Ferreiro, Alejandro:
¿Qué pasaría si los santiaguinos estuvieran obligados a financiar con su pasaje la totalidad de los costos del Metro, incluyendo construcciones y material rodante? El pasaje duplicaría, al menos, su costo actual, y pocos podrían costearlo. El Metro quedaría subutilizado y buena parte de quienes hoy viajan en él deberían buscar medios de transporte de superficie, incrementando la contaminación y congestión. La ciudad sería insoportable.
Pero no. Desde hace ya muchos años hemos entendido que la rentabilidad social del Metro justifica subsidios estatales. El Estado financia, desde luego, las inversiones en construcciones y equipo rodante. Según los resultados del 2008 de Metro S.A., los ingresos por ventas de pasajes apenas alcanzan para pagar los costos de explotación, administración y ventas. Nada sobró para pagar, siquiera, la deuda financiera.
¿Es esto un escándalo? ¿Tiene sentido hablar de despilfarro millonario, déficit inaceptable o política fracasada? Por cierto que no. Subsidiar el transporte público subterráneo es eficiente y necesario desde la perspectiva social y ambiental. Favorece preferentemente a los sectores de menores recursos y es esencial para combatir la contaminación capitalina.
Llama la atención, entonces, que estas descalificaciones se utilicen cuando se trata de analizar otra forma de subsidio al transporte público: el Transantiago. No se trata de minimizar sus múltiples fallas de diseño y ejecución. Pero ellas no pueden nublar su realidad básica: se trata de un sistema de transporte público que hoy funciona claramente mejor que el sistema previo de micros amarillas, es más seguro y menos contaminante, aunque su operación no se financia con las tarifas cobradas al público. Esa es la fuente principal del déficit, o “despilfarro”, como a muchos les gusta calificarlo. Con el ajuste de recorridos, contratos e infraestructura, el sistema ha mejorado y, probablemente, mejorará aún más a futuro. Pero no dejará de ser deficitario, a menos que se suban los pasajes sensiblemente. Ello sería, al igual que en el caso del Metro, socialmente regresivo, ambientalmente contraproducente y, con razón, políticamente inviable.
Por eso, el subsidio permanente al Transantiago acordado la semana pasada entre gobierno y oposición, que también incluye aportes importantes a los sistemas de transporte públicos de regiones y al pasaje escolar hasta el 2014, es una política razonable y meritoria desde la perspectiva social, ambiental y urbanística. ¿Acaso no es bueno favorecer la movilidad geográfica de trabajadores y estudiantes de menores recursos?; ¿o estimular el uso eficiente de un parque de buses más moderno, amplio y menos contaminante?, ¿o el uso de un medio seguro y electrónico de pago que ha disminuido notablemente la delincuencia en torno a la actividad?
Se equivocaron, por cierto, quienes pensaron que el nuevo sistema, y particularmente por su vulnerabilidad a la evasión, podría financiarse con el precio de los pasajes del sistema antiguo. No hubo magia. Ni era esperable que la hubiera: aspirar a un sistema mejor cuesta más. Pero no es justo, necesario ni conveniente que los más pobres —principales usuarios del sistema— paguen la diferencia de su bolsillo.
El subsidio al transporte público es una realidad en casi toda sociedad desarrollada. Y en Chile habríamos debido llegar a esa conclusión de cualquier manera, tarde o temprano, con Transantiago o sin él. Pero la historia fue una, conocida e innecesariamente traumática. Y si bien ella nos ha obligado a sincerar las cosas, también ha contribuido a contaminar la valoración serena y justa de los sólidos fundamentos que motivan la necesidad de subsidiar.
No nos perdamos. Un subsidio no es despilfarro, ni fracaso, ni ineptitud, en la medida en que los dineros públicos financien la parte del beneficio social de un servicio que no pueden razonablemente pagar sus usuarios directos. Y nadie puede dudar que las externalidades positivas y efectos redistributivos de un buen sistema de transporte público en Santiago y regiones merece subsidiarse.
¿Y cuánto? No lo sabemos, es cierto. No es obvio que el subsidio acordado coincida con el monto que habría surgido de una medición fina y objetiva de la rentabilidad social y capacidad de pago de los usuarios en relación a un sistema de transporte optimizado. Ese cálculo debiera ser, a futuro, tarea de una Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, como la que ha sido contemplada en programas de gobierno anteriores y actuales, pero nunca concretada hasta ahora. Lo que sí sabemos es que no debe sorprender, ni incomodar, que los contribuyentes aporten a financiar el transporte público. ¿No es eso, acaso, lo que hemos hecho por décadas con el Metro?
Fuente: lasegunda.cl
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