SEGURIDAD CIUDADANA , FAMILIA, POBREZA E INSTITUCIONALIDAD PUBLICA
Durante estos meses hemos asistido a un debate en torno a la seguridad ciudadana centrada fundamentalmente en dos áreas: primero, en la institucionalidad directamente a cargo del tema – Ministerio del Interior- y el mandato constitucional aprobado en la reforma realizada durante el año 2005 que establece el traspaso de las policías cuando se cree el nuevo ministerio; y segundo, en iniciativas legislativas tendientes a perfeccionar aspectos asociados básicamente a la represión del delito. A lo anterior debe agregarse el presupuesto 2007 y el anuncio de nuevos recursos para los programas de prevención, con motivo del reciente envío al Parlamento.
Sobre lo expuesto deseo hacer las siguientes reflexiones:
1.- Con el cambio del Ministro del Interior y su elocuente expresión “la creación del Ministerio de Seguridad Pública no es un dogma” ha quedado en evidencia que el proyecto de ley, de acuerdo a su larga experiencia entró en fase de revisión. No es difícil concluir que ello se debe a los serios reparos que deben surgir del hecho que el Ministerio del Interior pierda su competencia sobre la seguridad pública, además de la doble dependencia en que quedan las policías- de acuerdo con el proyecto de ley- bajo el supuesto dudoso que en la práctica la seguridad pública y el orden público se pueden separar, permaneciendo éste último bajo la competencia del Ministerio del Interior. Doctrinariamente no hay dudas de ser materias distintas, pero que en los hechos sus fronteras desaparecen. Me imagino un partido de alto riesgo o una marcha en la que se cometan delitos. En efecto, la marcha de la cual salió una bomba molotov hacia la Moneda evidencia lo señalado.
2.- Efectivamente no es un dogma la creación de un “nuevo” ministerio de seguridad pública pero existe un mandato constitucional cuyo cumplimiento se encuentra pendiente. ¿Cómo se compatibilizan ambos aspectos? Hace varios meses señalé en un sitio web que habían básicamente tres alternativas para cumplir con el referido mandato: a) Crear un nuevo ministerio de seguridad pública, o reformular uno existente bajo las siguientes derivadas: b) Ministerio del Interior y de Seguridad pública, y c) Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública. Dichas alternativas, a mi juicio, cumplen con lo que ordena la Constitución, con la finalidad de la norma. La segunda y la tercera genera la necesidad de la creación de una subsecretaria que exclusivamente se dedique al tema. Efectivamente no es un dogma la alternativa a), expresada en el proyecto del ejecutivo, pero se encuentra pendiente el cumplimiento del mandato constitucional y por algún lado hay que avanzar. Me imagino que se está trabajando arduamente en ello.
3.- Me alegra la asignación de nuevos recursos para prevención en materia de seguridad ciudadana. Sí me gustaría conocer la evaluación de los programas ejecutados hasta la fecha por una entidad experta independiente. Me imagino que ese trabajo se está haciendo, entendiendo que los resultados son difíciles de obtener en el corto plazo, pero ello no es obstçaculo para contar pronto con un instrumento que permita en forma abierta discutir y perfeccionar su pertinencia y perfeccionamientos, para bien del país.
4. La seguridad pública continúa bajo el amparo del Ministerio del Interior, independientemente de las excelentes cualidades que puedan tener quienes hoy ejercen las funciones, es pertinente preguntarse si es posible mantener en el tiempo una alta eficiencia concentrando funciones tales como jefatura política, orden público, seguridad pública, migración o extranjería, desarrollo regional, coordinación de intendentes y gobernadores, etc.
5. Difícil será resolver estos temas bajo la actual administración; no sólo porque no existen “dogmas” sino que alternativas que deben ponderarse en sus ventajas y desventajas, sin descartar ninguna, en un debate que debe darse no sólo al interior de una comisión sino que con mayor participación ciudadana . A ello se debe sumar que es sincero reconocer cuan difícil debe ser para una autoridad desprenderse de la competencia sobre determinada función o materia, sin perjuicio de sus legítimas convicciones acerca de lo que cree que es mejor para el país. En tal caso, no le bajemos el perfil a la discusión y que derechamente se difiera su entrada en vigencia a contar de la próxima administración.
6. Lo anterior nos lleva a colocar como temas de debate al menos tres cuestiones adicionales para tratar de abordar durante la actual administración y no postergar indefinidamente para las administraciones siguientes:
A) La primera tiene que ver con el rol político del Ministerio del Interior, ya que como Jefe de Gabinete ejerce la coordinación de los Ministerios; a su vez el Ministerio Secretaria General de la Presidencia le corresponde llevar la relación con el Congreso, lo que finalmente tiene que ver con la tramitación de los proyectos de ley de cada una de las sçecretarias de Estado. Ello indudablemente conduce a algún grado de superposición de competencias porque en cada proyecto hay una dimensión técnica pero también una política, lo que más de un roce debe provocar en el ejercicio de esta función “bisagra” entre el Congreso y los ministerios, más allá de las capacidades políticas y profesionales e inteligencia emocional de las personas que ejercen los cargos.
B) La segunda tiene que ver con las causas profundas del fenómeno delictual, sobre las cuales ya se ha reflexionado una y otra vez: falta de oportunidades, educación deficiente, violencia intrafamiliar o derechamente ausencia de un núcleo familiar que entregue cariño, afecto, pero que sea capaz de establecer límites y responsabilidades al mismo tiempo.
Volviendo a la institucionalidad pública creo que el desafío no es seguir generando nuevas instituciones sino que especialmente reformular las existentes. Creo que SERNAM cumplió con éxito una primera etapa: hizo de los temas de género una prioridad logrando que las políticas de otros ministerios asumieran esta dimensión en un trabajo transversal. Pero también ha abordado el tema de la familia, pero éste no es sólo un tema de género y por ello creo que debe estudiarse la pertinencia de transformar el SERNAM en un Ministerio de la Familia al cual se agreguen tambien el INJUV y EL Servicio del Adulto Mayor; el primero actualmente bajo la esfera de MIDEPLAN y el segundo bajo la esfera de SEGPRES, porque los problemas de los abuelos abandonados o jóvenes en riesgo social tiene su fuente en una misma matriz: deficiencias o ausencia de una familia.
C) La última reflexión tiene que ver con el rol de MIDEPLAN en la superación de la pobreza, la creación de nuevas oportunidades para quienes por estar en tal condición se les asocia muchas veces injustamente al fenómeno delictual, en circunstancias que son las principales víctimas. Sobre ello sólo una reflexión planteada a modo de pregunta para continuar el debate. ¿Tiene hoy MIDEPLAN las competencias necesarias para coordinar las políticas sociales referidas a la superación de la pobreza que se desarrollan a través de diferentes programas ejecutados por distintos ministerios? ¿ No será posible tener bajo un mismo paraguas institucional las políticas de desarrollo regional con las políticas sociales focalizadas en la superación de la pobreza?. Lo anterior a propósito de la crisis de identidad que se genera cada cierto tiempo respecto de la existencia y rol de dicho ministerio y las demandas que cada cierto tiempo plantean expertos en el tema para avanzar más rápido en acortar la brecha demasiado extensa entre ricos y pobres y un rol más activo del Estado para ello, distinto al rol redistributivo vía impuestos.
Lo anterior, también como reflexión acerca de una agenda que no sólo plantea más recursos para las políticas y programas sociales sino que también se pregunta acerca de un Estado más transparente, eficiente y eficaz en su ejecución. No se plantean dogmas, sólo alternativas y preguntas que serán respondidas en la medida que la reflexión esté inspirada más por las necesidades del país y que por los intereses políticos de las coaliciones, partidos, sensibilidades intra partidos o personales, por muy legítimas que sean.
Sobre lo expuesto deseo hacer las siguientes reflexiones:
1.- Con el cambio del Ministro del Interior y su elocuente expresión “la creación del Ministerio de Seguridad Pública no es un dogma” ha quedado en evidencia que el proyecto de ley, de acuerdo a su larga experiencia entró en fase de revisión. No es difícil concluir que ello se debe a los serios reparos que deben surgir del hecho que el Ministerio del Interior pierda su competencia sobre la seguridad pública, además de la doble dependencia en que quedan las policías- de acuerdo con el proyecto de ley- bajo el supuesto dudoso que en la práctica la seguridad pública y el orden público se pueden separar, permaneciendo éste último bajo la competencia del Ministerio del Interior. Doctrinariamente no hay dudas de ser materias distintas, pero que en los hechos sus fronteras desaparecen. Me imagino un partido de alto riesgo o una marcha en la que se cometan delitos. En efecto, la marcha de la cual salió una bomba molotov hacia la Moneda evidencia lo señalado.
2.- Efectivamente no es un dogma la creación de un “nuevo” ministerio de seguridad pública pero existe un mandato constitucional cuyo cumplimiento se encuentra pendiente. ¿Cómo se compatibilizan ambos aspectos? Hace varios meses señalé en un sitio web que habían básicamente tres alternativas para cumplir con el referido mandato: a) Crear un nuevo ministerio de seguridad pública, o reformular uno existente bajo las siguientes derivadas: b) Ministerio del Interior y de Seguridad pública, y c) Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública. Dichas alternativas, a mi juicio, cumplen con lo que ordena la Constitución, con la finalidad de la norma. La segunda y la tercera genera la necesidad de la creación de una subsecretaria que exclusivamente se dedique al tema. Efectivamente no es un dogma la alternativa a), expresada en el proyecto del ejecutivo, pero se encuentra pendiente el cumplimiento del mandato constitucional y por algún lado hay que avanzar. Me imagino que se está trabajando arduamente en ello.
3.- Me alegra la asignación de nuevos recursos para prevención en materia de seguridad ciudadana. Sí me gustaría conocer la evaluación de los programas ejecutados hasta la fecha por una entidad experta independiente. Me imagino que ese trabajo se está haciendo, entendiendo que los resultados son difíciles de obtener en el corto plazo, pero ello no es obstçaculo para contar pronto con un instrumento que permita en forma abierta discutir y perfeccionar su pertinencia y perfeccionamientos, para bien del país.
4. La seguridad pública continúa bajo el amparo del Ministerio del Interior, independientemente de las excelentes cualidades que puedan tener quienes hoy ejercen las funciones, es pertinente preguntarse si es posible mantener en el tiempo una alta eficiencia concentrando funciones tales como jefatura política, orden público, seguridad pública, migración o extranjería, desarrollo regional, coordinación de intendentes y gobernadores, etc.
5. Difícil será resolver estos temas bajo la actual administración; no sólo porque no existen “dogmas” sino que alternativas que deben ponderarse en sus ventajas y desventajas, sin descartar ninguna, en un debate que debe darse no sólo al interior de una comisión sino que con mayor participación ciudadana . A ello se debe sumar que es sincero reconocer cuan difícil debe ser para una autoridad desprenderse de la competencia sobre determinada función o materia, sin perjuicio de sus legítimas convicciones acerca de lo que cree que es mejor para el país. En tal caso, no le bajemos el perfil a la discusión y que derechamente se difiera su entrada en vigencia a contar de la próxima administración.
6. Lo anterior nos lleva a colocar como temas de debate al menos tres cuestiones adicionales para tratar de abordar durante la actual administración y no postergar indefinidamente para las administraciones siguientes:
A) La primera tiene que ver con el rol político del Ministerio del Interior, ya que como Jefe de Gabinete ejerce la coordinación de los Ministerios; a su vez el Ministerio Secretaria General de la Presidencia le corresponde llevar la relación con el Congreso, lo que finalmente tiene que ver con la tramitación de los proyectos de ley de cada una de las sçecretarias de Estado. Ello indudablemente conduce a algún grado de superposición de competencias porque en cada proyecto hay una dimensión técnica pero también una política, lo que más de un roce debe provocar en el ejercicio de esta función “bisagra” entre el Congreso y los ministerios, más allá de las capacidades políticas y profesionales e inteligencia emocional de las personas que ejercen los cargos.
B) La segunda tiene que ver con las causas profundas del fenómeno delictual, sobre las cuales ya se ha reflexionado una y otra vez: falta de oportunidades, educación deficiente, violencia intrafamiliar o derechamente ausencia de un núcleo familiar que entregue cariño, afecto, pero que sea capaz de establecer límites y responsabilidades al mismo tiempo.
Volviendo a la institucionalidad pública creo que el desafío no es seguir generando nuevas instituciones sino que especialmente reformular las existentes. Creo que SERNAM cumplió con éxito una primera etapa: hizo de los temas de género una prioridad logrando que las políticas de otros ministerios asumieran esta dimensión en un trabajo transversal. Pero también ha abordado el tema de la familia, pero éste no es sólo un tema de género y por ello creo que debe estudiarse la pertinencia de transformar el SERNAM en un Ministerio de la Familia al cual se agreguen tambien el INJUV y EL Servicio del Adulto Mayor; el primero actualmente bajo la esfera de MIDEPLAN y el segundo bajo la esfera de SEGPRES, porque los problemas de los abuelos abandonados o jóvenes en riesgo social tiene su fuente en una misma matriz: deficiencias o ausencia de una familia.
C) La última reflexión tiene que ver con el rol de MIDEPLAN en la superación de la pobreza, la creación de nuevas oportunidades para quienes por estar en tal condición se les asocia muchas veces injustamente al fenómeno delictual, en circunstancias que son las principales víctimas. Sobre ello sólo una reflexión planteada a modo de pregunta para continuar el debate. ¿Tiene hoy MIDEPLAN las competencias necesarias para coordinar las políticas sociales referidas a la superación de la pobreza que se desarrollan a través de diferentes programas ejecutados por distintos ministerios? ¿ No será posible tener bajo un mismo paraguas institucional las políticas de desarrollo regional con las políticas sociales focalizadas en la superación de la pobreza?. Lo anterior a propósito de la crisis de identidad que se genera cada cierto tiempo respecto de la existencia y rol de dicho ministerio y las demandas que cada cierto tiempo plantean expertos en el tema para avanzar más rápido en acortar la brecha demasiado extensa entre ricos y pobres y un rol más activo del Estado para ello, distinto al rol redistributivo vía impuestos.
Lo anterior, también como reflexión acerca de una agenda que no sólo plantea más recursos para las políticas y programas sociales sino que también se pregunta acerca de un Estado más transparente, eficiente y eficaz en su ejecución. No se plantean dogmas, sólo alternativas y preguntas que serán respondidas en la medida que la reflexión esté inspirada más por las necesidades del país y que por los intereses políticos de las coaliciones, partidos, sensibilidades intra partidos o personales, por muy legítimas que sean.
Por Juan Carlos Palma Torres
2 comentarios:
Juan Carlos, encuentro excelente que empecemos a plantearnos el tema de la delincuencia y la seguridad pública como un tema nuestro, arrebatándoselo a Espina en particular y a la derecha en general.
Sólo quisiera aportar a lo mencionado que es necesario enfocarse al tema de la droga, no sólo desde una perspectiva del delito del tráfico o las consecuencias del consumo, sino en en su sentido social. En dos formas
a) Desintegrador de la familia
b) Asociado al delito, por cuanto, en su pobreza, los drogadictos de los sectores populares recurren al delito y se encuentran en la parte más baja de la cadena, y por ende en la más débil.
Creo que acá un discurso verdaderamente vanguardista cristiano debería enfocarse a un programa que combine los esfuerzos del Estado, de las iglesias y de las organizaciones sociales, con el fin de entrar en el área chica del tema.
Pienso que la resolución de conflicto comunitario, basada en las ideas del Capital Social Comunitario podrían ayudarnos a entrar en el "voto a voto" del tema.
Eduardo Reyes S
solo un agregado, recursos para rehabilitación y reirserción social.
saludos
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