Vanguardia Social-comunitaria

Contra el desamparo social del Neoliberalismo

La continuidad de la lucha contra la dictadura es a partir de la década de los 90 la lucha contra el neoliberalismo.

La concertación ha administrado el desamparo social que caracteriza el modelo neoliberal, desamparo social que en la actualidad alcanza niveles catastróficos en daños humanos, morales, sociales, ambientales y materiales. El Estado neoliberal que ha gobernado la concertación, no sólo renuncia a asumir responsabilidades sociales, sino que también se ha esforzado en ignorar y fragmentar la comunidad organizada; con excepción del intento del gobierno del Presidente Camarada Aylwin, frustrado por el tribunal constitucional a petición de la derecha, en recuperar el estatus político y social de las juntas de vecinos en 1992. A esto se agrega algo aún más perverso que el Estado neoliberal no disimula la defensa de los intereses particulares de los más poderosos. Ante este escenario dominante y amenazante, la democracia cristiana no tiene otra alternativa que alzarse como voz y defensora de los más débiles.

No podemos ignorar que los primeros cuatro años de transición fue un proceso de democratización, sin embargo, dicho proceso fue superado por el privilegio de la modernización neoliberal, del autoritarismo neoliberal y hoy en día el mantenimiento del neoliberalismo, tratando de implementarle algunos ajustes sociales y asistenciales. Todo este proceso de justificación del neoliberalismo y de su desamparo social se sustenta en el populismo centrista que sostienen algunos dentro del conglomerado concertacionista. Este populismo centrista consiste en postular la culminación de las transformaciones neoliberales faltantes y que el gobierno militar no fue capaz de generar o bien de legitimar. Los que creen y han basado su actuar político bajo el paradigma del populismo centrista creen que con el desarrollo pleno del mercado se logrará la armonía del consenso social y han instalado en el discurso que la amenaza de los enfrentamientos de clase se ha desplazado para siempre, ignorando las crisis sociales que se cultivan y circulan soterradamente en la sociedad chilena producto del desamparo social.

La democracia cristiana no puede seguir siendo cómplice del actual modelo socioeconómico neoliberal y político de democracia insuficiente, debemos como demócratas cristianos elaborar estratégicamente la corrección del modelo para gradualmente transformarlo en un modelo de compromiso social y comunitario. De compromiso social, porque el Estado debe asumir, de una vez por todas, responsabilidad social en seguridad social, educación, sustentabilidad urbana, generación de energía y explotación de recursos naturales, entre otros. De compromiso comunitario, porque el Estado y el mercado por si solos no son suficientes en la producción de la vida social ni mucho menos de la vida democrática, por lo tanto, es imprescindible implementar en una nueva promoción popular que constituya una comunidad organizada como una verdadera autoridad y poder social jurídicamente organizado, específicamente en lo que respecta a la representación territorial comunitaria a través de las juntas de vecinos y paralelamente la representación funcional comunitaria a través de los consejos económicos y sociales. Ambas organizaciones de representación a partir de las unidades vecinales como unidades mínimas de representación en el territorio de la comuna, reproduciéndose social-administrativamente a través de las comunas, provincias y regiones hasta el nivel nacional.

Para este proyecto, a la democracia cristiana no le es suficiente una alianza política, sino que la complementación de una alianza social representada por las organizaciones comunitarias, sociales, sindicatos y pequeña empresas, en la cual se asuma compartir la elaboración de un proyecto nacional y popular, el cual proponga una vida de valores democráticos sujeta a un nuevo orden constitucional de orientación social-comunitaria.

El reemplazo del Estado neoliberal por un Estado de compromiso social-comunitario no es más que asumir la tarea moral de amparo de los más pobres y débiles del pueblo de Chile y sobretodo de toda la comunidad nacional, cuyas organizaciones sean una instancia de representación verdadera y una columna del bien común.

A partir de esto es necesario afirmar que el más grave error político de la concertación desde la perspectiva del comunitarismo fue y es que los ciudadanos y la civilidad pierden el control para determinar sus vidas ante la amenaza del mercado y la ausencia del Estado, ya que la pérdida de la comunidad es la pérdida de la democracia, o sea, la concertación también ha contribuido, quizás no intencionadamente, pero si de modo real, en un proceso de desdemocratización real de la sociedad chilena.

Este error, más aún que la entrega de los recursos naturales a empresas transnacionales, es el que determina la configuración de una sociedad individualista, muchas veces impotente de luchar por derechos públicos y en consecuencia, por el bien común.

La incapacidad de la sociedad de consagrar un orden constitucional fundado en derechos fundamentales comunitarios, aunque por cierto debido al amarre institucional, tiende a la polarización y desintegración que oculta las crisis sociales, pero que tienden a explotar repentina e impredeciblemente.

El gran desafío, entonces, de la democracia cristiana y por cierto de la concertación como sentido de existencia es la realización de un modelo de compromiso social-comunitario que reemplace gradualmente el modelo neoliberal actual.

El ser histórico del Partido Demócrata Cristiano en América Latina responde a un movimiento de vanguardia social-comunitaria, al anticiparse a las transformaciones y a los procesos sociales, por cuanto no consiste o no es un mero partido de centro y reformista condescendiente con el neoliberalismo, sino que un movimiento, cuyo proyecto político es la construcción de la sociedad comunitaria, trascendiendo las izquierdas y derechas formales y alzando el humanismo por sobre el neoliberalismo.

La incubación de la crítica a los gobiernos de la concertación, a la luz del pensamiento de Jean Jacques Rousseau en su libro: El Contrato Social”, nace de que con razón o sin razón, producto de una supuesta razón de Estado o de un determinado Estado de Derecho, o bien del Estado democrático de transición se ha dispuesto siempre a sacrificar al pueblo y no al gobierno en vez de sacrificar al gobierno y no al pueblo. Esto quiere decir que el cuerpo artificial por el cual los gobiernos de la concertación han actuado pertenece a la obra de la dictadura militar, por lo tanto, los gobiernos de la concertación han tenido una vida prestada y subordinada a la matriz constitucional e institucional heredada y que se expresa en garantizar el Estado neoliberal como modelo socioeconómico y político, sin embargo, no se ha tomado en cuenta que el estar insertos en un cuerpo artificial no impide obrar con más convicción, voluntad política y vigor a favor de una mejor salud social, es decir, si bien los gobiernos de la concertación no pueden independizarse absolutamente del cuerpo artificial que heredaron, podrían perfectamente separarse según el modo de organización establecido. En esta línea, la concertación y sus partidos miembros debemos entender que el “mejor gobierno convirtiese en el más vicioso si sus relaciones no se modifican de acuerdo con los defectos del cuerpo político al cual pertenece” (Rousseau, El Contrato Social). Ello corresponde entender que en una legislación perfecta, la voluntad individual debe ser nula, la voluntad del propio gobierno subordinada y por consiguiente, la voluntad general o soberana, siempre dominante y norma única de todas las demás (Rousseau, El Contrato Social).

De este modo, nada es tan peligroso como la influencia de los intereses privados en los negocios públicos (Rousseau, El Contrato Social).

La débil defensa de los derechos públicos, tanto por parte del Estado, del gobierno como de los mismos ciudadanos, presenta un régimen más que realmente democrático, aristocrático u oligárquico, porque hay dos personas morales, la del gobierno y la del pueblo (el soberano), por lo tanto, dos voluntades generales, o sea, una con relación a todos los ciudadanos y otra con relación a los miembros de la administración, reduciendo todo a la mera elección de los miembros, pero en donde los ciudadanos como colectivo o comunidad no constituyen un soberano con verdadera autoridad. Así, la administración de los negocios públicos está confiada a algunos en la cumbre de la pirámide, pero con una base social inactiva y cuya débil organización no tiene capacidad de representarse ni territorial ni funcionalmente hacia arriba.

En consecuencia, la consolidación de un proceso gradual de transformación del modelo neoliberal a un modelo de compromiso social y comunitario nos debe alertar que la ausencia de participación real es aún una gran deuda de la concertación para reconocer al soberano y así aspirar a ser una sociedad profundamente democrática.

Aporte de: Gonzalo Wielandt