(Adolfo Zaldivar Larrain, Mesa Redonda Diario Estrategia)
Nos convoca el diario Estrategia para debatir cómo fortalecer las políticas públicas para lograr un crecimiento alto y sostenido, algo diametralmente opuesto a lo que nos ha ocurrido desde la denominada crisis asiática.
En primer término deseo precisar que teniendo un gran respeto por lo que representa éste diario, sus lectores y los economistas en general, hablaré desde mi condición de político, ya que estoy convencido que son éstos los llamados a conducir y definir aquellas materias que deben antes que nada buscar el bien común de la sociedad.
No comparto la visión aristotélica de rechazo al interés por la creación de riqueza ni la visión decimonónica de la iglesia antigua de Graciano que afirmaba que el comerciante no puede agradar a Dios o sólo lo hace difícilmente.
Yo comparto la concepción sobre el hombre dedicado a la generación de bienes y servicios de Juan Pablo II. El nos dijo que el Estado debe crear: “Las condiciones favorables para el libre ejercicio de la actividad económica, encauzada hacia una oferta abundante de oportunidades de trabajo y de fuentes de riqueza”. Pero también nos advierte que debemos defender a los débiles poniendo límites a la autonomía de las partes y buscando políticas públicas que “aseguren un crecimiento equilibrado y la condición de pleno empleo”.
He formulado este preámbulo porque más que referirme a las políticas públicas que nos permitirían crecer alto y regularmente deseo aprovechar, este selecto auditorio, para decir que el problema no es tal o cual política, pública, sino la visión ideológica-económica que se ha impuesto en nuestra sociedad y que debemos cambiar. Lo que he denominado la corrección del modelo.
América Latina, en general, vivió después de la gran depresión de 1930 una política económica de sustitución de importaciones que se financiaba, principalmente con la exportación de materias primas, y que buscó dar cuenta de la nueva realidad socio económica del continente, con fuertes contingentes de obreros y campesinos demandando mejores salarios y condiciones de vida. Modelo que hizo crisis prácticamente en todo el continente y que se radicalizó al máximo al confrontarse con el modelo socialista marxista.
En Chile la experiencia terminó en 1973 con un rotundo fracaso y con una crisis política y social que marcó la vida de varias generaciones y que debiéramos ya ser capaces de superar pues aún condiciona, entre otras cosas, las medidas que debiéramos adoptar para darnos un modelo de desarrollo más dinámico, integrador, socialmente aceptado y políticamente validado por todas las partes.
El intento de imponer un modelo estatista marxista trajo consigo que, depuesta la Unidad Popular, se impusiera un modelo de mercado en extremo liberal, de aquellos que afirman que la economía escapa a la acción humana, con una visión mecanicista de ésta al punto que reivindican la mano invisible de Smith como guía del mercado.
Esa concepción y su aplicación trajeron consigo, al igual que en la primera fase de la revolución industrial, progreso y dinamismo económico, pero también, en los primeros años, muchas penurias, desempleo y miseria. Allí se sientan las bases de un progreso que destaca al país a nivel internacional y que permite la creación de una élite social y económica – a esta altura transversal políticamente hablando- a costa de nuestra clase media y que genera una gran desigualdad.
El modelo en sus inicios obedeció a una realidad política, social y económica y funcionó. Quienes lo implementaron hicieron su tarea y digámoslo también con claridad tuvieron las condiciones para imponerlo.
Tanto funcionó que la Concertación cuando se hace cargo del Estado lo mantiene en su esencia, buscando aliviar a los sectores más pobres del país y en eso avanzamos significativamente, pero siguieron rezagados los sectores medios. No hubo una preocupación especial por ellos, especialmente la pequeña y mediana empresa, los profesionales independientes y las mujeres jefes de hogar.
En algún minuto, después de 1990, hablamos de pasar a una segunda fase exportadora, sin embargo no se pasó de la palabra a la acción y más bien hubo un adormecimiento producto de las exitosas cifras macroeconómicas y del efecto que produjo en cuerpos y espíritus el estar acogidos en el cálido vientre del Estado.
El terremoto vino, en 1998, con la crisis asiática y fundamentalmente por la forma como la encaró el Banco Central, desde ahí en adelante las cosas para la pequeña y mediana empresa ha sido insostenible por las desmesuradas tasas de interés. Este sector está prácticamente fuera del proceso económico.
Son más de 600 mil empresarios que representan del orden del 90 por ciento del empleo, a los cuales en el hecho se les niega el acceso al crédito, están entregados a su suerte.
Los hemos lanzado a la arena del mercado sin armas, famélicos y con las manos atadas. Deben combatir con otros grandes, fuertes y bien armados. El resultado es evidente son y serán exterminados.
Si se rebelan e intentan ganarse la vida fuera del sistema, no cumpliendo con las leyes que fija el sistema, la autoridad se encargará de ellos, los perseguirá y los crucificará. Así de simple.
Quiero se claro y directo: Esto más que una insensatez es una estupidez de imprevisibles consecuencias.
Nuestra autoridad económica apuesta al crecimiento del país basado en las grandes empresas, en las exportaciones, en la minería, especialmente el cobre. Estos sectores responden bien pero eso no basta, no es suficiente. El país necesita de todas sus fuerzas productivas. Por cierto las grandes empresas pero también a las pequeñas, especialmente si queremos crear más y mejores empleos.
La suma de ambas partes nos debiera permitir volver a crecer al 7 por ciento o incluso mas, pero sobre todo hacerlo en paz social y estabilidad política.
La evidencia de lo anterior se refleja en cifras conocidas por ustedes:
Entre 1985 y 1997, la economía chilena creció en 7,6% anual; en tanto entre 1999 y 2003 lo hizo al 2,5%.
Entre 1998 y 2006, lo habrá hecho en 3,7% anual, con un alcance no menor. Si a eso se le restan los recursos extras generados por el cobre en este periodo, el crecimiento sería sólo del orden del 2%. Como para llorar a gritos.
Según la encuesta Casen, los ingresos de los hogares de los primeros cuatro quintiles, en moneda de igual poder adquisitivo, crecieron entre 1990 y 1998 en 48%. Entre el 98 y 2003 lo hicieron en 5%.
La tasa media anual en el primer caso fue de 6% anual; en el segundo, en 1%.
Antes del 2000, la pequeña y mediana empresa representaba el 34% de las colocaciones bancarias, hoy suman menos de la mitad.
Antes eran el 24% de la economía, hoy se empinan apenas por sobre el 15%.
¿Cuánto ganan ahora y cuánto ganaban antes los que trabajan para este sector, cuánto un profesional liberal, si es que encuentra trabajo?
Y no nos olvidemos de los 600 mil cesantes, que no disminuyen ni por asomo.
Si a esas magras cifras le agregamos la tozudez y soberbia de la autoridad económica que descalifica a veinte reconocidos economistas que opinan sobre la cosa pública, y que no se toma la molestia de acusar recibo de una carta que le envían doce diputados, pidiéndole medidas concretas en beneficio de sectores muy afectados por el estado de la economía; parece que estamos frente a un problema mayor que encontrar tal o cual política pública.
Permítanme enunciar algunas ideas básicas del cambio a realizar, que es la mejor forma de rescatar lo mejor del modelo y darle plena legitimidad social y política.
Si queremos establecer una verdadera economía social de mercado debemos exigir competencia y transparencia. Esta debe ser complementada por una política social que considere al hombre no sólo funcionalmente como productor y consumidor sino también en su existencia personal.
La autoridad tiene que apostar al crecimiento, a crear más mercado, más competencia, en definitiva crear un círculo virtuoso de desarrollo. Sólo el crecimiento sostenido provocará nuevas fuentes de desarrollo.
No debiera haber temor del gobierno a invertir pues si eso ocurre debiera incrementarse la productividad que es una buena barrera para la inflación.
Tomar ese riesgo es más propio de una economía social de mercado que limitarse a colocar los dineros del cobre debajo del colchón de bancos extranjeros.
En materia de buscar el pleno empleo y crear condiciones para un crecimiento sostenido el Estado, sí el Estado, debe asumir a través de sus instituciones, con decisión política, la creación de condiciones que permitan el desarrollo, facilitación y fortalecimiento de miles de micro, pequeños y medianos empresarios en todo orden de actividades.
Con la misma creatividad y voluntad que se ha tenido para abrir los mercados externos a las grandes empresas y facilitarles su desarrollo, debe el Estado incentivar y proteger un mercado interno a los miles de emprendedores que deben ser una de las bases fundamentales de la generación de empleo y del desarrollo económico.
Si esto no se entiende, no sólo no habrá crecimiento sino que, profundizaremos la crisis al punto de exponer al país a una convulsión social. de imprevisibles consecuencias.
Este nuevo orden para la pequeña y mediana empresa debiera ser un verdadero tratado de libre comercio interno.
Entre otras medidas debe establecerse que estas empresas paguen impuesto a la renta sólo sobre utilidades retiradas; darles una legislación laboral adaptable a su realidad, lo mismo en materia de regulaciones sanitarias y ambientales.
Facilitar su instalación y evitar que la burocracia caiga sobre ellos con controles y disposiciones la mayor de las veces absurdos.
La carga tributaria de la clase media debe revisarse y aliviarse. Otorgarle créditos impositivos de acuerdo al número de hijos, la escolaridad de éstos y por dividendos de la primera vivienda.
En cuanto a la actual deuda tributaria del sector entrego un dato relevante:
En Chile hay 350 mil deudores tributarios, de los cuales 280 mil deben, por concepto de capital, menos de 5 millones de pesos.
Ahora bien, con las medidas recientes de Hacienda, al respecto, sólo han sido acogidos 20 mil deudores. ¿Qué sentido tiene seguir con tales criterios?
Hay que condonar a todo el sector y toda su deuda.
Además hay que crear las condiciones para que puedan reprogramar la deuda bancaria y provisional. Y sin ningún complejo destinar líneas crediticias para que puedan desarrollarse. Estamos en condiciones de hacerlo.
Al mismo tiempo generar las condiciones para que tengan espacios dentro de la actividad económica nacional, creando y abriendo nichos donde puedan desenvolverse.
Otra base esencial en el proceso de corrección es comprender que Chile tiene en la minería su gran ventaja comparativa, y donde se generan los grandes ingresos que el Estado requiere para cumplir su rol subsidiario en la búsqueda del bien común.
Debemos estar conscientes que la minería parece acercarse a su límite en la concepción actual de su explotación. Es en ella, más que en cualquier otra actividad, donde debemos impulsar pasar a una segunda fase productiva, que a lo menos signifique fundir y refinar en Chile nuestros minerales. A ello debemos desafiar tanto al sector público como privado.
Esa sola medida generará una cadena productiva en bienes y servicios nacionales que dinamizará en el acto el desarrollo y generará un cambio profundo en la economía nacional.
El otro problema que requiere de una urgente corrección es la alta concentración económica que ahoga a los pequeños y medianos empresarios.
Esa alta concentración conlleva una grave falta de competencia, que a su vez genera una creciente desigualdad por falta de empleos y un cada vez más reducido mercado interno.
Para graficar los índices de concentración que exhibe hoy la economía nacional deseo subrayar algunas cifras:
El quintil más rico capta el 64 % del ingreso nacional.
El quintil más pobre recibe el 2,7 % de ese mismo ingreso.
El 80% del crédito bancario es usado por el 1,4% de quienes operan en el sistema financiero.
El 87% de las ventas efectuadas en el país se concentran en el 3% de las empresas.
Amigas y amigos, en 1990 había en Chile mil 620 farmacias independientes. Hoy sobreviven 500.
En 1997 existían en el país 5 mil ferreterías. A la fecha 3 mil han desaparecido.
Hace una década en el mercado de los alimentos, abarrotes y bebidas, que cobijaban a miles de pequeños y medianos comerciantes, había dos grandes cadenas de supermercados que captaban el 33 por ciento. Hoy esas mismas cadenas tienen el 66 por ciento del mercado.
Señoras y señores al terminar, y ante esto que nos ha ocurrido, no debo ni puedo esquivar el bulto.
La responsabilidad de la Concertación en esta materia es ineludible y no podemos responsabilizar sólo a los tecnócratas y quienes los han respaldado para que esto se consolide, también es de los políticos que la apoyamos, de los que a lo menos la toleramos y los que guardamos silencio.
Santiago, Octubre 17 de 2006.-
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