En defensa del V Congreso

No entiendo por qué el V Congreso debería dar especial cuenta del denominado «proceso rectificador». El V Congreso, como cualquier congreso del PDC, en sí mismo entraña la expectativa de un cambio que lo abarca todo. Esto, por una razón elemental: el congreso es la máxima instancia de deliberación y de decisión política de la Democracia Cristiana. El Congreso es soberano y, en consecuencia, puede resolver desde impulsar un proyecto de ley, pasando por sancionar el programa de gobierno del Partido, hasta introducirle enmiendas a su declaración de principios.

Por lo tanto, de semejante debate se puede esperar el juicio de la colectividad sobre la gestión del senador Adolfo Zaldívar, tanto como el examen de las transformaciones sociológicas del electorado, así como de su adhesión concreta a las opciones ofrecidas por el Partido. Y, con igual lógica, y algo sobre lo que tengo la más plena convicción, el V Congreso debería diseñar el Programa de Gobierno del Bicentenario y, por cierto, perfilar los liderazgos que habrán de conducir al Partido en dicha etapa. Soy conciente de que esta idea despierta sospechas. Hay quienes sostienen que es prematuro, porque oscurece los logros y desafíos de un gobierno que, como el de Michelle Bachelet, recién se inicia. Otros plantean que es improcedente confundir los planos. Que una cosa es el debate ideológico y otra muy distinta la discusión política. Que un asunto es el proyecto del Partido y otra la lucha municipal, parlamentaria o presidencial.

No comparto esos argumentos. Creo que esta estricta separación de niveles sólo consigue inhibir la revisión «post vía no capitalista de desarrollo» de la teoría y práctica de la Democracia Cristiana. ¿Qué resultados arroja en los hechos este método? Que no se puede discutir el modelo económico, porque los temas prioritarios son los valóricos. Que no se pueden discutir los valores, porque los problemas son políticos. Que no se pueden discutir los temas políticos, porque las urgencias son programáticas. Y así, hasta configurar el círculo vicioso del ningún debate sobre ningún asunto. Lo último que he escuchado es que no se pueden realizar las elecciones territoriales, porque contaminan el proceso de deliberación al anteponer los intereses de poder por sobre los de la sana reflexión.

La Democracia Cristiana es un partido político; lo suyo es el poder político. Es un partido en estado de congreso; todos dialogan sobre todo. Es un partido que organiza el consenso; donde el método que organiza la deliberación lúcida y explícita, es el que hace la diferencia.

En consecuencia, no veo riesgo alguno en que la más variada gama de centros académicos, incluso no partidarios, recojan los más diversos aportes y los traduzcan en nociones susceptibles de ser votadas. No veo riesgo alguno en que ideas livianas, plagadas de perogrulladas, entren en el cotejo racional de propuestas. No veo riesgo alguno en que emerja de este proceso la futura candidatura presidencial de la Democracia Cristiana. No veo riesgo alguno en que caduquen encostradas y agotadas estructuras internas, si en su reemplazo surgen nuevos y vigorosos modos de participación.

Hoy por hoy -casi cuatro décadas después de aquella intensa y, por ello, decisiva junta nacional de 1967 que, como ninguna, fijó un punto de inflexión en el Partido- nadie gana un congreso porque escribe la pauta de conversación. Nadie impone un programa por ser dueño de una ONG. Y nadie domina las comunicaciones por controlar un blog. En la era de Internet, el poder se produce y distribuye de maneras algo más complejas.

Donde sí veo un riesgo potencial es en el difícil funcionamiento de la Comisión Organizadora del Congreso, constituída y mandatada por la Mesa Nacional y el Consejo para resolver dudas como las formuladas por el abogado David Herrera. Donde sí veo riesgo es en la ausencia parcial o total de varios de sus miembros, precisamente cuando hay que zanjar esos problemas metodológicos. Donde sí veo riesgo es en cierta incapacidad para sentar en sillas que permanecen virtualmente vacías, a quienes quieren, pueden y deben aportar.

Por Rodolfo Fortunatti.

"¿Qué estás pidiendo David?"

Tendremos oportunidad en este congreso y en muchas más ocasiones de anticiparnos a la historia aportándole juicio, realismo y, sobretodo, propuesta, sin necesidad de ser columnistas del mercurio, la segunda ni el financiero, con la máxima incomprensión y, acaso, tildados de ignorantes.

Concurre calidamente Yerko, esté en la que esté, con su “DC de raíces claramente progresistas” y más rato, complementándolo, el Wielandt con su “entre vanguardia y centro”, para referir que algunos, al menos, no consideramos el neo-conservadurismo ni el neo-socialismo en nuestras raíces ni en nuestra acción.

No soy quien, ni nadie lo es, para descalificar el pensamiento ajeno, pero sostengo que el PDC -que quiero- debe ser un instrumento de liberación, pujante de los cambios necesarios para la equidad y acérrimo promotor-defensor de la virtud de los seres humanos.

Contextualizado, acudimos a una ética pobre, donde el axiologismo modernista lo permisa todo con una sagaz eufemística. Así, relega la cosa moral al plano de la controversia valórica para que conservadores y social-demócratas se den un festín con la democracia en el mundo, mientras no se toque la providencia científica de la economía, mientras los DC en Chile no encontramos como calzarle.

No es fácil alternarle a este escenario de pináculo individualista, donde todo, absolutamente todo, es capital, dirigido como flecha al momento en que “facture el sol”.

Mas, la cuestión no es entre Estado y Mercado, sino que al segundo concurrimos todos con más ventajas o menos, mientras el primero es, a la vez, un agente y un paciente que interviene mucho o poco, según sea el poder avaro de los codiciosos de todos los tiempos.

Aquí veo el asunto a resolver, pues vivimos tiempos de altísima concentración de la propiedad, al punto -casi irreversible- de estar condicionando el accionar político.

Esta realidad impide sostener la promoción del “Bien Común” como meta personal, pues está fuera de las reglas del juego. Aquí, se constriñe toda la inteligencia, pues del esfuerzo de todos, sólo unos pocos sacan provecho. En consecuencia, los todos no ven reflejados sus aspiraciones e intereses en el Estado ni en nada que se le parezca y, a falta de oportunidad, predomina el “sálvese como pueda”

Claro que conservadores y social-demócratas, unidos al fin, se mantienen avalando la presión reformista microeconómica, que están exigiendo los concentradores, donde incluso terminarán imponiendo su idea de que el gasto social sea definido y ejecutado por ellos mismos, haciendo que parezca innecesaria la tributación. Ni hablar de la seguridad en el empleo, y la competitividad de sus empleados mayores (la PYME).

El Estado del PDC –que quiero- debiera ejercer todos los mecanismos para garantizar la competencia y, el principal de ellos debiera ser invertir directa e indirectamente, generando empleo y activando a la PYME, en la producción de bienes y servicios que la oligarquía domina en la actualidad, es decir, el Estado también debe ser empresario, para garantizar que no se siga consolidando el ofertismo totalitarista, que nos fija los precios y salarios a su antojo.

Entonces, más allá de lo profundo o no, del congreso en marcha, hay una inteligencia colectiva, que está pujando por lo mismo de siempre, aquello que nos pueda acercar un poco más a la divinidad; la trascendencia del hombre de la que hablaba el humanismo integral, lo que ha de desconstruirse para volver a “tomar el hilo del hombre y seguir por sus laberintos”, en aras de la libertad, de una comunidad de hombres plenos. Etc.

Alejandro Salas

DC y sus relaciones internacionales

Los partidos políticos con pretensiones de trascendencia tienen un elemento de tradicional importancia en sus relaciones internacionales y en su capacidad de aparecer como parte de un movimiento que desborda las fronteras locales.

Ello explica el legítimo esfuerzo de la Democracia Cristiana chilena para ser parte y, cada cierto tiempo, conducir el agrupamiento de partidos y movimientos que dicen reconocerse bajo la óptica humanista cristiana en Latinoamérica y el mundo.

Desafortunadamente, en especial en el caso de nuestro continente, la mayor parte de quienes integran esta tendencia son organizaciones marcadamente conservadoras para las que constituirse en acérrimos adversarios de los movimientos socialdemócratas o de izquierda es parte esencial de su identidad y vocación. Casi no existen experiencias como la chilena, con una DC de raíces claramente progresistas y formando parte hace varios lustros de una coalición de centro izquierda. Eso mismo es lo que la hace un fenómeno de difícil comprensión y de fácil crítica por parte de otros integrantes de ese movimiento con pretensiones de influencia internacional.

La evidente necesidad de mantener una identidad propia y sostener conceptos progresistas dentro de ese difícil contexto, hace más incomprensibles e insólitas recientes actuaciones de algunas figuras de la DC en el plano de las relaciones internacionales.

Ha sido preocupante, en ese sentido y también porque afecta criterios naturales en una coalición construida en torno al apoyo a cada Presidente de Chile que nos ha representado, la actitud de algunos de nuestros dirigentes en relación al voto de Chile en la elección del nuevo miembro representante de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Alentadas por recientes y desafortunadas actuaciones del propio presidente Chávez y de su ex embajador en Santiago, favorecidas también por algunas destempladas defensas desde el ámbito socialista, las declaraciones han ido subiendo de tono hasta generar un cuadro político preocupante, que culmina , no obstante haberse resuelto el tema de un modo bastante más razonable por la propia DC, con el anuncio de Gútenberg Martínez sobre “un antes y un después” del país, la Concertación y el partido si la decisión de la Presidenta Bachelet es distinta a la que él espera, afirmación que, irónicamente y como las de los demás que han intervenido en uno u otro sentido en esta materia, va precedida del expreso reconocimiento de que tal decisión es una atribución privativa de la mandataria.

No parece sensato plantear que ese tipo de definiciones, que como todas las de esa naturaleza pocos efectos prácticos tendrán sobre nuestra realidad, se constituyan en dilemas que amenacen poner en cuestión definiciones y alianzas políticas que se generaron desde lo más profundo de las esperanzas de los chilenos de recuperar la democracia y que expresan las enormes expectativas de nuestro pueblo de avanzar por un camino de mayorías hacia el desarrollo y la justicia social. Más bien se espera que si alguna vez ello ocurre sea por discrepancias serias y relativas a los modos de llevar adelante tales expectativas.

No parece responsable tampoco, incurriendo paradójicamente en aquello que por décadas se criticó a los partidos comunistas, llevar las cosas hacia mayores niveles de tensión política local en nombre de unas consideraciones partidarias en el plano internacional que, por respetables que les parezcan a algunos, no pueden condicionar de ese modo las definiciones políticas nacionales de la DC.

Lo que corresponde es tomarnos en serio el hecho de que la decisión final corresponde, como parte del manejo de las relaciones internacionales del país, a la Presidenta de la República y asumir que cualquiera de las alternativas existentes es legítima y tiene fundamentos y que ella decidirá lo que parezca mejor para Chile, recibiendo nuestro apoyo cualquiera sea su determinación. Por lo demás y sin ir más lejos, por eso y para eso la elegimos.

Yerko Ljubetic es abogado y ex ministro del Trabajo

Fuente: El Mostrador

TEMAS PARA UNA AGENDA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.

SEGURIDAD CIUDADANA , FAMILIA, POBREZA E INSTITUCIONALIDAD PUBLICA

Durante estos meses hemos asistido a un debate en torno a la seguridad ciudadana centrada fundamentalmente en dos áreas: primero, en la institucionalidad directamente a cargo del tema – Ministerio del Interior- y el mandato constitucional aprobado en la reforma realizada durante el año 2005 que establece el traspaso de las policías cuando se cree el nuevo ministerio; y segundo, en iniciativas legislativas tendientes a perfeccionar aspectos asociados básicamente a la represión del delito. A lo anterior debe agregarse el presupuesto 2007 y el anuncio de nuevos recursos para los programas de prevención, con motivo del reciente envío al Parlamento.

Sobre lo expuesto deseo hacer las siguientes reflexiones:

1.- Con el cambio del Ministro del Interior y su elocuente expresión “la creación del Ministerio de Seguridad Pública no es un dogma” ha quedado en evidencia que el proyecto de ley, de acuerdo a su larga experiencia entró en fase de revisión. No es difícil concluir que ello se debe a los serios reparos que deben surgir del hecho que el Ministerio del Interior pierda su competencia sobre la seguridad pública, además de la doble dependencia en que quedan las policías- de acuerdo con el proyecto de ley- bajo el supuesto dudoso que en la práctica la seguridad pública y el orden público se pueden separar, permaneciendo éste último bajo la competencia del Ministerio del Interior. Doctrinariamente no hay dudas de ser materias distintas, pero que en los hechos sus fronteras desaparecen. Me imagino un partido de alto riesgo o una marcha en la que se cometan delitos. En efecto, la marcha de la cual salió una bomba molotov hacia la Moneda evidencia lo señalado.

2.- Efectivamente no es un dogma la creación de un “nuevo” ministerio de seguridad pública pero existe un mandato constitucional cuyo cumplimiento se encuentra pendiente. ¿Cómo se compatibilizan ambos aspectos? Hace varios meses señalé en un sitio web que habían básicamente tres alternativas para cumplir con el referido mandato: a) Crear un nuevo ministerio de seguridad pública, o reformular uno existente bajo las siguientes derivadas: b) Ministerio del Interior y de Seguridad pública, y c) Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública. Dichas alternativas, a mi juicio, cumplen con lo que ordena la Constitución, con la finalidad de la norma. La segunda y la tercera genera la necesidad de la creación de una subsecretaria que exclusivamente se dedique al tema. Efectivamente no es un dogma la alternativa a), expresada en el proyecto del ejecutivo, pero se encuentra pendiente el cumplimiento del mandato constitucional y por algún lado hay que avanzar. Me imagino que se está trabajando arduamente en ello.

3.- Me alegra la asignación de nuevos recursos para prevención en materia de seguridad ciudadana. Sí me gustaría conocer la evaluación de los programas ejecutados hasta la fecha por una entidad experta independiente. Me imagino que ese trabajo se está haciendo, entendiendo que los resultados son difíciles de obtener en el corto plazo, pero ello no es obstçaculo para contar pronto con un instrumento que permita en forma abierta discutir y perfeccionar su pertinencia y perfeccionamientos, para bien del país.

4. La seguridad pública continúa bajo el amparo del Ministerio del Interior, independientemente de las excelentes cualidades que puedan tener quienes hoy ejercen las funciones, es pertinente preguntarse si es posible mantener en el tiempo una alta eficiencia concentrando funciones tales como jefatura política, orden público, seguridad pública, migración o extranjería, desarrollo regional, coordinación de intendentes y gobernadores, etc.

5. Difícil será resolver estos temas bajo la actual administración; no sólo porque no existen “dogmas” sino que alternativas que deben ponderarse en sus ventajas y desventajas, sin descartar ninguna, en un debate que debe darse no sólo al interior de una comisión sino que con mayor participación ciudadana . A ello se debe sumar que es sincero reconocer cuan difícil debe ser para una autoridad desprenderse de la competencia sobre determinada función o materia, sin perjuicio de sus legítimas convicciones acerca de lo que cree que es mejor para el país. En tal caso, no le bajemos el perfil a la discusión y que derechamente se difiera su entrada en vigencia a contar de la próxima administración.

6. Lo anterior nos lleva a colocar como temas de debate al menos tres cuestiones adicionales para tratar de abordar durante la actual administración y no postergar indefinidamente para las administraciones siguientes:

A) La primera tiene que ver con el rol político del Ministerio del Interior, ya que como Jefe de Gabinete ejerce la coordinación de los Ministerios; a su vez el Ministerio Secretaria General de la Presidencia le corresponde llevar la relación con el Congreso, lo que finalmente tiene que ver con la tramitación de los proyectos de ley de cada una de las sçecretarias de Estado. Ello indudablemente conduce a algún grado de superposición de competencias porque en cada proyecto hay una dimensión técnica pero también una política, lo que más de un roce debe provocar en el ejercicio de esta función “bisagra” entre el Congreso y los ministerios, más allá de las capacidades políticas y profesionales e inteligencia emocional de las personas que ejercen los cargos.
B) La segunda tiene que ver con las causas profundas del fenómeno delictual, sobre las cuales ya se ha reflexionado una y otra vez: falta de oportunidades, educación deficiente, violencia intrafamiliar o derechamente ausencia de un núcleo familiar que entregue cariño, afecto, pero que sea capaz de establecer límites y responsabilidades al mismo tiempo.

Volviendo a la institucionalidad pública creo que el desafío no es seguir generando nuevas instituciones sino que especialmente reformular las existentes. Creo que SERNAM cumplió con éxito una primera etapa: hizo de los temas de género una prioridad logrando que las políticas de otros ministerios asumieran esta dimensión en un trabajo transversal. Pero también ha abordado el tema de la familia, pero éste no es sólo un tema de género y por ello creo que debe estudiarse la pertinencia de transformar el SERNAM en un Ministerio de la Familia al cual se agreguen tambien el INJUV y EL Servicio del Adulto Mayor; el primero actualmente bajo la esfera de MIDEPLAN y el segundo bajo la esfera de SEGPRES, porque los problemas de los abuelos abandonados o jóvenes en riesgo social tiene su fuente en una misma matriz: deficiencias o ausencia de una familia.
C) La última reflexión tiene que ver con el rol de MIDEPLAN en la superación de la pobreza, la creación de nuevas oportunidades para quienes por estar en tal condición se les asocia muchas veces injustamente al fenómeno delictual, en circunstancias que son las principales víctimas. Sobre ello sólo una reflexión planteada a modo de pregunta para continuar el debate. ¿Tiene hoy MIDEPLAN las competencias necesarias para coordinar las políticas sociales referidas a la superación de la pobreza que se desarrollan a través de diferentes programas ejecutados por distintos ministerios? ¿ No será posible tener bajo un mismo paraguas institucional las políticas de desarrollo regional con las políticas sociales focalizadas en la superación de la pobreza?. Lo anterior a propósito de la crisis de identidad que se genera cada cierto tiempo respecto de la existencia y rol de dicho ministerio y las demandas que cada cierto tiempo plantean expertos en el tema para avanzar más rápido en acortar la brecha demasiado extensa entre ricos y pobres y un rol más activo del Estado para ello, distinto al rol redistributivo vía impuestos.

Lo anterior, también como reflexión acerca de una agenda que no sólo plantea más recursos para las políticas y programas sociales sino que también se pregunta acerca de un Estado más transparente, eficiente y eficaz en su ejecución. No se plantean dogmas, sólo alternativas y preguntas que serán respondidas en la medida que la reflexión esté inspirada más por las necesidades del país y que por los intereses políticos de las coaliciones, partidos, sensibilidades intra partidos o personales, por muy legítimas que sean.

Por Juan Carlos Palma Torres