Debemos garantizar el derecho de los pasajeros a contar con un transporte público de calidad, seguro y cómodo

Se cumplió el primer mes de funcionamiento del Transantiago, iniciativa que está en el centro de la agenda mediática debido a las enormes dificultades que ha debido enfrentar en este breve período. Ello motivó a que un grupo de senadores de la Alianza por Chile pidiera una sesión especial del Senado para analizar la aplicación de este proyecto, la que contó con la participación del Ministro de Transportes, Sergio Espejo.

Para nadie es un misterio que el anterior sistema de transporte público de la capital adolecía de serias deficiencias: exceso de microbuses en horario “de no punta” que transitaban semi vacíos; recorridos mal diseñados y peor coordinados; vehículos en un estado deplorable y altamente contaminantes, tanto desde el punto de vista atmosférico como acústico; y empresarios conflictivos y dados a prácticas poco transparentes que nunca gozaron de la confianza de la ciudadanía ni de las autoridades. En suma, se trataba de un servicio de mala calidad y todos coincidían en que debía sufrir drásticas transformaciones.

La respuesta a ello fue el Transantiago, plan que busca establecer una modalidad de transporte integrado, moderno, más económico y que contribuya a descontaminar la ciudad. Sin embargo, resulta evidente que pese a los esfuerzos desplegados, aún prevalecen serias deficiencias en su implementación que diariamente provocan un serio trastorno social. Entre ellos podemos destacar la falta de buses, la poca frecuencia de servicios en las horas punta y en la noche, la carencia de recorridos en sectores periféricos, las aglomeraciones en algunos paraderos de micros y en determinadas estaciones del Metro.

Ante este panorama resulta absolutamente comprensible la molestia de los usuarios, pues -si bien las dificultades que pueden presentar toda transformación radical como el Transantiago no tienen soluciones teóricas simples- muchas de ellas debieron ser previstas en el momento en que esta iniciativa se comenzó a diseñar, proceso que sufrió una serie de modificaciones y postergaciones que pusieron en duda su credibilidad antes que partiera.

Pero tampoco es justo endosar toda la responsabilidad a las autoridades anteriores o actuales. A los contratiempos ya conocidos también ha contribuido de manera significativa la deficiente gestión de varias de las empresas involucradas en el proyecto, las que han sido incapaces de cumplir sus obligaciones. Recordemos que para poner en marcha el Transantiago se realizaron licitaciones públicas, y quienes participaron y ganaron adquirieron compromisos contractuales a los que han faltado reiteradamente.

Me refiero específicamente a las compañías operadoras y al Administrador Financiero. Desde el primer día resultó evidente que las primeras no cumplieron con la cantidad de buses que debían poner en funciones para sus respectivos horarios, así como tampoco con las frecuencias establecidas para la noche. Incluso, hubo empresas que a sólo horas de debutar el nuevo sistema aún no lograban acuerdos salariales con sus trabajadores.

Por su parte, la modalidad de cobro establecido por el Administrador Financiero tuvo un errático estreno, mientras que las empresas tecnológicas tampoco entregaron los softwares que son fundamentales para fijar, determinar y controlar la periodicidad de circulación de las micros y para saber donde éstos se encuentran en cada momento.

Aclaradas las fallas de origen, ahora sólo cabe solucionar a la brevedad los inconvenientes. Basta de críticas destructivas que no conducen a nada. El interés superior de los santiaguinos nos demanda enfocarnos en garantizar el derecho de los pasajeros del transporte público a contar con un servicio de calidad que los lleve en forma segura, cómoda y en un tiempo razonable a sus lugares de destino.

El Transantiago no tiene marcha atrás y precisamente los anuncios de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, confirman el carácter definitivo e irreversible de este plan. Es de esperar que sean implementados en los plazos previstos, mientras que las que son materia de ley se deberán legislar con prontitud. A ello hay que agregar la necesaria aclaración respecto a las dudas que se han instalado en los usuarios acerca del financiamiento del sistema y el futuro de las tarifas, cuyo monto tarde o temprano deberá ser sincerado, así como también la posibilidad de establecer subsidios.

No obstante lo anterior, creo que es muy importante que abramos el debate a los efectos sociales que está generando el Transantiago. Y en esto quiero ser muy claro: no podemos aceptar que los costos financieros y humanos del nuevo sistema lo paguen los más pobres. Todos sabemos que el explosivo e improvisado desarrollo urbano de la capital y los planes de vivienda social han empujado a los más desposeídos a vivir en la periferia y son precisamente ellos los que más demandan el transporte público. Por lo tanto, son también ellos quienes deben levantarse más temprano para tomar una micro, los que más caminan para llegar a un paradero, los que deben hacer más trasbordos y los que más demoran en llegar a su destino, que muchas veces es en el otro extremo de la ciudad. Lo vivido en estos días demuestra que no se evaluaron adecuadamente las consecuencias humanas y sociales del proyecto, privilegiándose los criterios técnicos. Es hora de enmendar.

No ha sido fácil este primer mes y seguramente tomará más tiempo alcanzar la plena normalidad. Sin perjuicio de ello, hoy la tarea es hacer todos los ajustes que se requieren para resguardar la plena satisfacción de los pilares de esta iniciativa: la calidad del servicio, el costo para los usuarios y el tiempo de los desplazamientos.

Por Eduardo Frei-Ruiz Tagle, Presidente del Senado