de entrada a este mercado imposibles de vencer, y les mejorará sin causa legítima el negocio a los grandes de la "industria".

Los motivos para esto nunca han sido explicitados por la autoridad pública, pero puede presumirse que el Gobierno prefiere a la actual "industria" televisiva, con actores conocidos y "negociables", a los cuales -aprovechando la oportunidad de la digitalización- se les pueda ayudar a incrementar sus ingresos y que, consecuencialmente, con ello ojalá mejoren sus contenidos. O, quizás, simplemente se trate de terror -o "temor reverencial"- a enfrentar a la poderosa "industria" de la televisión abierta, agrupada en la ANATEL (asociación de los operadores grandes de televisión abierta o, lo que es lo mismo, canales con presencia en Santiago: señales 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 13), que no quiere más comensales a su pequeña mesa.

Sobre lo último, sería interesante contar con un estudio comparativo de cómo trataron al Gobierno los noticieros de los canales de televisión antes y después de la llegada de René Cortázar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

En fin, vamos por partes.

1) Un dato clave previo

Es un hecho incontrovertible que la única forma de hacer competitiva y lucrativa una empresa de televisión abierta es que ésta transmita su contenido simultáneamente, total o parcialmente, en las principales ciudades del país, pero muy especialmente en Santiago de Chile, donde se encuentra cerca del 40% de la población del país. Desde la perspectiva comercial/publicitaria, más allá de lo que unos u otros deseen, Santiago es Chile, y la televisión abierta vive principalmente de avisos publicitarios masivos.

Así las cosas, y el Gobierno y la ANATEL lo tienen muy claro: cualquier nuevo actor en el mercado de la televisión abierta que no tenga una concesión televisiva para transmitir en Santiago de Chile no será realmente una amenaza contra la "industria".

2) El Proyecto de Ley no permite la llegada de pluralidad de nuevos actores al mercado de la televisión abierta nacional.

No obstante la posibilidad técnica/teórica de multiplicarse por 6 las señales de televisión abierta como consecuencia de la nueva tecnología digital (cuestión con complejidades técnicas, pero posible de superarse, por ejemplo a través del denominado transmisor "multiplex"), la iniciativa legal del Ejecutivo solo permitirá que en Santiago surja 1 nuevo concesionario de televisión abierta de similares características a los concesionarios grandes actuales (léase: de los miembros de la ANATEL). Y, quizás, en una segunda etapa -planificada por el Gobierno para varios años más- pueda aparecer un segundo nuevo actor más.

Al hablar de "similares características" a los canales grandes actuales, nos referimos a que este nuevo actor, además de su concesión para transmitir en Santiago, tenga también una concesión televisiva amplia o total, es decir, que pueda difundir contenido televisivo generalista (entretención, información y cultura) y que esté habilitado para transmitir su programación sin necesidad de contratar a un tercero que se la "transporte". Sobre esto, cabe mencionar que el Proyecto de ley en comento diferencia entre concesiones para transporte de señales y concesiones para difundir señales de televisión (distinción hasta ahora inexistente, bastante artificiosa, y que tiene por objetivos permitirle la entrada a este mercado a las compañías telefónicas móviles, que ya tienen la infraestructura para ello, y posibilitarle a las empresas operadoras de televisión -que reúnan ambos tipos de concesiones- ampliar su giro hacia el transporte de otros "datos" digitales). A los actuales concesionarios, entre ellos los miembros de la exclusiva ANATEL, se les entregarán ambos tipos de concesiones.

¿Cómo se llega a la conclusión de que, no obstante la digitalización, el Proyecto del Gobierno significará que en Santiago haya un solo nuevo actor sentado a la mesa de la "industria"?

Pues bien, esta escasez sobreviniente en la teóricamente generosa banda UHF se explica en que el Gobierno, desoyendo el criterio de equivalencia entre las señales analógicas ya otorgadas y las señales digitales que las reemplazarán, ha decidido entregarle un paquete o "pack" de 6 megahertz del espectro radioeléctrico a cada uno de los actuales operadores; que, como se ha visto, es una cantidad mucho mayor al equivalente que hoy tienen y muy superior a la requerida por la tecnología digital para transmitir una sola señal de televisión abierta.

Del saldo que queda (banda UHF del espectro radioeléctrico), se deben restar los varios paquetes de 6 megahertz c/u que se asignarán para concesiones exclusivas de transporte de señales, las que podrán utilizarse exclusivamente para el negocio de transportar "datos", en general (telefonía móvil, acceso a Internet y transmisión de señales televisivas, por ejemplo), pero prohibiéndosele a estos curiosos concesionarios el transmitir señales de televisión propias.

Y, de lo poco que va quedando de espectro UHF, por expreso mandato del Proyecto de ley deben restarse las frecuencias reservadas para uso exclusivo de televisión regional; televisión local; televisión comunitaria, y televisión de alcance nacional que el Consejo Nacional de Televisión haya calificado como cultural. Todas éstas no pueden ser menos de un 40% del total espectro disponible en la bande UHF.

Adicionalmente, también hay que restar la reserva que se auto impone el Estado, para efectos de garantizar a los actuales operadores al menos una frecuencia (1 megahertz), en un "multiplex" compartido, para el caso que por cualquier razón no se les renovare su concesión de 6 megahertz en banda UHF (la cual, como sabemos, se les entregará por el solo hecho de ser actuales concesionarios en la banda VHF).

Así las cosas, como en el cuento de los perritos, y a menos que se le hagan cambios importantes al Proyecto de ley, en Santiago de Chile solo quedará un paquete de 6 megahertz disponible para un único eventual nuevo operador de televisión, con condiciones similares a los actuales grandes concesionarios (en realidad, esta similitud no será total, como se verá más adelante).

Seguramente, pujarán por este único espacio disponible en Santiago los conglomerados comunicacionales más grandes y que aún no tienen un lugar en la exclusiva mesa de la ANATEL, tales como Copesa o El Mercurio o el Grupo Claro. Será difícil que empresas más pequeñas puedan obtener esta frecuencia, con lo que se perderá la oportunidad histórica -teórica al menos- de aportarle mayor diversidad al mercado de la televisión abierta.

3) El Proyecto de Ley no le permite al eventual nuevo concesionario en Santiago la necesaria igualdad de condiciones para competir con los operadores grandes antiguos.

En primer lugar, porque en Santiago de Chile (y ocurre lo mismo en otras ciudades del país) no existe disponibilidad física ni jurídica para montar una nueva torre de televisión, con características similares (de calidad) a las que tienen hoy los actuales concesionarios.

En efecto, los mejores lugares, todos ubicados en el Cerro San Cristóbal, están ya ocupados. Además, los propietarios de este estratégico cerro: el Arzobispado de Santiago y el Serviu Metropolitano, han propagado urbi et orbi que no autorizarán la construcción de nuevas torres, ni para televisión ni para radio ni para actividad alguna. En todo caso, si de una u otra manera se les obligare, los lugares que aún quedan con cierta disponibilidad tienen inconvenientes técnicos, como lo son el no permitir una correcta irradiación de las señales televisivas y/o generar "sombras" significativas.

Así las cosas, el nuevo operador de televisión abierta en Santiago tendrá que instalar su torre en algún lugar deficiente (o no tan bueno como el de las otras torres), o tendrá que pedirle al Arzobispado de Santiago (que es dueño de la mejor torre) o a los grandes operadores de televisión un espacio en sus torres para instalar su(s) antena(s) y transmisor(es) de televisión, quedando a su merced, completamente. Los eventuales abusos pueden ir, en degradé, desde no aceptarlo en la torre, darle una ubicación "secundaria" o imponerle condiciones y precios predadores. El nuevo operador no tendrá posibilidad efectiva de negociar algo justo y equitativo por estos servicios.

En segundo lugar, el Proyecto de ley contempla favorecer a los actuales concesionarios de televisión, a cada uno de ellos, con un paquete o "pack" adicional de 6 megahertz, que podrán utilizar para el "nuevo" negocio de transporte de señales de terceros ("servicio intermedio de telecomunicaciones"). Lo cual le estará vedado al nuevo operador de televisión.

Así las cosas, los antiguos operadores podrán sumar hasta 12 megahertz concesionados, utilizables para distintos fines lucrativos, en tanto el eventual nuevo actor solo contará con 6 megahertz, ya que se le prohíbe tener más. Esta diferencia provoca una desigualdad evidente desde la óptica de una verdadera competencia.

En tercer lugar, y para colmo, el Proyecto del Ejecutivo no contiene normas y/o mecanismos que atemperen o morigeren las anteriores discriminaciones a favor de los grandes operadores, como podría ser, por ejemplo, obligar a TVN a instalar en su torre de televisión en Santiago, a precio de costo, el transmisor del nuevo operador, en un lugar apropiado (cuestión perfectamente posible desde la perspectiva técnica).

Por último, si miramos el asunto desde la perspectiva (complementaria) de los actores "chicos" en general, esto es, de los demás concesionarios de televisión: los regionales, los locales, los comunitarios, los que solo tengan autorización para emitir y no para trasportar señales (como las concesiones de carácter exclusivamente cultural), el problema de desigualdad e imposibilidad de competir aumenta notoriamente. Existe un universo de diferencia entre estos concesionarios chicos y los grandes agrupados en la ANATEL. Quizás una forma de atenuar o morigerar esto, en parte al menos, sea a través de un "transportador público" de señales de televisión, a precios de costo y presente en todo Chile, pudiéndose quizás obligar a TVN a jugar este rol (entregándosele más frecuencias de transporte para estos efectos).

4) El Proyecto de ley les mejora el negocio y protege sin causa legítima a los actuales operadores de la industria televisiva abierta.

En efecto, como se ha visto más arriba, por razones no exteriorizadas (aunque se puede especular sobre ello), el Proyecto de ley del Gobierno -cual "varita mágica" de los cuentos de hadas- les mejora el negocio a los actuales operadores de la televisión abierta, y los protege contra una eventual competencia, a través de los siguientes mecanismos:

a) Impidiendo que surjan varios nuevos operadores en el mercado de la televisión abierta en Santiago; esto es, "cerrando el mercado" de los grandes concesionarios desde el lado de la oferta;

b) También desde la óptica de la oferta, permitiéndole a los concesionarios de televisión transmitir varias señales televisivas propias simultáneas y, paralelamente, gestionar el negocio de transportar señales televisivas de terceros (otros canales que no tienen concesión de transporte de señales o que no pueden, en la práctica, contar con el equipamiento para transmitir);

c) Estableciendo el negocio complementario de transporte exclusivo de otros "datos". Recordemos a este respecto que los actuales operadores podrán tener un "pack" adicional de megahertz disponibles para estos efectos que los nuevos operadores;

d) Entregando más dinero público concursable para programación, el cual, por cómo está diseñado el sistema, terminará mayoritariamente en manos de los actuales grandes operadores televisivos, agrupados en la ANATEL. Recordemos que el Proyecto de ley permite, en principio, un solo nuevo operador "grande" (aunque nunca tan grande como los antiguos operadores); y,

e) Si años después puede surgir un segundo nuevo operador, como lo pretende el Proyecto del Gobierno, éste tendrá barreras de entrada adicionales, por cuanto se encontrará con un mercado de la televisión abierta digital (y todas sus complejidades) completamente consolidado, incluido el nuevo actor que le precedió.

Conclusiones más relevantes desde una perspectiva de política pública.

Primero: el Proyecto de ley, de aprobarse en la forma pretendida por el ministro René Cortázar, en vez de obtener la ampliación del actual mercado televisivo, desde la perspectiva de sus grandes operadores, conseguirá perpetuarlo casi como lo conocemos hasta hoy. Ganancia para ANATEL.

Segundo: parte importante del codiciado espectro radioeléctrico, especialmente reservado y considerado para las transmisiones de televisión digital (banda UHF), será en verdad ocupado para transportar otros "datos". Ganancia, especialmente, para las compañías telefónicas móviles.

El resumen de sentido común desde una perspectiva del negocio televisivo es que existe demasiado en juego con la iniciativa legal comentada. No se trata solo de reemplazar frecuencias de televisión, en que las nuevas concesiones son equivalentes a las antiguas, sino que estamos frente a un intento por establecer un "nuevo régimen", un nuevo modelo para la televisión chilena, que -paradójicamente- consolidará y perpetuará la posición de privilegio que ostentan los actuales actores grandes de la "industria" (incluso se les permitirá participar del oneroso negocio del transporte de otros "datos", cuestión que hasta ahora no podían, ni legal ni tecnológicamente). Se trata de una "operación gatopardo".

Así las cosas, y atendido a que estamos en meses electorales, donde la mayoría de los parlamentarios están ocupados y preocupados de sus reelecciones, parece prudente y necesario ponerle "freno de mano" a este Proyecto de Ley, para que sea el próximo Ejecutivo y el Parlamento que vienen, quienes lo analicen con calma, lo estudien y lo discutan, pensando en lo que realmente es mejor para el país.

No se puede soslayar que el proceso eleccionario tiñe muchos temas, en ocasiones más allá de lo razonable, sobre todo si se trata de legislar de televisión, industria muy poderosa.

Por último, no parece prudente ni adecuado que el cerebro y alma del Proyecto de ley que nos ocupa sea el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, René Cortázar. No solo porque en estricto rigor los temas de la televisión abierta no corresponden propiamente a su cartera ministerial (salvo en la cuestión técnica de las concesiones de radiodifusión), sino porque él fue durante más de dos lustros -justo previo a su designación ministerial- muy cercano a la ANATEL. Es más, durante varios años fue un activo miembro integrante de su Directorio, probablemente el más importante de sus directores.


*Federico Joannon es abogado y miembro del directorio de El Mostrado

TV Digital: La hora de las definiciones clave


Al digitalizar la denominada "televisión terrestre" se podrían obtener más señales de televisión abierta utilizando la misma cantidad de aspecto radioeléctrico y con señales de mejor calidad que las actuales. Por lo mismo, podría flexibilizarse la principal barrera de entrada al mercado de la televisión abierta, cual es la extrema escasez de espectro radioeléctrico, con el fin que existan más empresas u operadores televisivos. Esto no es menor en un contexto de serias y múltiples críticas y quejas hacia la calidad del contenido de la actual televisión abierta chilena.

Por Federico Joannon*

La digitalización de las actuales señales analógicas de televisión abierta de libre recepción permitirá que éstas se transformen en "datos" y se desplacen como tales por el espectro radioeléctrico, utilizando así un menor ancho de banda.

En tanto bien nacional de uso público, muy escaso, el uso y goce del espectro radioeléctrico necesario para diversos fines (televisión, radio, telefonía móvil, etc.) es entregado por la autoridad pública a través de "concesiones".

Independientemente de la tecnología que escoja el Gobierno para materializar la mencionada digitalización de las señales televisivas (las denominadas normas europea, japonesa o norteamericana), una vez que alguna de ellas se implemente posibilitará que una señal de televisión abierta digitalizada estándar, que será siempre de mejor calidad que las actuales señales de televisión abierta analógicas, ocupe solo 1/6 del ancho de banda que hoy se necesita (1 megahertz en vez de 6 megahertz), lo que podría multiplicar por seis el número de canales abiertos existentes. Y si se quisiera que la señal fuera de muy alta definición, se requerirá 4/6 de lo actual (4 megahertz en vez de los actuales 6 megahertz).

Así las cosas, en principio al menos, al digitalizar la denominada "televisión terrestre" se podrían obtener más señales de televisión abierta utilizando la misma cantidad de aspecto radioeléctrico (y con señales de mejor calidad que las actuales). Por lo mismo, y también en principio, se relativizaría o flexibilizaría la actual principal barrera de entrada al mercado de la televisión abierta, cual es la extrema escasez de espectro radioeléctrico (en Santiago, por ejemplo, ya no caben más señales analógicas). De esta manera, podrían haber más empresas u operadores televisivos.

Esto no es menor en un contexto de serias y múltiples críticas y quejas hacia la calidad del contenido de la actual televisión abierta chilena.

Para implementar este avance tecnológico será necesario utilizar la banda UHF, donde aún hay bastante espectro disponible, por cuanto la banda VHF, que utilizan las actuales señales analógicas de televisión abierta (canales 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 13, en la Región Metropolitana) está completamente copada por éstas en varios lugares de Chile, y, por lo mismo, no hay espacio disponible para que se realicen en paralelo las transmisiones digitales necesarias para ir preparando e implementando la nueva tecnología. Esto, en un camino sin vuelta atrás que debiera culminar con el denominado "apagón analógico", momento en el cual la banda VHF volverá - su uso y goce - nuevamente a todos los chilenos, para su posterior asignación a otros fines (todo indica que ajenos a la TV).

Como los actuales concesionarios de televisión abierta de libre recepción tienen un derecho de propiedad sobre sus concesiones vigentes de TV en banda VHF, asignadas hace ya tiempo por el Estado en sus actuales señales (operadas con tecnología analógica), es necesario legislar para que sea la propia ley quien les cambie o reemplace sus frecuencias por otras, en adelante en la banda UHF, a operarse exclusivamente con tecnología digital.

Esta es, en estricto rigor, la única materia imprescindible de legislarse para poder materializar la digitalización de la televisión terrestre: una norma obligatoria que establezca el sistema de reemplazo -y su obligatoriedad y los plazos- de las actuales señales concesionadas en banda VHF, a otras señales o frecuencias equivalentes ahora en la banda UHF, una vez ocurrido el denominado apagón analógico de la televisión abierta (esto es, cuando los actuales concesionarios ya no puedan seguir transmitiendo en sus actuales señales VHF).

Entretanto no ocurra este "apagón", la autoridad administrativa, sin necesidad de ley alguna, está perfectamente facultada para "prestarles" a los actuales concesionarios alguna(s) señal(es) transitoria(s) en banda UHF para que, en coexistencia con sus señales VHF, puedan paulatinamente implementar la migración a la nueva tecnología digital. Así ocurrió, por ejemplo, con la transmisión del partido de fútbol entre Chile y Venezuela, que Canal 13 transmitió paralelamente en ambas tecnologías, gracias a una frecuencia en banda UHF que le facilitó al efecto la Subtel.

En cuanto a qué debe entenderse por equivalencia de señales o frecuencias (entre lo ya concesionado por los actuales canales de televisión abierta en banda VHF y lo que se les debe entregar, en reemplazo, en banda UHF), lo natural y obvio sería que le ley remplazara el actual ancho de banda, que se requiere para transmitir hoy televisión abierta analógica, esto es, 6 megahertz, por el ancho de banda necesario para transmitir televisión abierta digital, esto es, 1 megahertz (ó 4 megahertz si se aspira a televisión de altísima definición, cuestión de por sí discutible). Si así se hiciere, los actuales canales de televisión quedarían en una posición perfectamente equivalente a la actual, pudiendo desarrollar su negocio televisivo en condiciones análogas a las que ahora tienen. Y el excedente de espectro radioeléctrico en banda UHF podría concesionarse a varios nuevos actores para este mercado.

Sin embargo, con la excusa de aprovechar la ocasión para solucionar problemas legales pendientes (como la coexistencia de distintos regímenes de concesiones televisivas, unas indefinidas y otras a plazo fijo; la necesidad de revisar las atribuciones del Consejo Nacional de Televisión, y la conveniencia de entregar más dineros concursables), o para arreglar problemas técnicos por venir (como la limitante de que los actuales transmisores de televisión digital permiten administrar paquetes de a 6 megaherts y no de menos ancho de banda), todos los cuales podían abordarse a través de otros proyectos o mecanismos, el Gobierno de Chile -encabezado al efecto por su ministro de Transportes y Telecomunicaciones- envió para su tramitación al Congreso Nacional un Proyecto de ley misceláneo denominado ladinamente "Proyecto de Ley que Permite la Introducción de la Televisión Digital Terrestre", el cual va mucho mas allá de lo necesario para esta implementación.

En efecto, este proyecto de ley, con distintas elipsis, paráfrasis y excusas, además de posibilitar la digitalización comentada (que -como se ha visto más arriba- debería significar la ampliación del actual mercado televisivo), lo que busca es impedir que entren nuevos actores al mercado de la televisión abierta, en la cantidad y en las condiciones de poder competir realmente con los actuales concesionarios, mantiene artificiosa y perpetuamente barreras de entrada al mercado de la televisión abierta, y mejora hacia el futuro el negocio a los actuales concesionarios, entregándoles un ancho de banda superior al equivalente que hoy tienen y permitiéndoles que utilicen sus concesiones televisivas para otros fines diferentes (transporte de datos, en general. Por ejemplo, telefonía y acceso a Internet). Todo esto, por supuesto, a menos que el Proyecto de Ley sea profundamente modificado y mejorado durante su tramitación en el Parlamento.

Detrás del contenido del Proyecto del Ejecutivo subyace la equivocada visión de que, como hacer televisión abierta es caro y de muy difícil financiamiento, lo mejor para el país sería fortalecer a los actuales pocos concesionarios del mercado televisivo ("malos pero nuestros", y quienes "conocen" del negocio), y no debilitarlos a través de la entrada de nuevos actores. Adicionalmente, y con la expectativa de que mejoren sus contenidos televisivos, se les quiere dar la posibilidad de que con sus concesiones hagan otros negocios paralelos (lo que la tecnología digital permitirá), y, además, se pretende otorgarles más dinero público a través de concursos para financiar programas de televisión.


*Federico Joannon es abogado y miembro del directorio de El Mostrador.

8/04/2009

Participacion y creacion comunitaria de proyecto país


Estimados Amigos y Amigas:

1.- Respondimos de los primeros ante el llamado de Frei, a traves de oceanos azules para pensar un chile mejor, particularmente en un ambito q el mismo inicio el 99 con el primer documento oficial del gobierno sobre sociedad de la informacion.

2.- Nos convocamos, no solo democratacristianos, sino personas de los mas amplios sectores, pensando q teniamos un aporte q hacer en un area del conocimiento en la q hemos trabajado junto a nuestras comunidades por mucho tiempo.

3.- Confiamos en que a las personas en el equipo de oceanos azules a las q nos dirigimos, tomarian con seriedad el trabajo q hicimos, con el unico interes de participar y apoyar la candidatura de la concertacion, ya q creemos en ella y creemos en Frei como el conductor de un proceso, q necesariamente debe vivir un proceso de revision y rearticulacion, tanto politica como programatica.

4.- Nos motiva la continua perdida de posicion de chile, en los indicadores internacionales en materia de sociedad de la informacion, y por eso nos decidimos a actuar desde nuestra reflexion-accion.

5.- Pero en todo este tiempo, no hemos recibido ni un solo comentario sobre nuestro aporte, ni tenemos claridad sobre lo q ocurrio con el.

Es en estos momentos cuando mas debemos reunir fuerzas e ideas para volver a encantar al pais, y no dejar q un grupo de burocratas en torno a nuestro candidato, genere la sensacion de q los llamados a la participacion y creacion comunitaria de proyecto pais, es solo un recurso retorico q busca votos. Afirmo nuevamente q creemos firmemente en Eduardo Frei, encarna lo mejor de la concertacion y q desde su presidencia podremos volver a encarnar un proyecto progresista de pais y con clara vision de futuro y q mas enfoque de futuro q la plena incorporacion de chile a la Sociedad de la Informacion.

Por tanto amigos y amigas, queremos convocarnos la proxima semana, a reunirnos nuevamente como comision, en la sede de oceanos azules para retomar nuestra trabajo y pedir explicaciones sobre el destino y consideracion de nuestro aporte.

Me siento comprometido con el trabajo q hicimos y acogiendo el llamado de federico y de erika sobre lo ocurrido con nuestro aporte, quedamos a disposicion sobre la confirmacion de cada uno de ustedes para reunirnos la proxima semana.

atte

Luis Perez Prado

7/22/2009

“Sherpas” al rescate de la DC














Autor: MANUEL SALAZAR SALVO

Los sherpas habitan un valle que rodea el monte Everest y poseen grandes aptitudes para moverse en las alturas. Durante años han sido asistentes fundamentales de los escaladores de las cumbres de los Himalayas. Muchos montañistas que dicen haber ascendido solos, en verdad fueron acompañados por anónimos sherpas. Así como ellos, en los últimos 25 años en Chile decenas de militantes han cumplido similares labores de asistencia a los dirigentes de la Concertación de Partidos por la Democracia. Hoy, sin embargo, cuando se percibe agotamiento y le falta oxígeno a los titulares, pareciera que ha llegado la hora de que los “sherpas” locales asuman papeles protagónicos.

La hecatombe alcaldicia sufrida por la Democracia Cristiana en los comicios municipales, donde perdió más de 400 mil votos de los obtenidos en 2004, provocó la renuncia de la senadora Soledad Alvear a la presidencia del partido y a sus aspiraciones a la primera magistratura, sumiendo al PDC en la peor crisis de su historia.

La derrota de Jaime Ravinet en Santiago fue uno de los golpes más demoledores. El candidato del PDC se fue a su casa en Zapallar para las fiestas patrias, mientras Pablo Zalaquett, su adversario de la UDI, recorría ferias y ramadas desde las 7 de la mañana a las 12 de la noche. Ravinet optó por la propaganda ampulosa y el distanciamiento de la política. Zalaquett, en cambio, se apropió de los puerta a puerta y de los servicios comunitarios de las “plazas ciudadanas”, que exitosamente utilizó el comando de Ricardo Lagos en las presidenciales de 1999. Ravinet creyó que en el pasado estaba su fortaleza, e incluso eligió a jefes de campaña que ya habían perdido con Jorge Schaulsohn en 2004. Zalaquett apostó al futuro, y contó con los mejores cuadros de la UDI metropolitana, varios de ellos integrantes de la maquina electoral del senador Pablo Longueira.

El caso de Ravinet se repitió en Valparaíso, donde fue derrotado el alcalde Aldo Cornejo, y en otros 40 municipios que eran controlados por miembros de la Falange. Los errores en la elección de los candidatos y en el diseño de las campañas, que también se dio, aunque en tono menor, entre sus socios del oficialismo, sólo fueron asumidos cuando se conoció la magnitud de la derrota. Recién los dirigentes se acordaron de que era necesario “escuchar a la gente”.
La fuga de votos del PDC se explica en gran parte por la marginación forzada o voluntaria de los “colorines”, la corriente que dirigía el senador Adolfo Zaldívar, enemigo declarado del alvearismo. Para los comicios municipales se aliaron en el pacto Por un Chile Limpio con los seguidores de Fernando Flores y Jorge Schaulsohn, aglutinados en Chile Primero.

Otro importante número de votos del PDC fue captado por candidatos independientes de los más variados orígenes, tanto en alcaldes como en concejales. En este último caso, según los analistas de la tienda de la flecha roja, la dispersión de sufragios fue provocada por la estrategia impulsada por Pepe Auth, presidente del PPD, que dividió al oficialismo en dos subpactos e hizo perder 67 concejales a la DC.

“LOS PRÍNCIPES”

No obstante, la debacle de la Democracia Cristiana tiene dos notorias excepciones en el gran respaldo conseguido por los alcaldes Claudio Orrego, en Peñalolén, y Alberto Undurraga, en Maipú. Ambos miembros de un grupo a los cuales El Mercurio bautizó como “los príncipes”, y que también integran, entre otros, el ex ministro de Transportes, Sergio Espejo; el diputado Jorge Burgos, quien asumió la presidencia de la DC en carácter de subrogante; el ex canciller Ignacio Walker y Clemente Pérez, ex subsecretario de Obras Públicas y actual presidente del Metro.

Los “príncipes” forman parte de un grupo generacional más amplio dentro del PDC y de la Concertación, los llamados “sherpas”, que adquirieron connotación política en la década del 80 como dirigentes estudiantiles en la enseñanza media, en la universidad y en sus propios partidos, y que fueron determinantes para ganar el plebiscito de 1988.

El apodo de “príncipes” tiene su explicación al parecer en su origen social y en sus grados académicos, obtenidos en las mejores universidades estadounidenses. Se han mantenido casi siempre al margen de las tendencias del partido, desempeñando diversas funciones en los gobiernos de la Concertación. Burgos, Walker, Orrego, Undurraga, Espejo y Pérez son parte de una generación donde también destacan René y Eduardo Saffirio, Sergio Micco, Alex Figueroa, Osvaldo Artaza, Alejandro Ferreiro, Guillermo Larraín, Patricio Walker, Patricio Vallespín, Rodrigo Díaz, María Cecilia Wagner, Marcelo Albornoz, Pedro Araya, Víctor Maldonado, Felipe Sandoval, Jorge Navarrete Poblete, Eduardo Abedrapo, Nolberto Díaz y José Sabat, entre otros militantes que a lo más se empinan por sobre los 50 años. A ellos se agregan los ex líderes universitarios que formaron parte del Comando Juvenil por el No en 1988, donde sobresalen Yerko Ljubetic, Germán Quintana, Humberto Burotto, Tomás Jocelyn-Holt y Rodolfo Fortunatti.
Detrás de ellos, generacionalmente, se sitúa una considerable camada de jóvenes que han sido jefes de gabinete, asesores o consejeros de los dirigentes del PDC. La lista es larga: Andrés Jouannet, Mauricio Morales, Marcelo Drago, Gonzalo García, Jaime Urbano, Enrique Rájevic, Marcelo Rodríguez, Rodrigo Albornoz, Claudio Salas, Leonardo Bravo, Cristián Torres, Hernán Vergara, Carolina Sáez, Fernando Paz, Víctor León, Manuel Aravena, Ignacio Montiglio, Gonzalo Cowley, Carolina Jorquera, Osvaldo Badenier y Javier Claissac, por mencionar algunos.

Muchos provienen de familias democratacristianas, cursaron estudios en colegios religiosos y en la Universidad Católica. También han figurado en las listas de “nuevos líderes”, que tanto gusta elaborar a los diarios El Mercurio y La Tercera. En otras palabras, son políticamente correctos y socialmente aceptables.

Jorge Burgos aparece como uno de sus líderes naturales. El “Pocho”, como lo llaman, conoce como pocos los complicados entramados de La Moneda. Trabajó en el Ministerio del Interior desde los primeros días del gobierno de Patricio Aylwin, hasta que decidió postularse por Ñuñoa y Providencia a la Cámara de Diputados, en 2001. Hoy aspira a ser senador.

Si los “príncipes” y “sherpas” en conjunto asumen el desafío de recomponer el PDC, deberán contar con la anuencia o definitivo retiro de viejos estandartes del falangismo, subsumidos en rencillas que se remontan en algunos casos a la década de los 60 (ver págs. 14 y 15).

Desde la derecha tratan de atraer a los democratacristianos, pero ese partido ha demostrado en momentos críticos mucha entereza para superar sus conflictos internos. En esta ocasión, una vez más, tiene en sus manos la llave del nuevo gobierno que regirá Chile para su bicentenario.

EJERCICIOS NUMÉRICOS

De los 6.354.085 votos emitidos para concejales, 516.319 (8,12%) correspondieron a votos nulos y 267.767 a votos blancos (4,21%). Los no inscritos al 26 de octubre eran 3.106.622 ciudadanos. Si a los nulos, blancos y no inscritos se les suman unos 500 mil chilenos residentes en el exterior, que no tienen derecho a voto, resulta un total de 4.390.708 ciudadanos. La abstención fue de 16%, o sea 1.303.722 ciudadanos. En total, más de cinco millones de sufragios. Ellos podrían cambiar por completo la correlación de fuerzas políticas existentes y/o transformarse muy pronto en una mayoría silenciosa al margen del sistema político, con todos los riesgos que ello implica.

La derechista Alianza por Chile ganó las elecciones de alcaldes y la gobernante Concertación se impuso en las de concejales. El Juntos Podemos Más disminuyó levemente su votación, crecieron los independientes y surgió como una nueva fuerza el pacto Por un Chile Limpio, cuyo eje es el PRI de Adolfo Zaldívar.

Si se realiza un simple ejercicio de suma de votos, suponiendo que todos los partidarios del pacto Por un Chile Limpio y dos tercios de los independientes se sumarán a la derecha en diciembre de 2009, la candidatura presidencial de Sebastián Piñera conseguiría 51,36% de las preferencias, según la votación de alcaldes; pero sólo el 44,56%, según la votación de concejales. Por su parte, agregando los votos del Juntos Podemos Más y de un tercio de los independientes, el futuro candidato presidencial de la Concertación conseguiría el 48,22%, según los votos de alcaldes, y 54,02% con los votos de concejales.

La manipulación de guarismos en la elección de alcaldes explica el optimismo de la Alianza de cara a las presidenciales. Si se repiten las mismas condiciones y (...)


(Este artículo se publicó completo en la edición Nº 674 de Punto Final, 7 de noviembre, 2008. Suscríbase a la edición impresa de PF)

7/20/2009

Subsidio al transporte público: Mucho más que tapar un hoyo


Ferreiro, Alejandro:

¿Qué pasaría si los santiaguinos estuvieran obligados a financiar con su pasaje la totalidad de los costos del Metro, incluyendo construcciones y material rodante? El pasaje duplicaría, al menos, su costo actual, y pocos podrían costearlo. El Metro quedaría subutilizado y buena parte de quienes hoy viajan en él deberían buscar medios de transporte de superficie, incrementando la contaminación y congestión. La ciudad sería insoportable.

Pero no. Desde hace ya muchos años hemos entendido que la rentabilidad social del Metro justifica subsidios estatales. El Estado financia, desde luego, las inversiones en construcciones y equipo rodante. Según los resultados del 2008 de Metro S.A., los ingresos por ventas de pasajes apenas alcanzan para pagar los costos de explotación, administración y ventas. Nada sobró para pagar, siquiera, la deuda financiera.

¿Es esto un escándalo? ¿Tiene sentido hablar de despilfarro millonario, déficit inaceptable o política fracasada? Por cierto que no. Subsidiar el transporte público subterráneo es eficiente y necesario desde la perspectiva social y ambiental. Favorece preferentemente a los sectores de menores recursos y es esencial para combatir la contaminación capitalina.

Llama la atención, entonces, que estas descalificaciones se utilicen cuando se trata de analizar otra forma de subsidio al transporte público: el Transantiago. No se trata de minimizar sus múltiples fallas de diseño y ejecución. Pero ellas no pueden nublar su realidad básica: se trata de un sistema de transporte público que hoy funciona claramente mejor que el sistema previo de micros amarillas, es más seguro y menos contaminante, aunque su operación no se financia con las tarifas cobradas al público. Esa es la fuente principal del déficit, o “despilfarro”, como a muchos les gusta calificarlo. Con el ajuste de recorridos, contratos e infraestructura, el sistema ha mejorado y, probablemente, mejorará aún más a futuro. Pero no dejará de ser deficitario, a menos que se suban los pasajes sensiblemente. Ello sería, al igual que en el caso del Metro, socialmente regresivo, ambientalmente contraproducente y, con razón, políticamente inviable.

Por eso, el subsidio permanente al Transantiago acordado la semana pasada entre gobierno y oposición, que también incluye aportes importantes a los sistemas de transporte públicos de regiones y al pasaje escolar hasta el 2014, es una política razonable y meritoria desde la perspectiva social, ambiental y urbanística. ¿Acaso no es bueno favorecer la movilidad geográfica de trabajadores y estudiantes de menores recursos?; ¿o estimular el uso eficiente de un parque de buses más moderno, amplio y menos contaminante?, ¿o el uso de un medio seguro y electrónico de pago que ha disminuido notablemente la delincuencia en torno a la actividad?

Se equivocaron, por cierto, quienes pensaron que el nuevo sistema, y particularmente por su vulnerabilidad a la evasión, podría financiarse con el precio de los pasajes del sistema antiguo. No hubo magia. Ni era esperable que la hubiera: aspirar a un sistema mejor cuesta más. Pero no es justo, necesario ni conveniente que los más pobres —principales usuarios del sistema— paguen la diferencia de su bolsillo.

El subsidio al transporte público es una realidad en casi toda sociedad desarrollada. Y en Chile habríamos debido llegar a esa conclusión de cualquier manera, tarde o temprano, con Transantiago o sin él. Pero la historia fue una, conocida e innecesariamente traumática. Y si bien ella nos ha obligado a sincerar las cosas, también ha contribuido a contaminar la valoración serena y justa de los sólidos fundamentos que motivan la necesidad de subsidiar.

No nos perdamos. Un subsidio no es despilfarro, ni fracaso, ni ineptitud, en la medida en que los dineros públicos financien la parte del beneficio social de un servicio que no pueden razonablemente pagar sus usuarios directos. Y nadie puede dudar que las externalidades positivas y efectos redistributivos de un buen sistema de transporte público en Santiago y regiones merece subsidiarse.

¿Y cuánto? No lo sabemos, es cierto. No es obvio que el subsidio acordado coincida con el monto que habría surgido de una medición fina y objetiva de la rentabilidad social y capacidad de pago de los usuarios en relación a un sistema de transporte optimizado. Ese cálculo debiera ser, a futuro, tarea de una Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, como la que ha sido contemplada en programas de gobierno anteriores y actuales, pero nunca concretada hasta ahora. Lo que sí sabemos es que no debe sorprender, ni incomodar, que los contribuyentes aporten a financiar el transporte público. ¿No es eso, acaso, lo que hemos hecho por décadas con el Metro?

Fuente: lasegunda.cl

7/15/2009

Gobierno cambiará norma de urbanismo que beneficiaría a Gener


Hasta el nivel central del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) llegaron las gestiones que el gobierno, a través de las carteras de Interior y Energía, está haciendo para que Gener pueda retomar la construcción de la central termoeléctrica Campiche, en la V Región. El Diario Financiero, 14 de julio 2009.

Paralelo al trámite que la eléctrica debe hacer ante la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Valparaíso para cambiar el uso de suelo del lugar donde se ubica la unidad, la estrategia del titular de Interior, Edmundo Pérez Yoma, también incluyó acudir al Ministerio de Vivienda, que avanzará para lograr una modificación normativa que podría beneficiar a Gener.

La Corte Suprema revocó el permiso ambiental de Campiche, en virtud de un “vicio administrativo” relativo al destino de la zona donde está trabajando.

Hasta ahora las conversaciones de la generadora respecto de esta situación se han desarrollado con el titular de Energía, Marcelo Tokman, y el jefe del gabinete.

Ellos, a su vez, asumieron la coordinación con las otras reparticiones públicas como el Minvu, donde se mostraron “disponibles para revisar aquellos temas normativos que permitan determinar claramente dónde se puede instalar equipamiento de generación, ya sea térmico o hidroeléctrico”.

En concreto, fuentes al interior del Minvu señalaron que las autoridades de la cartera están prontas a acordar una modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, trámite que tiene por objeto “evitar que esta decisión quede al arbitrio de cualquier plan regulador”, comentaron.

Un conocedor del plan precisó que aunque el rol de la entidad, encabezada por Patricia Poblete, no es viabilizar o no proyectos, sí es su deber generar una norma o reglamento claro.

“Todo inversionista podrá saber claramente si puede instalarse en una determinada zona de acuerdo a los planes reguladores allí vigentes y que a su vez las direcciones de obras municipales también tengan esta claridad, ya que actualmente en las zonas industriales exclusivas iniciativas como Campiche no tendrían problemas, pero la norma no lo dice claramente”, indicó.

El ejemplo de Metrogas

En el ministerio de Vivienda no olvidan la situación que enfrentaron el año pasado para viabilizar la planta de respaldo de Metrogas en Peñalolén, cuando también debieron efectuar un cambio en la normativa, al establecer que en un área rural, todas las instalaciones que no formaran parte de la red energética, “estarán siempre admitidas y se sujetarán a las disposiciones que establezcan los organismos competentes”.

Ahora, el trámite que llevarán adelante considera modificar la ordenanza o el reglamento de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que el Minvu envía a la Presidenta de la República, quien a su vez lo deriva a la Contraloría.

Mientras el ministerio de Vivienda alista este cambio, tanto Gener como la Seremi de Vivienda trabajan en silencio la fórmula que aplicarán para tramitar una fórmula que permita reanudar la construcción de la central.


Senadores y Gobierno garantizan financiamiento del Transantiago hasta el 2014


Los parlamentarios de la Alianza e independientes señalaron que el ministro de Transportes, René Cortázar acogió la mayoría de las propuestas que elaboraron los equipos técnicos de la Alianza y los senadores Evelyn Matthei, Carlos Cantero, Andrés Allamand y Fernando Flores.

El mejoramiento tanto del sistema de Transantiago, como de la propuesta de un subsidio permanente y el financiamiento del actual déficit hasta el año 2014 son los principales puntos que contiene el acuerdo alcanzado entre los senadores de la Alianza e independientes y el Ejecutivo para destrabar el proyecto que crea un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros y que se encuentra cumpliendo su segundo trámite, en el Senado.

Así lo dieron a conocer los senadores Evelyn Matthei, Carlos Cantero, Andrés Allamand y Fernando Flores, tras meses de negociaciones para alcanzar un consenso en torno a la iniciativa.

En tanto el único punto donde no hubo consenso fue en la posibilidad de transferir la deuda del Administrador Financiero del Transantiago (AFT) con el Banco Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Fisco de Chile.

Cabe recordar que, a fines del año 2008, se constituyó la Comisión de Transportes Ampliada, con el fin de alcanzar un acuerdo sobre un subsidio nacional. En el marco de este debate, el ministro René Cortázar, entregó en marzo pasado una propuesta que fue discutida por los senadores de la Alianza e Independientes, quienes a su vez, presentaron su contrapropuesta en mayo de este año.

La senadora Evelyn Matthei explicó que luego del debate entre los equipos técnicos del Ministerio y de los parlamentarios se lograron detallar y esbozar las principales indicaciones que permitirán mejorar el proyecto original. "Por lo tanto, ahora el Gobierno está en condiciones de presentar las modificaciones consensuadas en la Comisión de Transportes del Senado".

Puntualizó que "la iniciativa la tiene el Ministerio del ramo y ellos verán cuándo ingresarán las indicaciones y si le ponen o no algún tipo de urgencia".

La parlamentaria se mostró conforme con el acuerdo alcanzado y aseguró que "vamos a ver qué opinan los senadores de la Concertación en la instancia especializada".

Acotó que las medidas que fueron acogidas por el Ministerio permitirán poner fin a los múltiples problemas y causados por la puesta en marcha de esta plan que obligó a los chilenos más modestos a destinar más tiempo a movilización, en desmedro de otras actividades.

Por su parte, el Presidente del Senado, Jovino Novoa, aseveró que "si los senadores de la Alianza e independientes lograron un consenso con el Ministerio de Transportes sobre la iniciativa de financiamiento del Transantiago, quiere decir que no hay otra opción".

Agregó que "desgraciadamente el país va a tener que resignarse a perder esos US$1184 millones de déficit que acumula el sistema desde su implementación, en febrero 2007 y hasta julio pasado".

Indicó que "esta era una situación a la cual en algún momento había que ponerle término porque el déficit es enorme y eso deja patente que este es uno de los errores más grandes de la Concertación".

Consultado respecto a la participación del candidato presidencial Sebastián Piñera junto a los senadores en el anuncio del acuerdo sobre Transantiago, el senador Novoa precisó que "los parlamentarios han estado negociando con el Gobierno hace meses y si ellos decidieron dar la conferencia de prensa en conjunto es su prerrogativa".

DETALLE DE LAS MEDIDAS

La propuesta incluye medidas para avanzar en la solución de las deficiencias y la creación de una institucionalidad que contribuya a evitar que, en el futuro, se pongan en marcha sistemas improvisados y deficientes de transporte público.

A su vez, se establece un subsidio permanente para financiar la rebaja tarifaria a los estudiantes. En relación al déficit adicional del Transantiago, se propone su reducción en forma gradual para eliminarlo definitivamente a partir del año 2015.

En ese sentido se plantea la realización de estudios técnicos independientes para evaluar futuros proyectos de transporte en cuanto a su eficiencia técnica e impacto social, de modo de justificar la regulación o su modificación. Estos estudios serán de conocimiento público.

Por otra parte se dispone un procedimiento de consulta pública a las bases de licitación por un período de 45 días, en un proceso abierto y transparente que incluye a los alcaldes, a los expertos y a los propios usuarios del Transantiago.

Se propone también adelantar la construcción de corredores exclusivos, segregados y de horario preferencial. Como consecuencia de ello se espera que a finales del año 2010, habrá construidos 125 km de corredores segregados y al 2011, 166 kms de corredores segregados más. De igual modo, al 2014 se habrán construido 225 km de corredores segregados, y las 155 zonas pagas, hoy provisorias, contarán con infraestructura definitiva y con igual cantidad de estaciones de transferencia.

Asimismo se quiere impulsar la renegociación de los contratos con los operadores para ofrecer a los usuarios una mayor oferta de servicios y una disminución de los transbordos. Se incorporan multas por incumplimiento de frecuencia y regularidad en los servicios, tanto troncales como alimentadores, lo cual disminuirá los tiempos de espera y tiempos de trasbordo.

Se considera un subsidio permanente, para financiar la rebaja tarifaria a los estudiantes, por un monto anual de $ 115.000.000 miles para Santiago y un monto equivalente para regiones. Este permitirá reducir la tarifa de adultos en aproximadamente un 20%. En aquellos casos en no sea posible una reducción en la tarifa adulta, se entregará el monto correspondiente entre los adultos más pobres de la población.

Además del subsidio a los estudiantes, las regiones dispondrán de recursos equivalentes al subsidio transitorio entre los años 2010 y 2014, los que podrán destinar a proyectos que cuenten con evaluación social positiva, para: renovación de los vehículos de transporte público, infraestructura para el transporte público (paraderos, terminales, corredores segregados, etc.) para el transporte en general (mejoras viales, semaforización, y otras inversiones de alta rentabilidad social.

Se invertirá en zonas pagas para reducir los tiempos en que los buses se encuentran parados y se invertirá en los paraderos para nivelar el acceso con la altura de los buses en beneficio de la comodidad y seguridad de los usuarios.